Ley N° 6524/20.QUE DECLARA ESTADO DE EMERGENCIA EN TODO EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY ANTE LA PANDEMIA DECLARADA POR LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD A CAUSA DEL COVID-19 O CORONAVIRUS Y SE ESTABLECEN MEDIDAS ADMINISTRATIVAS, FISCALES Y FINANCIERAS 

El Congreso de la Nación Paraguaya sanciona con fuerza de Ley

Artículo 1º.- Declárase estado de emergencia en todo el territorio de la República del Paraguay, por el presente Ejercicio Fiscal, ante la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud a causa del COVID-19 o Coronavirus.

Capítulo I
De los ingresos y gastos del Presupuesto General de la Nación

Artículo 2º.- Autorízase al Poder Ejecutivo a implementar por el presente Ejercicio Fiscal medidas excepcionales de carácter presupuestario, fiscal y administrativo, de protección del empleo y de política económica y financiera, a fin de mitigar o disminuir las consecuencias de la pandemia del COVID-19 o Coronavirus, fortalecer el sistema de salud, proteger el empleo y evitar el corte de la cadena de pagos. El Poder Ejecutivo podrá disponer la aplicación de plazos diferenciados para las medidas dispuestas en la esta Ley, dentro del presente ejercido fiscal.

Sección I
De las medidas presupuestarias y administrativas

Artículo 3º.- Facúltase al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, a realizar modificaciones en el presupuesto de los Organismos y Entidades del Estado (OEE), aprobados por la Ley N° 6469/2020 “Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020”, independientemente a la fuente de financiamiento, con el objeto de redireccionar créditos presupuestarios necesarios para financiar el presupuesto de las entidades directamente afectadas a la atención de la emergencia sanitaria declarada, dentro de los montos globales aprobados por la Ley N° 6469/2020 “Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020”, garantizando el cumplimiento mínimo de los objetivos y metas previstos por los Organismos y Entidades del Estado (OEE) para el presente Ejercicio Fiscal.

Son entidades directamente afectadas a la atención de la emergencia sanitaria las siguientes:

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

Secretaría de Emergencia Nacional, Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social y Secretaría Nacional Anticorrupción.

Ministerio de Desarrollo Social (Tekoporá).

Ministerio de Defensa Nacional.

Ministerio del Interior.

Ministerio de Hacienda.

Ministerio de Justicia.

Ministerio de Agricultura y Ganadería.

Instituto de Previsión Social (IPS).

Hospital de Clínicas - FCM (UNA).

Sanidad Policial.

Sanidad Militar.

Instituto Paraguayo del Indígena (INDI).

Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (SENASA).

Administración Nacional de Electricidad (ANDE).

Petróleos Paraguayos (PETROPAR).

El Poder Ejecutivo podrá determinar otras instituciones afectadas en el marco de lo dispuesto en el Artículo 2º de la presente Ley.

Dispóngase que en carácter de excepción a lo establecido en el Artículo 20 de la Ley N° 6469/2020 “Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020”, se podrán incrementar Objetos de Gastos del Grupo 100 “Servicios Personales” con créditos de otras partidas de gastos corrientes, exclusivamente para las entidades afectadas, con excepción de los Objetos de Gasto (OG) 111, 112, 113, 161 y 162, que deberán ser autorizados por Ley.

Asimismo, se podrán reasignar gastos de capital a gastos corrientes, en carácter de excepción a los Artículos 24 y 40 de la Ley N° 1535/1999 “De administración financiera del estado”.

Artículo 4º.- Establécense las siguientes medidas de racionalización de gastos para el proceso de ejecución del Presupuesto General de la Nación del Ejercicio Fiscal 2020, que regirá para todos los Organismos y Entidades del Estado (OEE), independientemente a las fuentes de financiamiento:

a) Prohíbanse los llamados y las adjudicaciones de provisión de servicios de catering, con excepción de las previstas en el Decreto Nº 3264/2020 y de la Justicia Electoral para las elecciones municipales.

b) Prohíbase la adquisición de equipos de transporte, con excepción de los equipos de transporte terrestre no automotores, ambulancias y otros vehículos utilizados para los servicios de salud, de seguridad nacional, fuerzas públicas y los requeridos para situaciones de emergencia nacional.

c) Reasignar las partidas presupuestarias conforme a lo que disponga el Poder Ejecutivo, en carácter de excepción a las disposiciones de la Ley N° 6469/2020 “Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2020”.

d) Suspéndase por el presente Ejercicio Fiscal, la implementación del Programa de Retiro Voluntario de los funcionarios públicos de la carrera civil.

e) Suspéndase temporalmente la liquidación y el pago de subsidios familiares en concepto de subsidio o subvenciones por casamiento, ayuda vacacional y ayuda alimenticia para todos los Organismos y Entidades del Estado (OEE). Quedan exceptuados el personal de blanco, personal policial, personal militar y guardiacarceles.

f) Suspéndase temporalmente el aumento salarial previsto en el Artículo 249 de la Ley N° 6469/2020 “Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2020”, para lo cual podrán realizarse las adecuaciones presupuestarias necesarias por Decreto.

g) Facúltese al Poder Ejecutivo a diferir o suspender pagos de cualquier otra índole a los efectos de obtener recursos para hacer frente a los diversos gastos generados en torno de la pandemia declarada.

La numeración que antecede es meramente enunciativa y el Poder Ejecutivo podrá determinar otras medidas de racionalización que considere necesarias para el redireccionamiento de gastos al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

Las restricciones establecidas previamente podrán ser revisadas posteriormente en caso que la situación económica lo permita, por el Congreso de la Nación, a pedido del Poder Ejecutivo.

Artículo 5º.- Autorízase el pago de una gratificación especial, en carácter de excepción, al personal de salud afectado directamente a la atención de la pandemia, que no podrá ser superior a tres salarios mínimos. De acuerdo a las condiciones financieras del Estado, podrá otorgarse una segunda gratificación de hasta dos salarios mínimos.

Artículo 6°.- Autorízase al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, al Instituto de Previsión Social (IPS), al Hospital de Clínicas, Hospital Militar y de Policía y al Ministerio de Justicia, a realizar las contrataciones temporales del personal que consideren necesarios ante la pandemia, bajo el régimen de excepción, por el plazo de 6 (seis) meses, prorrogables al cierre del Ejercicio Fiscal, con autorización del Equipo Económico Nacional.

Asimismo, se autoriza a las citadas Entidades, en el marco de lo dispuesto en la Ley N° 3989/2010 “Que modifica el inciso f) del Artículo 16 y el Artículo 143 de la Ley N° 1626/2000 “de la Función Pública”, a realizar la contratación de personal de blanco, jubilados o que han pasado a retiro, exceptuando para tal efecto del cumplimiento del Artículo 251 de la Ley de Organización Administrativa.

Las contrataciones realizadas en el marco de lo dispuesto en el presente artículo estarán exceptuadas de los procedimientos de concurso.

Artículo 7º.- Establécese que el Poder Ejecutivo podrá diferir el pago a las Empresas Públicas, realizado por los Organismos y Entidades del Estado (OEE) con la Fuente de Financiamiento 10 “Recursos del Tesoro”, los cuales serán refinanciadas hasta en 18 (dieciocho) cuotas sin recargos ni intereses, en carácter de excepción a lo establecido en el Artículo 108 Inciso a) de la Ley N° 6469/2020 “Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2020”.

A tal efecto se autoriza al Consejo Nacional de Empresas Públicas a establecer los procedimientos necesarios para dar cumplimiento a esta normativa.

Artículo 8º.- En atención a las medidas de contingencia establecidas en la presente Ley que inciden sobre el cumplimiento de las metas de actividades e indicadores de desempeño, así como en los resultados establecidos en el marco del Presupuesto por Resultados, se autoriza a los Organismos y Entidades del Estado (OEE) a realizar los ajustes pertinentes en las cuantificaciones de metas físicas y/o período de cumplimiento de resultados del presente Ejercicio Fiscal y su adecuación al período 2020 - 2022.

Artículo 9º.- Déjase sin efecto lo dispuesto en el Artículo 21 de la Ley N° 6469/2020 “Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2020”, por el plazo de vigencia de esta Ley, en relación a los Objetos de Gasto 122, 131 y al Subgrupo 210, financiados con Recursos del Tesoro. Asimismo, autorízase la reprogramación de los créditos previstos en el Subgrupo 350 para ser destinados al Fondo de Emergencia Sanitaria a ser creado, garantizando la provisión de los demás programas de salud.

Artículo 10.- Dispóngase que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas adopte medidas administrativas, simplificadas y expeditivas de contratación por vía de las excepciones a la Ley N° 2051/2003 “De Contrataciones Públicas” para bienes y servicios del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, del Instituto de Previsión Social (IPS), del Hospital de Clínicas y de las demás instituciones públicas afectadas directamente a la presente emergencia.

Artículo 11.- Autorízase al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, la adquisición de bienes, contratación de servicios y construcción de obras públicas, mediante un procedimiento de compra directa simplificada con criterios de eficiencia y transparencia, incluyendo aquellos de proveedores internacionales sin domicilio en el país, en carácter de excepción a la Ley N° 2051/2003 “De Contrataciones Públicas”. Los recursos para estas adquisiciones provendrán del “Fondo de Emergencia Sanitaria” y serán utilizados en el marco de la emergencia sanitaria declarada.

Al tal efecto, dispóngase la creación del “Fondo de Emergencia Sanitaria”, en el Organismo Financiador 817, que estará constituido por una parte de los recursos previstos en esta Ley y por los previstos en el Presupuesto del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social que podrán ser re programados así como por las donaciones que se reciban y que será imputado y ejecutado dentro del Grupo 800 “Transferencias”.

Los procedimientos necesarios para la inclusión de los recursos del Fondo dentro del Presupuesto General de la Nación y su transferencia, serán establecidos en la reglamentación a ser emitida por el Poder Ejecutivo.

El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social deberá emitir una resolución que disponga el procedimiento a seguir. Las contrataciones realizadas bajo este régimen particular, deberán ser publicadas dentro de los 10 (diez) días hábiles posteriores a la formalización del contrato.

Artículo 12.- Autorízase al Equipo Económico Nacional a constituir unidades de compra ad-hoc que colaboren con las Entidades Públicas prestadoras de salud para agilizar los procesos de adquisición de bienes o insumos necesarios para la atención de la emergencia declarada como consecuencia de la pandemia a consecuencia del COVID-19 o Coronavirus.

Capítulo II
De las medidas de protección al empleo y mitigación financiera
Sección I

Artículo 13.- A los efectos de ser beneficiarios de las acciones establecidas en la presente Ley, el Ministerio de Hacienda iniciará un proceso sumario de inscripción y de actualización de las de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) al registro de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) en coordinación con el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), el Instituto de Previsión Social (IPS) y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), por sectores o rubros económicos, con el fin de avanzar con el proceso de formalización respectivo.

Artículo 14.- Autorízase ai Poder Ejecutivo a disponer la prórroga de las fechas de vencimientos de presentación de las declaraciones juradas y pagos, total o parcialmente, de aquellos impuestos que liquiden en el régimen establecido en la Ley N° 6.380/2019 “De Modernización y Simplificación del Sistema Tributario Nacional”, correspondiente a los períodos fiscales o ejercicio fiscal iniciado el 1 de enero de 2020, así como de las obligaciones correspondientes al Ejercicio Fiscal 2019 aún pendientes de liquidación.

La presente disposición no será aplicable en lo referido a las obligaciones tributarias relacionadas a los agentes de retención o percepción en lo concerniente al ingreso en plazo de las retenciones y percepciones efectuadas.

Artículo 15.- Suspéndase durante la vigencia de la declaración de emergencia el ingreso de nuevas solicitudes de devolución de créditos fiscales, así como la resolución de aquellas que se encuentren en trámite, salvo que estas últimas sean del régimen acelerado.

Artículo 16.- Excepcionalmente para el presente ejercicio, a fin de considerar los puntos a) y b) contemplados en el Artículo 1079 del Código Civil, la asamblea ordinaria será convocada dentro de los 6 (seis) primeros meses del cierre del ejercicio. Independientemente a la fecha de realización de la asamblea ordinaria, los contribuyentes afectados tendrán plazo hasta el 31 de agosto del presente año para informar y realizar la correspondiente retención del Impuesto a los Dividendos y las Utilidades (IDU) en el sistema informático de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET).

Artículo 17.- El pago de las facturas por los servicios básicos correspondientes a los meses de marzo, abril y mayo serán de la siguiente manera:

a) Los usuarios de energía eléctrica con un consumo mensual de 0 a 500 kwh mensual serán exonerados en un 100% (cien por ciento). Los usuarios de energía eléctrica con un consumo superior a 500 kwh mensual podrán ser diferidas temporalmente. Este plazo podrá ser prorrogado de acuerdo a las condiciones económicas y a la posibilidad de financiamiento.

b) Las de la ESSAP SA., Aguateras Privadas, Juntas de Saneamiento, Comisiones de Saneamiento, podrán ser diferidas temporalmente y/o tener un descuento de hasta el 100% (cien por ciento) para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) y sectores vulnerables. Este plazo podrá ser prorrogado de acuerdo a las condiciones económicas y a la posibilidad de finandamiento.

c) Las de COPACO SA. podrán ser diferidas temporalmente. Este plazo podrá ser prorrogado de acuerdo a las condiciones económicas y a la posibilidad de financiamiento.

Las obligaciones impagas resultantes de esta medida temporal podrán ser financiadas hasta en 18 (dieciocho) cuotas sin recargos ni intereses.

El Consejo Nacional de Empresas Públicas establecerá las categorías de usuarios y fajas de consumo que estarán sujetos al presente artículo, previa aprobación del Equipo Económico Nacional, incluyendo preferentemente a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) y sectores vulnerables.

Artículo 18.- El Poder Ejecutivo podrá disponer del 20% (veinte por ciento) de las utilidades netas no capitalizadas del Banco Nacional de Fomento (BNF), que resulten del Ejercicio 2019, para la constitución de un fideicomiso, con el fin de apoyar a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES), el cual será administrado por la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), en carácter de Fiduciaria, al amparo de su Ley de creación y su modificatoria.

Los mismos se regirán por las regías que se fijen en el contrato fiduciario, las normas de derecho privado, la Ley N° 921/1996 “De Negocios Fiduciarios” y no estarán sujetos a las disposiciones de la Ley N° 1535/1999 “De Administración Financiera del Estado” y sus modificatorias, ni al alcance del impuesto a la Renta Personal, debiendo sus recursos ser destinados exclusivamente a los fines establecidos en esta normativa.

Adicionalmente, el Fideicomiso constituido podrá ser incrementado por otros recursos provenientes de Préstamos internacionales, donaciones, asignaciones de recursos realizadas por el Ministerio de Hacienda u otras fuentes debidamente autorizadas en el marco legal vigente.

Sin perjuicio de lo establecido en los contratos respectivos, las entidades reguladas por la Superintendencia de Bancos, el Instituto Nacional de Cooperativismo y otras que el Poder Ejecutivo determine en la reglamentación podrán participar de los esquemas de fideicomiso.

Autorízase al Poder Ejecutivo a extender los alcances de las medidas de contingencia contempladas en la presente Ley a favor de otras empresas que sin ser necesariamente Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES), puedan requerir las mismas debido a la situación de emergencia por la que atraviesa el país.

Artículo 19.- Autorízase al Poder Ejecutivo a establecer los lincamientos generales que regirán a las medidas de mitigación de los efectos económicos adversos de la crisis desatada por el COVID-19 o Coronavirus, los que serán contemplados al momento de la constitución del Fideicomiso encomendado por el artículo precedente.

Artículo 20.- Durante la vigencia de esta Ley, siempre que la naturaleza de la relación laboral existente lo permita, se establece el régimen jurídico del teletrabajo en relación de dependencia para el sector privado y en el sector público de conformidad a la reglamentación de cada Organismo o Entidad del Estado. Se entiende por teletrabajo, a los efectos de la presente Ley, al trabajo en relación de dependencia, que consiste en el desempeño de actividades o trabajos realizados a distancia en forma total o parcial, mediante el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en virtud a una relación de trabajo que permita su ejecución a distancia, sin requerirse la presencia física del trabajador en un sitio específico de trabajo.

Artículo 21.- Los Organismos y Entidades del Estado (OEE) deberán informar al Ministerio de Tecnología de la Información y Comunicación (MITIC), en un plazo no mayor a 15 (quince) días desde la promulgación de la presente Ley, los trámites y servicios que puedan verse afectados con la pandemia, indicando aquellos que requieren mayor atención en beneficio de la ciudadanía, a fin de establecer las condiciones y los procedimientos para suplirlos, a través de la implementación y utilización de medios digitales.

Lo establecido en el presente artículo se aplicará en el marco de las reservas legales establecidas en leyes especiales.

Sección II

Artículo 22.- Autorízase al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, a implementar medidas para salvaguardar los ingresos de los trabajadores en situación de informalidad.

A tal efecto, el Poder Ejecutivo deberá otorgar un subsidio del 25% (veinticinco por ciento) del Salario Mínimo Legal Vigente. Este beneficio podrá ser otorgado hasta dos veces por el mismo monto, y será abonado a ios beneficiarios a través de entidades de pago sujeto a disponibilidad.

Este beneficio deberá otorgarse a trabajadores por cuenta propia o dependientes de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES), que cuenten con 18 (dieciocho) años de edad o más, que no coticen a la seguridad social, no sean funcionarios o contratados de ningún Organismo o Entidad del Estado o de Entidades Binacionales, no sean jubilados o pensionados de alguna de las Entidades de Jubilaciones y Pensiones públicas o privadas y no sean beneficiarios de algún programa de asistencia social del Estado, como Tekoporá o el Programa de Pensión Alimentaria para Adultos Mayores en Situación de Pobreza; estén registrados o no como contribuyentes en la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), excepto aquellos que sean contribuyentes del impuesto a la Renta Personal.

El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda en forma coordinada con el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) y el Instituto de Previsión Social (IPS), establecerá la reglamentación correspondiente, la cual deberá contemplar el mecanismo de registro y las condiciones adicionales requeridas para el acceso al presente subsidio.

Se dispone que todos los Organismos y Entidades del Estado (OEE), incluyendo las Entidades Públicas de Jubilaciones y Pensiones, colaboren con la provisión de información que se requiera para el efecto.

Artículo 23.- Para el cumplimiento de lo contemplado en el artículo precedente, créase el Fondo Social, que será administrado por el Ministerio de Hacienda.

Autorízase al Poder Ejecutivo, a realizar un aporte total de hasta el monto de G. 1.914.600.000.000 (Guaraníes un billón novecientos catorce mil seiscientos millones) o su equivalente en US$ 300.000.000 (Dólares americanos trescientos millones), para la constitución del referido Fondo Social, cuya funcionalidad y condiciones será reglamentada por el Poder Ejecutivo.

Asimismo, se faculta a programar, dentro del Ministerio de Hacienda, los créditos presupuestarios necesarios y su transferencia, de conformidad a lo establecido en la presente Ley.

Artículo 24.- Autorízase al Ministerio de Hacienda la habilitación de cuentas en entidades bancarias, financieras, o de billeteras electrónicas, en cualquiera de las instituciones o en Entidades de Medio de Pago Electrónicos (EMPE’s) para la realización del pago de los subsidios correspondientes a los beneficiarios.

En cuanto a los pagos de jubilaciones y pensiones administrados por la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones del Ministerio de Hacienda, deberán asimismo incorporarse al sistema financiero.

Sección III

Artículo 25.- Establécese que en el marco de lo dispuesto en el Artículo 17, las Empresas Públicas podrán solicitar al Banco Nacional de Fomento (BNF) o al Tesoro Público líneas de créditos con el objetivo de financiar requerimientos temporales producto de la disminución de sus ingresos, como consecuencia del estado de emergencia declarada.

Artículo 26.- Autorízase el aumento de Capital integrado del Crédito Agrícola de Habilitación, conforme a la Ley N° 5361/2014 “De Reforma de la Carta Orgánica del Crédito Agrícola de Habilitación”, por un monto total de G. 120.000.000.000 (Guaraníes ciento veinte mil millones).

El Poder Ejecutivo, a través de la reglamentación, establecerá los procedimientos para la previsión de los créditos presupuestarios necesarios para dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente artículo.

Artículo 27.- Autorízase al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda a realizar un aporte de capital a la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), por el monto total de G. 120.000.000.000 (Guaraníes ciento veinte mil millones), para el financiamiento de las medidas de mitigación de los efectos económicos del COVID-19 o Coronavirus, con especial énfasis en las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES).

El Poder Ejecutivo, a través de la reglamentación, establecerá los procedimientos para la previsión de los créditos presupuestarios necesarios para dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente artículo.

Artículo 28.- Autorízase a la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) a sobrepasar el límite porcentual establecido en el Artículo 5º, in fine, modificado por el Artículo 1º de la Ley N° 3330/2007, durante la vigencia de las medidas de mitigación de los efectos económicos del COVID-19 o Coronavirus.

Artículo 29.- Autorízase la suspensión parcial de la aplicación estricta del Artículo 15 de la Ley N° 2640/2005 “Que crea la Agencia Financiera de Desarrollo”, durante la vigencia de la presente Ley, autorizando al efecto a la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) a establecer líneas de créditos en condiciones financieras favorables para el alivio económico de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES), aun cuando tales condiciones puedan repercutir negativamente en sus estados financieros.

Artículo 30.- Autorízase al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda a realizar un aporte estatal total por el monto de Gs. 30.000.000.000 (Guaraníes treinta mil millones), para el Fondo de Garantía para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) creado por Ley N° 5628/2016 “Que crea el Fondo de Garantía para las micro, pequeñas y medianas empresas”.

Artículo 31.- Autorízase al Fondo de Garantía para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) creado por Ley N° 5628/2016 “Que crea el fondo de garantía para las micro, pequeñas y medianas empresas” a cubrir la garantía y/o re afianzamiento únicamente hasta el monto del capital de cada financiamiento y el plazo no podrá ser superior a 10 (diez) años, incluidas eventuales renegociaciones (renovaciones, refinanciaciones o reestructuraciones) de la operación crediticia, sin perjuicio del plazo del financiamiento o garantía re afianzada, que puede ser mayor. Las Instituciones participantes del Fondo podrán solicitar el pago de la garantía y/o re afianzamiento luego de la verificación de las condiciones establecidas por el Administrador del Fondo dentro del plazo establecido para el efecto. El Fondo se subrogará los derechos correspondientes al pago de las garantías respectivas, debiendo el Administrador del .Fondo establecer las condiciones para tal subrogación de garantías y/o re afianzamientos, así como la oportunidad y forma de remisión del recupero.

Artículo 32.- Autorízase al Ministerio de Hacienda la previsión y transferencia de G. 120.000.000.000 (Guaraníes ciento veinte mil millones) a la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay Sociedad Anónima (ESSAP SA.), que afectará al Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020, a través del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y serán destinados en concepto de gastos de aporte no reembolsable del Estado para la capitalización de la citada Empresa, de conformidad a las disposiciones de la presente Ley y su reglamentación correspondiente.

El Poder Ejecutivo, a través de la reglamentación, establecerá los procedimientos para la previsión de los créditos presupuestarios necesarios para dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente artículo.

Capítulo III
Del financiamiento

Artículo 33.- Apruébese, con ios alcances contemplados en el Artículo 202, numeral 10) de la Constitución Nacional, la contratación de empréstitos hasta el monto de G. 10.211.200.000.000 (Guaraníes diez billones doscientos once mil doscientos millones) o su equivalente en US$ 1.600.000.000 (Dólares americanos un mil seiscientos millones).

Para el efecto, autorízase al Poder Ejecutivo a suscribir convenios de préstamos con organismos internacionales, multilaterales, bilaterales y de ayuda oficial hasta dicho monto que requieran únicamente rúbrica y aprobación por parte del mismo, sirviendo el acto emitido como suficiente documento legal que obligue al Estado paraguayo a las cláusulas contenidas en el mismo. Igualmente se autoriza al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, a la emisión y colocación de bonos de la Tesorería General en el mercado interno o internacional que permitan captar parte de los recursos aprobados en el presente artículo.

Los fondos obtenidos serán destinados exclusivamente a financiar las medidas de emergencia y los efectos económicos de la crisis sanitaria del COVID-19 o Coronavirus. Incluyendo gastos corrientes, con carácter de excepción del Artículo 40 de la Ley N° 1535/1999 “De Administración Financiera del Estado” y el Artículo 12 de la Ley N° 5097/2013 “Que dispone medidas de Modernización de la Administración Financiera del Estado y establece el régimen de cuenta única y de los Títulos de Deuda del Tesoro Público”; así como los adelantos a corto plazo otorgados por el Banco Central del Paraguay (BCP).

El Banco Central del Paraguay (BCP), en los términos del Artículo 286 numeral 1, inciso ii) de la Constitución Nacional, podrá adelantar al Estado paraguayo todos los recursos autorizados en esta Ley con cargo a devolución a través de los préstamos autorizados por la misma. La autorización del Senado de la Nación requerida por la Constitución Nacional,  se considera otorgada con la aprobación de esta Ley.

Artículo 34.- A fin de implementar la contratación de los empréstitos aprobados y autorizados en el artículo anterior se autoriza al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda y/o el Banco Central del Paraguay (BCP), a suscribir y otorgar documentos; a emitir bonos en el mercado interno o internacional, a formalizar actos, contratos y acuerdos y a realizar las diligencias necesarias y convenientes; y a prorrogar la jurisdicción aplicable a los previstos en los contratos de empréstitos. En cuanto a la emisión de bonos en el mercado Internacional, será aplicable lo dispuesto en el Artículo 90 de la Ley N° 6469/2020 “Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2020”.

A tales efectos, se faculta al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda y/o el Banco Central del Paraguay (BCP), a establecer o estipular cláusulas, obligaciones, compromisos, declaraciones, garantías, indemnizaciones, renuncias, cláusulas de impago, cláusulas de rescisión anticipada y otras causales específicas de incumplimiento y recursos con respecto a as referidas causales específicas; y a establecer plazos de vencimientos y porcentajes de intereses en los contratos de empréstitos a ser suscriptos con los organismos multilaterales.

Estarán exentas de todo tributo y en todo el proceso de emisión y colocación le serán aplicables las disposiciones de los Artículos 88, 89, 90, 91, 92 y 93 de la Ley N° 6469/2020 “Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2020”.

Artículo 35.- Los empréstitos autorizados en los artículos que anteceden no requerirán el trámite previsto en el Artículo 43 de la Ley N° 1535/1999 “De Administración Financiera del Estado”, con excepción del dictamen del Banco Central del Paraguay (BCP), conforme al Artículo 62 de la Ley N° 489/1995 “Organica del Banco Central del Paraguay” que será expedido en el plazo de 48 (cuarenta y ocho) horas. En todos los casos de empréstitos contratados en base a la presente Ley la deuda será asumida por el Tesoro Nacional.

Asimismo se incorpora, en esta autorización, aquellos empréstitos que se encuentran en trámite administrativo, legal o Constitucional en la República del Paraguay, los que se regirán por los montos de sus respectivos contratos de préstamos, en cuanto a plazo, montos y demás condiciones del préstamo. Los montos de ios respectivos préstamos se suman a la autorización de deuda aprobada.

Artículo 36.- A los fines dispuestos en este capítulo y en la presente Ley, se autoriza expresamente al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, con carácter de excepción a lo dispuesto en el Artículo 23 de la Ley N° 1535/1999 “De Administracion Financiera del Estado” y su modificatoria Ley N° 1954/2002, a proceder a la ampliación de los ingresos, gastos y financiamiento dentro del Presupuesto de la Entidad 12 06 -Ministerio de Hacienda y así como a realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para su utilización.

Asimismo, las modificaciones presupuestarias realizadas para el Fondo de Emergencia Sanitaria (Organismo Financiador 817) conforme a lo dispuesto en el presente artículo, deberán ser informadas al Congreso Nacional dentro de los 15 (quince) días posteriores a la aprobación de las mismas.

En caso de ser necesario ampliaciones o transferencias de una entidad a otra, de los recursos provenientes de las emisiones y colocaciones de Bonos del Tesoro Nacional, así como de préstamos programáticos o de libre disponibilidad, se faculta al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda, a autorizar las modificaciones presupuestarias correspondientes.

Artículo 37.- Autorízase al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, a reasignar una porción o el total de Sos saldos no comprometidos de los contratos de préstamos que hayan sido aprobados por Ley y se encuentren en etapa de ejecución, asimismo, reconocer que Sos documentos que instrumentan los términos de las adendas se considerarán válidos y exigibles desde el momento de su firma por las partes. Los recursos reasignados se destinarán al financiamiento de los gastos autorizados en la presente Ley. Se deberá contar con la conformidad del organismo financiador.

Artículo 38.- Los recursos provenientes de saldos iniciales de caja del Ejercicio Fiscal 2019 correspondientes a recursos institucionales (Fuente de Financiamiento 30) de los Organismos y Entidades del Estado (OEE), podrán ser reasignados a Recursos del Tesoro (Fuente de Financiamiento 10) hasta el 100% (cien por ciento) inclusive, para financiar el presupuesto de las entidades directamente afectadas a la atención de esta emergencia sanitaria.

El Ministerio de Hacienda establecerá los mecanismos y procedimientos respectivos para la reorientación de dichos recursos.

Artículo 39.- Facúltase al Poder Ejecutivo, extraordinariamente, a aceptar y aprobar por Decreto los recursos financieros no reembolsables (donaciones, subvenciones, cooperaciones o asistencias financieras, entre otros) otorgados por Gobiernos Extranjeros u Organismos Internacionales y Nacionales destinados al financiamiento de la emergencia sanitaria, siempre que los mismos no requieran la suscripción de convenios y que no impliquen beneficios fiscales, aduaneros, migratorios y cualquier otro de índole administrativo. En todos los casos, antes de la aprobación de los Recursos Financieros no reembolsables, se deberá contar con dictamen técnico emitido por el Ministerio de Hacienda.

Artículo 40.- Los préstamos que sean otorgados por el Ministerio de Hacienda a las Empresas Públicas se instrumentarán a través de acuerdos, los cuales establecerán las tasas de interés, plazos, condiciones de rescate anticipado, canjes y demás condiciones financieras específicas.

Facúltase al Ministerio de Hacienda a conceder quitas y realizar compensaciones con las Empresas Públicas, como mecanismos alternativos de extinción de sus obligaciones con la Tesorería General.

Capítulo IV
De las medidas de transparencia y rendición de cuentas

Artículo 41.- Créase una Comisión Bicameral del Congreso, de carácter transitorio, por la duración del presente ejercicio fiscal, en atención al control permanente en materia de transparencia en la administración de los recursos previstos en la presente Ley.

La Comisión estará integrada por 6 (seis) senadores y 6 (seis) diputados. La Comisión dictará su propio reglamento.

Artículo 42.- La Contraloría General de la República (CGR) en coordinación con la Secretaría Nacional Anticorrupción y los órganos de control pertinentes dentro del ámbito de sus competencias establecerán lineamientos en materia de transparencia y control en la administración de los recursos previstos en la presente Ley y de prevención de hechos de corrupción, fomentando la participación ciudadana en los procesos de rendición de cuentas.

Artículo 43.- La Contraloría General de la República (CGR) con los demás órganos de control pertinentes habilitarán mecanismos para la recepción de denuncias sobre presuntos hechos de corrupción vinculados a la ejecución de los proyectos y programas financiados por esta Ley, así como la realización de procedimientos de indagación administrativa tendientes al esclarecimiento de Sos hechos, a fin de derivarlos a las autoridades que correspondan.

Artículo 44.- La Contraloría General de la República (CGR) sin perjuicio de las competencias constitucionales y legales de otros organismos de control, impulsará actividades y procedimientos de seguimiento, monitoreo y auditoría a las instituciones, vinculadas a la ejecución de los proyectos y programas ejecutados en el marco de la utilización de los
recursos previstos en la presente Ley.

Artículo 45.- El Poder Ejecutivo y los Organismos y Entidades del Estado (OEE) que ejecuten los fondos previstos en la presente Ley presentarán cada 60 (sesenta) días, desde la promulgación de la misma, sus rendiciones de cuentas con un informe al Congreso y a la Contraloría General de la República (CGR), con toda la documentación de respaldo. Las rendiciones de cuentas finales serán presentadas dentro de los 60 días de concluida la emergencia. Para el efecto, la Contraloría General de la República (CGR), reglamentará el procedimiento de rendición correspondiente. Esas rendiciones de cuentas serán puestas a disposición de la ciudadanía a través del portal de internet de la Contraloría General de la República (CGR), sin ningún tipo de limitación.

Durante la vigencia de la presente Ley, instrúyase al Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC) a poner a disposición de todos los Organismos y Entidades del Estado (OEE), un portal que permita acceder a toda la información relevante, en formato de datos abiertos, sobre la ejecución presupuestaria correspondiente de los mismos dentro del presente período de emergencia. Esta información deberá ser de acceso a la ciudadanía, sin restricciones de ningún tipo, a través de los medios virtuales correspondientes.

Capítulo V
Disposiciones complementarias

Artículo 46.- El Ministerio de Hacienda podrá disponer los mecanismos para un aporte al Instituto de Previsión Social (IPS), de basta el monto de G. 638.200.000.000 (Guaraníes seiscientos treinta y ocho mil doscientos millones) o su equivalente en US$ 100.000.000 (Dólares americanos cien millones).

Los recursos serán utilizados para los gastos vinculados al Subsidio de Reposo por Enfermedad y para otorgar una compensación económica a los trabajadores cotizantes activos, cuando a causa de la emergencia sanitaria COVID-19 o Coronavirus se establezca el cese total de las actividades de Sos sectores económicos afectados, o la suspensión temporal de los contratos de los trabajadores.

Facúltase al Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS), con acuerdo del Poder Ejecutivo, a reglamentar los mecanismos requeridos para la administración de los recursos, las condiciones requeridas para el acceso y la metodología de cálculo para la implementación de los beneficios.

El presente aporte por parte del Estado paraguayo será a cuenta de los aportes conforme a lo establecido en el inciso c) del Artículo 17 del Decreto-Ley N° 1860/1950, aprobado por Ley N° 375/1956 y modificado por la Ley N° 98/1992.

El Instituto de Previsión Social (IPS) deberá seguir atendiendo a los asegurados durante la emergencia, mas allá de los pagos recibidos de los aportes obreros patronales. Los mismos podrán ser refinanciados en las mismas condiciones que los demás servicios públicos hasta en 18 (dieciocho) meses.

Artículo 47.- Suspéndase por el presente ejercicio fiscal la aplicación de los numerales 1) y 2) del Artículo 7º y los Artículos 9º, 10 y 11 de la Ley N° 5098/2013 “De Responsabilidad Fiscal”, el cual deberá estar explicado por las medidas de ingresos y gastos implementadas por esta Ley para atender la emergencia.

Artículo 48.- Disponer que los Organismos y dependencias del Poder Ejecutivo podrán suspender, de manera general o particular, hasta el 30 de junio de 2020, los plazos de los procesos y trámites administrativos iniciados o llevados a cabo desde la fecha de la promulgación de la presente Ley así como los informes con plazos previstos en leyes especiales incluido el Informe Financiero del Ministerio de Hacienda. Las dependencias cuyo funcionamiento se haya visto reducido al mínimo esencial estarán exceptuados de los plazos previstos para informes a la Contraloría General de la República (CGR) mientras duren las medidas sanitarias de aislamiento o similares.

La suspensión del plazo deberá ser comunicada, de manera general o particular, a los afectados por los medios previstos en las disposiciones procedimentales que rigen en dichos organismos.

Los Organismos y Entidades del Estado (OEE) podrán presentar sus rendiciones de cuentas ante la Controlaría General de la República (CGR), a través de los medios digitales durante el plazo de vigencia de esta Ley.

Artículo 49.- Encomiéndase a ios Organismos y Entidades del Estado (OEE) que adopten los resguardos, medidas técnicas, procedimentales y normativos necesarios para mantener la seguridad y protección de los datos personales y la información que sea recolectada, almacenada, procesada y/o transmitida mediante sistemas o medios tecnológicos a ser implementados por motivo de esta situación de emergencia.

Artículo 50.- Declárase inembargable los bienes, donaciones financieras y las cuentas de cualquier tipo de las Fundaciones y Organizaciones sin Fines de Lucro que participan en la lucha contra la pandemia declarada de emergencia nacional y que se encuentran registradas en el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

Artículo 51.- Excepcionalmente, hasta el 1 de julio de 2020, inclusive, considerando los efectos económicos de la situación de emergencia sanitaria, los bancos de plaza se abstendrán de aplicar y comunicar a la Superintendencia de Bancos sanciones de inhabilitación de cuentas corrientes bancarias previstas en las Leyes N° 805/1996 y 3711/2009 “Que modifica los Artículos N°s. 10, 13 y 16 de la Ley N° 805/1996, que modifica varios artículos del capítulo XXVI, Título II, Libro III, del Código Civil y crea la figura del cheque bancario de pago diferido, deroga la Ley N° 941/64 y despenaliza el cheque con fecha adelantada; y deroga la Ley N° 2.835/05” que derivaren de cheques rechazados por insuficiencia de fondos.

Para ser beneficiario de esta medida excepcional, el librador deberá haber comunicado a su respectiva entidad bancada el libramiento del o los cheques que generarían la sanción dentro de los 5 (cinco) días hábiles de la entrada en vigencia de la presente Ley.

Si en el período de vigencia de esta medida se diera el rechazo de más de 3 (tres) cheques por insuficiencia de fondos, la entidad bancada estará exonerada de cancelar la cuenta corriente.

El Banco Central del Paraguay (BCP) reglamentará el presente artículo.

Texto modificado por Art 8 de la LEY N° 6587/20

Artículo 52.- El incumplimiento en el pago de los alquileres no será causal de desalojo hasta el mes de junio del presente año, siempre que se justifique el pago de cuanto menos el 40% (cuarenta por ciento) del valor del alquiler mensual.

Las sumas que queden pendiente deberán ser prorrateadas y sumadas al valor del alquiler mensual a ser pagados en su totalidad a partir del mes de julio. Las deudas prorrateadas deberán ser canceladas en un plazo máximo de 6 (seis) meses.

El no cumplimiento de lo previsto en el presente artículo habilita al locador a solicitar eventualmente el desalojo correspondiente.

Artículo 53.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente Ley, a propuesta del Ministerio de Hacienda.

Artículo 54.- Esta Ley entrará en vigencia desde el día siguiente a su publicación.

Artículo 55.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Aprobado el Proyecto de Ley por la Honorable Cámara de Senadores, a veinticuatro días del mes de marzo del año dos mil veinte, quedando sancionado el mismo por la Honorable Cámara de Diputados, a veinticinco días del mes de marzo del año dos mil veinte, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 204 de la Constitución Nacional.

      Arnaldo Samaniego G.                                                                              Blas Antonio Llano
Vice Presidente 1º en ejercicio                                                                                 Presidente
      H. Cámara de Diputados                                                                       H. Cámara de Senadores
      Nestor Fabian Ferrer M.                                                                         Hermelinda Alvarenga
      Secretario Parlamentario                                                                        Secretaria Parlamentaria

Téngase por Ley de la República, publíquese e insértese en el Registro Oficial.

Mario Abdo Benítez
      Presidente
  Benigno López
Ministro de Hacienda

LEY N° 6446

QUE CREA EL REGISTRO ADMINISTRATIVO DE PERSONAS Y ESTRUCTURAS JURÍDICAS Y EL REGISTRO ADMINISTRATIVO DE BENEFICIARIOS FINALES DEL PARAGUAY

EL CONGRESO DE LA NACIÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

LEY:

Artículo 1°.- Objeto.

La presente Ley tiene por objeto crear:

1. Un registro administrativo de personas jurídicas y estructuras jurídicas que operan en la República del Paraguay; y,

2. Un registro de beneficiarios finales.

Estos registros estarán a cargo del Ministerio de Hacienda como autoridad de aplicación, a fin de incorporar los mecanismos de transparencia dentro del régimen de funcionamiento de las mismas, para asegurar la existencia de información adecuada, precisa y oportuna sobre el Beneficiario Final y el control de las personas y estructuras jurídicas.

Artículo 2°.- Sujetos obligados.

Los sujetos obligados a registrarse e informar son las personas jurídicas tales como sociedades, asociaciones, fundaciones y las demás reguladas por el Código Civil paraguayo y leyes especiales en la materia, y las estructuras jurídicas entendidas como fideicomisos y fondos de inversión.

Artículo 3°.- Del Registro administrativo de personas y estructuras jurídicas.

Las personas jurídicas o estructuras jurídicas señaladas en el artículo precedente, por medio de su representante legal, deberán proporcionar a la autoridad de aplicación el registro o la indicación de los accionistas o autoridades que se encuentran a cargo de la dirección, control y administración de las mismas, sus estatutos sociales u otros instrumentos de creación y la última asamblea de asociados de elección de autoridades, dentro de un plazo máximo de 9 (nueve) meses contados desde la vigencia de la presente Ley y conforme al calendario que será emitido por la autoridad de aplicación, sin perjuicio de otras disposiciones legales vigentes en la materia.

Las personas o estructuras jurídicas habilitadas para emitir participaciones o títulos nominativos deberán comunicar a la autoridad de aplicación, en los plazos y condiciones que éste establezca, los datos identificatorios de sus titulares, así como el porcentaje y su categoría o derecho que comporta de su participación en el capital correspondiente.

Aquellas personas o estructuras jurídicas cuya participación sustantiva del capital pertenezca total o parcialmente a sociedades o entidades jurídicas residentes en el extranjero, además de lo dispuesto en el párrafo anterior, deberán informar y mantener actualizada la información sobre la propiedad de las acciones o cuotas del capital de las mismas y poderes otorgados en el pais

En el caso de las personas o estructuras jurídicas cuya participación sustantiva del capital pertenezca a entidades jurídicas residentes en el extranjero, en países o jurisdicciones donde se permitan las acciones al portador, deberán cumplir con la obligación de informar sobre la totalidad de las acciones en todos los casos.

Las personas o estructuras jurídicas constituidas con posterioridad a la entrada en vigencia de la presente Ley deberán comunicar los datos e informaciones correspondientes en el citado registro administrativo dentro de los 45 (cuarenta y cinco) días hábiles posteriores a su constitución.

En caso de no realizar la comunicación correspondiente, será susceptible a la aplicación de sanciones, acorde a los términos de lo establecido en la presente Ley.

Artículo 4°.- Del Beneficiario Final.

El Beneficiario Final se refiere a la o las personas físicas que, directa o indirectamente, posean una participación sustantiva o control final sobre la persona jurídica o estructura jurídica, o se beneficie de éstas, de manera que se enmarque por lo menos en una de las siguientes condiciones:

a) Tenga participación sustantiva: la tenencia de acciones o participaciones en un porcentaje igual o mayor al 10% (diez por ciento) con respecto al capital total de la persona o estructura jurídica;

b) Controle más del 25% (veinticinco por ciento) del derecho de votación en la persona o estructura jurídica;

e) Gerentes, administradores o quienes frecuentemente usen o se beneficien de los activos que son propiedad de la persona o estructura jurídica o, en cuyo nombre o beneficio se realice una transacción de la persona o estructura jurídica;

d) No estando contemplado en los incisos anteriores, tenga derecho a designar o cesar parte de los órganos de administración, dirección o supervisión; o,

e) Que posea la condición de control de esa persona o estructura jurídica en virtud de sus estatutos, reglamentos u otros instrumentos.

Artículo 5°.- Del Registro de Beneficiario Final.

Las personas o estructuras jurídicas deberán informar sobre los Beneficiarios Finales en el registro habilitado para el efecto, dentro de un plazo máximo de 9 (nueve) meses contados desde la vigencia de la presente Ley, y conforme al calendario que será emitido por la autoridad de aplicación, indicando los porcentajes de participación sustantiva y quienes no tienen participación sustantiva, así como de quienes ejercen su control final, si correspondiere, y respaldarlo con la documentación que lo acredite fehacientemente.

Queda incluida en lo dispuesto en el párrafo anterior, la información relativa a la cadena de titularidad en los casos en que el Beneficiario Final lo sea indirectamente, o por otros medios ejerza el control final.

En el caso de los fideicomisos, deberá identificarse a la o las personas físicas que se constituyan en Beneficiarios Finales en relación al fideicomitente, fiduciario y beneficiario.

En el caso de las personas o estructuras jurídicas residentes en el Paraguay, cuya participación sustantiva del capital pertenezca, total o palrcialmente, a entidades jurídicas residentes en el extranjero, cuando resulte imposible identificar al Beneficiario Final, se presumirá que el Beneficiario Fin es el representante legal de la persona o estructura juídica residente en el Paraguay

La provision de la información requerida se realizará en los plazos, formas y condiciones que establezca la reglamentación y tendrá carácter de declaración jurada, sin perjuicio de la verificación y requerimientos por parte de la autoridad de aplicación.

Las personas o estructuras jurídicas constituidas con posterioridad a la entrada en vigencia de la presente Ley deberán presentar los documentos para el registro e informar los Beneficiarios Finales dentro de los 45 (cuarenta y cinco) días hábiles posteriores a su constitución.

En caso de no realizar la comunicación correspondiente, será susceptible a la aplicación de sanciones, acorde a los términos de lo establecido en la presente Ley.

Artículo 6°.- Individualización de Beneficiario Final.

Las personas y estructuras jurídicas deberán individualizar ¡ los Beneficiarios Finales de las mismas y mantener un archivo actualizado, indicando en una declaración jurada a la autoridad de aplicación, como mínimo los siguientes datos:

a) Nombres y Apellidos;
b) Cédula de Identidad o Pasaporte en caso de ser extranjero;
e) Registro Único del Contribuyente (RUC) o Identificación Tributaria en caso de
ser extranjero;
d) Domicilio;
e) Nacionalidad y Residencia;
f) Profesión;
g) Condición por la cual se constituye en beneficiario final y, en su caso, indicar
la cadena de control o la persona jurídica accionista a través de la cual ejerce el
control efectivo de la sociedad y la cuantía de dicha condición; y,
h) Fecha desde la que es Beneficiario Final.

La numeración precedente es enunciativa y podrá ser ampliada por la autoridad de aplicación.

En caso de no realizar la comunicación correspondiente, será susceptible a la aplicación de sanciones, acorde a los términos de lo establecido en la presente Ley.

Artículo 7°.- Comunicación de modificaciones en el Registro Administrativo de Personas y Estructuras Jurídicas y de Beneficiario Final.

Se establece el deber de informar toda modificación en el Registro Administrativo de Personas y Estructuras Jurídicas y de Beneficiario Final de la misma, de conformidad a los artículos precedentes, a la autoridad de aplicación dentro del plazo máximo de 15 (quince) días hábiles desde que se ha producido formalmente el hecho.

Las comunicaciones a ser efectuadas deberán ser formalizadas en las modalidades y condiciones a ser determinadas por la autoridad de aplicación.

En caso de no realizar la com icación correspondiente, será susceptible a la aplicación de sanciones, acorde a lo rminos de o establecido en la presente Ley.

Artículo 8°.-lmpedimentos y Prohibiciones.

Vencidos los plazos de registros e informes establecidos, las personas y estructuras jurídicas que no hayan cumplido con la obligación señalada, hasta tanto se formalice la obligación, quedarán sujetas a las siguientes consecuencias:

1.- No podrán abrir nuevas cuentas, emitir títulos de deuda o de participación, ni realizar trámites de depósitos o de remesas, o realizar otras operaciones sean activas, pasivas o neutras ante las entidades que integran el Sistema Financiero considerados sujetos obligados conforme al Artículo 13 de la Ley No 1015/1997 "QUE PREVIENE Y REPRIME LOS ACTOS ILÍCITOS DESTINADOS A LA LEGITIMACIÓN DE DINERO O BIENES", tales como: Bancos, Financieras, Casa de Cambios, Casas de Bolsa, Cooperativas, y demás entidades financieras;

2.- Bloqueo del Registro Único del Contribuyente (RUC) por parte de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) dependiente del Ministerio de Hacienda; y,

3.- Suspensión de la ~tramitación de cualquier otra presentación ante la autoridad de aplicación de la presente Ley.

Para la realización de estos actos, una vez regularizada la obligación incumplida, la autoridad de aplicación emitirá una constancia de cumplimiento de las obligaciones previstas en la presente Ley.

Artículo 9°.- Sanciones.

Las personas y estructuras jurídicas que incumplan las disposiciones de la presente Ley y sus reglamentos serán pasibles de multas directas de 50 (cincuenta) a 500 (quinientos) jornales mínimos para actividades diversas no especificadas o hasta el 30% (treinta por ciento) de las utilidades o dividendos a ser distribuidos entre sus accionistas o socios. La autoridad de aplicación se remitirá supletoriamente al procedimiento sancionatorio previsto en la Ley No 125/91 , del 9 de enero de 1992 "QUE ESTABLECE EL NUEVO RÉGIMEN TRIBUTARIO" a los efectos de fijar la sanción correspondiente atendiendo los elementos atenuantes o agravantes dispuestos en la citada Ley o la disposición legal que eventualmente la modifique o reemplace y las reglamentaciones de la
presente Ley a ser previstas.

La sanción establecida en el párrafo anterior también será aplicada a quien se negare a proporcionar información o proporcionare información errónea, falsa o incompleta sobre el registro administrativo de la persona y estructura jurídica y el Beneficiario Final, efectivamente corroborada por la autoridad de aplicación.

Los montos que resulten de la aplicación y percepción de las multas serán destinados exclusivamente a programas de prevención y mitigación de riesgos del lavado de activos, la formalización del sistema financiero, económico y tributario, así como al fortalecimiento del Sistema Integrado de Control de Personas y Estructuras Jurídicas, y Beneficiarios Finales y de las instituciones vinculadas a tales actividades.

Artículo 10.- Información periódica y consecuencias.

La autoridad de aplicación informará bimestralmente al Banco Central del Paraguay (BCP), a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), y a la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) del Ministerio de Hacienda el listado de las personas jurídicas que han cumplido con las obligaciones previstas

A partir de esa información, las instituciones citadas tomarán las medidas necesarias en cumplimiento a lo establecido en sus respectivas disposiciones orgánicas y lo señalado en la presente Ley.

El referido listado de cumplimiento deberá ser publicado y actualizado semestralmente en el portal web y será de libre acceso ciudadano, conforme a los términos de la Ley No 5282/2014 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y ;FRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL".

Artículo 11.- Acceso al registro y cooperación.

El Registro Administrativo de Personas y Estructura? Jurídicas y el Registro de Beneficiarios Finales serán accesibles para los Organismos y Entidades del Estado, así como los sujetos que cumplan funciones de prevención, investigación y sanción de hechos punibles que pudieren realizarse mediante la utilización o control efectivo final de una persona jurídica u otras estructuras jurídicas.

El Ministerio de Hacienda habilitará interconexiones para obtener accesos en línea a la base de datos del Registro para el Banco Central del Paraguay (BCP), la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), los sujetos obligados por la Ley No 1015/1997 "QUE PREVIENE Y REPRIME LOS ACTOS ILÍCITOS DESTINADOS A LA LEGITIMACIÓN DE DINERO O BIENES", conforme lo determine la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), y otros organismos competentes que requieran de la información contenida en la misma para el cumplimiento de sus atribuciones y el desarrollo de sus funciones.

La autoridad de aplicación podrá además habilitar el acceso, a los efectos de su consulta en línea, exclusivamente para otras autoridades tributarias, autoridades administrativas, agentes fiscales y órganos jurisdiccionales intervinientes en materia de persecución de lavado de dinero, infracciones monetarias, evasión fiscal y financiación del terrorismo, y supervisión o superintendencia bancaria, financiera, de seguros, de valores y de pensiones.

Artículo 12.- Mantenimiento de registros y documentación.

Las personas y estructuras jurídicas deberán conservar por el plazo de 5 (cinco) años los documentos, archivos y correspondencia que acrediten o identifiquen adecuadamente a los Beneficiarios Finales y toda la documentación que respalda la información requerida por la autoridad de aplicación, independientemente a las declaraciones juradas e informes elevados, bajo pena de aplicar las sanciones previstas en esta Ley.

Artículo 13.- Sistema Integrado de Registro- Administrativo y Control de Personas Jurídicas, Estructuras Jurídicas, y Beneficiarios Finales.

El Ministerio de Hacienda deberá habilitar un Sistema Integrado de Registro Administrativo y Control de Personas Jurídicas, Estructuras Jurídicas y Beneficiarios Finales, el cual contendrá la información requerida y posibilitará la realización de trámites, procesamiento de datos, así como la certificación de veracidad y consistencia de la información, a la cual se hace referencia en esta Ley y la Ley N° 5895/2017 "QUE ESTABLECE REGLAS DE TRANSPARENCIA EN EL RÉGIMEN DE LAS SOCIEDADES CONSTITUIDAS POR ACCIONES" y sus reglamentaciones.

Los Organismos y Entidades del Estado permitirán el acceso a su base de datos a través del sistema integrado o por los mepios apropiados proveerán la información que sea requerida por la actividad de aplicación de la presente Ley, a los efectos de implementar y operar en el sistema.

La autoridad de aplicación definirá nuevas acciones que formarán parte del sistema integrado.

Artículo 14.- Dirección General de Personas y Estructuras Jurídicas y de Beneficiarios Finales.

Créase la Dirección General de Personas y Estructuras Jurídicas y de Beneficiarios Finales, dependiente del Ministerio de Hacienda que desarrollará como mínimo las siguientes funciones:

a) Actuar en calidad de autoridad de aplicación de la presente Ley.

b) Actuar en calidad de autoridad de aplicación, en reemplazo de la Abogacía del Tesoro, de la Ley No 5895/2017 "QUE ESTABLECE REGLAS DE TRANSPARENCIA EN EL RÉGIMEN DE LAS SOCIEDADES CONSTITUIDAS POR ACCIONES".

e) Realizar la fijación de pautas, el registro administrativo y la fiscalización de las personas y estructuras jurídicas.

d) Emitir dictamen para los fines previstos en el Artículo 1051 de la Ley No 1183/1985 "CÓDIGO CIVIL", redacción actual conforme a la Ley No 3228/2007 "QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 5o DE LA LEY No 388/94, QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 1051 DE LA LEY No 1183/85 "CÓDIGO CIVIL".

e) Administrar el Sistema Integrado de Registro Administrativo y Control de Personas Jurídicas, Estructuras Jurídicas y Beneficiarios Finales.

f) Las funciones asignadas en materia societaria por disposiciones legales al Departamento de Registro y Fiscalización de Sociedades de la Abogacía del Tesoro.

g) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por normas legales o reglamentarias.

Para el cumplimiento de sus fines, dispondrá de los recursos que la Ley del Presupuesto General de la Nación le asigne a través del Ministerio de Hacienda y de los que perciba eventualmente, la asignación en concepto de multas en virtud de la Ley N° 1 5895/2017 "QUE ESTABLECE REGLAS DE TRANSPARENCIA EN EL REGIMEN DE LAS SOCIEDADES CONSTITUIDAS POR ACCIONES" y sus reglamentaciones, y otras fuentes que establezca la legislación vigente.

Factiltese al Ministerio de Hacienda a establecer la estructura orgánica y funcional de esta Dirección General; asignar y reasignar los recursos humanos, informáticos y materiales, así como toda la documentación e información contenida en el archivo físico y electrónico existente en materia societaria.

Artículo 15.- Reglamentación.

El Poder Ejecutivo reglamentará esta Ley, dentro de los 90 (noventa) días de su promulgación

Artículo 16.- Vigencia.

Esta Ley entrará en vigencia al día siguiente de su publicación. Las consecuencias establecidas en el Artículo ao y las sanciones establecidas en el Artículo go de la presente Ley, se aplicarán de manera progresiva mediante un calendario de cumplimiento a ser emitido por el Ministerio de Hacienda, otorgándose un período de tiempo necesario para realizar las adecuaciones estructurales pertinentes, así como la capacitación previa y necesaria a los sujetos obligados.

Artículo 17.- Comuníquese ar Poder Ejecutivo.

Aprobado el Proyecto de Ley por la Honorable Cámara de Senadores, a veinticuatro días del mes de octubre del año dos mil diecinueve, quedando sancionado el mismo, por la Honorable Cámara de Diputados, a veinte días del mes de noviembre del año dos mil diecinueve, de conformidad , a lo dispuesto en el Artículo 204 de la Constitución Nacional.

 

LEY Nº 4457/12

PARA LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPYMES).

EL CONGRESO DE LA NACIÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE
LEY

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º.- OBJETO.
La presente Ley tiene por objeto proveer un marco regulatorio que permita promover y fomentar la creación, desarrollo y competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas, para incorporarlas a la estructura formal productora de bienes y servicios, y darles identidad jurídica.

Artículo 2º.- DEFINICIÓN.
Son consideradas Mipymes las unidades económicas que, según la dimensión en que organicen el trabajo y el capital, se encuentren dentro de las categorías establecidas en el Artículo 5º de esta Ley y se ocupen del trabajo artesanal, industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o de servicio.

Artículo 3º.- GRUPO DE MIPYMES.
Las Mipymes que pertenezcan a un mismo grupo o se hallen controladas por una sola persona física o jurídica, a los efectos de la aplicación de esta Ley, serán consideradas individualmente y siempre teniendo en cuenta la cantidad de trabajadores ocupados y el giro económico-financiero de cada una de ellas.

Artículo 4º.- CATEGORÍAS.
Las Mipymes tendrán categorías diferenciadas, a cuyo electo, se considerarán los siguientes elementos:

a) el número de trabajadores ocupados; y,

b) el monto de facturación bruta anual, realizado en el ejercicio fiscal anterior.

Artículo 5º.- CLASIFICACIÓN. PARÁMETROS DE CATEGORÍAS. ALCANCE.

Microempresas: A los efectos de la Ley, se las identificará con las siglas "MIE" y es aquella formada por hasta un máximo de diez personas, en la que el propietario trabaja personalmente él o integrantes de su familia y facture anualmente hasta el equivalente a G. 500.000.000 (Guaraníes quinientos millones).

Pequeña empresa: A los efectos de la Ley, se las identificará con las siglas "PE" y será considerada como tal la unidad económica que facture anualmente hasta G. 2.500.000.000 (Guaraníes dos mil quinientos millones) y ocupe hasta treinta trabajadores.

Medianas Empresas: Hasta G. 6.000.000.000 (Guaraníes seis mil millones) de facturación anual y ocupe hasta cincuenta trabajadores.

Los parámetros de clasificación expuestos deberán ser concurrentes, primando en caso de dudas, el nivel de facturación anual.

Parámetros actualizados por: Artículo 1°del Decreto N° 3698/2020

 

Las entidades públicas y privadas uniformizarán sus criterios de medición, a fin de construir una base de datos homogénea que permita dar coherencia al diseño y aplicación de las políticas públicas de promoción y formalización del sector.

La reglamentación podrá establecer subclasificaciones atendiendo al tipo de sector, de actividad y localización territorial de la empresa, la cual deberá contar con las autorizaciones municipales y de los Organismos de Control pertinentes. La aprobación de la reglamentación específica para cada tipo de actividad estará a cargo del Ministerio de Industria y Comercio, a propuesta de los sectores interesados.

A cada categoría corresponderán incentivos diferenciados que se desarrollarán en los capítulos pertinentes. El ocultamiento, falsificación de datos o cualquier género de engaño respecto de los requisitos de cada categoría darán lugar a las sanciones que serán señaladas en el capítulo de las penalidades.

Si fueran insuficientes los parámetros cuantitativos citados a los efectos de la categorización de alguna empresa nueva, se tendrá también en cuenta el activo patrimonial.

El Poder Ejecutivo, con el parecer favorable del Ministerio de Industria y Comercio y del Ministerio de Hacienda, podrá actualizar anualmente el monto de facturación, en función del porcentaje de variación del índice de precios al consumo que se produzca en el período de doce meses anteriores al 1 de noviembre de cada año civil que transcurre, de acuerdo con la información que en tal sentido comunique el Banco Central del Paraguay o el organismo competente.

Artículo 6º.- EXCEPCIONES.
A los efectos de esta Ley, no serán consideradas las empresas que se dediquen a la intermediación financiera, seguros, negocio inmobiliario y el ejercicio de profesiones liberales, toda vez que estas actividades se regulen por leyes especiales en vigencia.

Artículo 7º.- ALCANCE.
Los criterios generales de clasificación de las Mipymes son los que quedan establecidos en esta Ley; no obstante esta Ley establecerá en sus articulados o en su reglamentación criterios diferenciados aplicables solo a las micro y pequeñas empresas.

CAPÍTULO II
DE LA CREACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE MIPYMES Y DE LA AUTORIDAD DE APLICACIÓN
SECCIÓN I

Artículo 8º.- DEL SISTEMA.

Créase el Sistema Nacional de Mipymes, en adelante el "Sistema", en cumplimiento de una política nacional que posibilite el trabajo integral, armonizado y conjunto de órganos involucrados en la creación, formalización, desarrollo y competitividad de las Mipymes. Bajo la dirección del Ministro de Industria y Comercio, a través de las Subsecretarías de Estado y Direcciones correspondientes.

Artículo 9º.- OBJETIVO DEL SISTEMA.

Diseñar las políticas públicas dirigidas al sector con énfasis en la disponibilidad y calidad de la información pertinente, la capacitación de los sectores interesados y la distribución de manera equitativa y justa de los recursos nacionales para el sector de Mipymes.
Todas las dependencias del Estado considerarán los objetivos del desarrollo de las empresas en consideración a la importante función social y económica del sector.

Artículo 10.- ARTICULACIÓN DE SECTORES.

El Ministerio de Industria y Comercio necesariamente deberá ser consultado en los proyectos de inversión estatal de programas y acciones vinculados al sector de las Mipymes.

Artículo 11.- CONSTITUCIÓN DE MESAS TEMÁTICAS.

El Sistema operará, a través del Ministerio de Industria y Comercio, organismo responsable de la coordinación de las actividades del sector público y privado relativas a las Mipymes, para lo cual podrá conformar el foro nacional y/o mesas de trabajo interdisciplinarias con el sector privado, académico y cooperación internacional para tratar todos los temas referentes al sector, especialmente dedicado a la intermediación financiera, a fin de asegurar la financiación de proyectos sostenibles para las Mipymes.

Artículo 12.- DE LA FINALIDAD DEL SISTEMA.

El Sistema tendrá como finalidad primordial: El planeamiento y ejecución de las políticas y acciones de fomento para la competitividad de las Mipymes, para cuyo efecto podrá:

a) Aprobar el Plan Nacional de Promoción y Formalización para la competitividad y desarrollo de las Mipymes que incorporen las prioridades regionales por sectores, señalando los objetivos y metas correspondientes.

b) Enfocar estrategias y proyectos de modernización, innovación y desarrollo tecnológico para las Mipymes.

c) Propiciar nuevos instrumentos de apoyo a las Mipymes, considerando las tendencias internacionales de los países regionales con los que Paraguay tiene mayor interacción.

d) Propiciar la simplificación y facilitación de todos los trámites pertinentes a las Mipymes.

e) Fomentar la constitución de incubadoras de empresas y formación de emprendedores.

f) Promover una cultura tecnológica en las Mipymes "modernización, innovación y desarrollo tecnológico".

g) Promover programas educativos para Mipymes, fortaleciendo la vinculación academia-empresa y de creación de empresas con las universidades e institutos técnicos y tecnológicos y; sin perjuicio de su régimen de autonomía universitaria, considerarán lo dispuesto en la presente Ley, a los efectos de establecer diplomados, programas de educación no formal, consultorías y asesorías dirigidas a fortalecer la productividad y competitividad, programas de extensión y cátedras especiales para las Mipymes, promoviendo la iniciativa empresarial.

h) Promover la articulación intra y extra sectorial, movilizar recursos nacionales e internacionales, implementar la planificación estratégica en normalización, fiscalización y conducción superior.

i) Facilitar el acceso de las Mipymes a las compras del Estado, participando en las contrataciones y adquisiciones, de acuerdo con la normativa correspondiente.

j) Promover el crecimiento, diversificación y consolidación de las exportaciones, directas e indirectas de las Mipymes, implementando estrategias de desarrollo de mercados y de oferta exportable, así como de fomento a la mejora de la gestión empresarial en coordinación con instituciones públicas y privadas.

SECCIÓN II
DE LA AUTORIDAD DE APLICACIÓN

Artículo 13.- DEFINICIÓN DEL SISTEMA EMPRESARIAL DEL ESTADO.

El Sistema cumplirá la función rectora en el marco político global, bajo la conducción del Ministerio de Industria y Comercio, ejerciendo las funciones que le competen como autoridad de aplicación de lo dispuesto en la presente Ley, convocando, coordinando y articulando las acciones necesarias de las diferentes instituciones que componen el Sistema, a través de la Subsecretaría de Estado de Mipymes.

Artículo 14.- CREACIÓN DEL VICEMINISTERIO.

El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Industria y Comercio, creará el Viceministerio de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes), que tendrá a su cargo las siguientes funciones:

1. Coordinar y dirigir las acciones del Sistema Nacional de Mipymes.

2. Coordinar, sistematizar y ejecutar las políticas de apoyo para la creación, promoción, fortalecimiento, gestión, tecnificación y desarrollo de las Mipymes.

3. Desarrollar e implementar instrumentos y mecanismos necesarios para el aumento de la productividad, la competitividad y la generación de empleo por parte de las Mipymes.

4. Apoyar y fortalecer las estrategias y mecanismos para promover la exportación de lo que produzcan las Mipymes.

5. Fomentar la operatividad del Fondo de Garantía y otros instrumentos que faciliten el acceso al crédito.

6. Crear e implementar un sistema único integrado de registro, certificación e información de las Mipymes.

7. Asistir a las Mipymes, brindando el servicio de información, orientación técnica y capacitación, en lo referente a gestión empresarial, marketing, producción, administración, finanzas, mercados, entre otros, directamente o con instituciones especializadas existentes, públicas o privadas, nacionales o internacionales.

8. Coordinar las actividades de las Mipymes con entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales que conforman el sistema.

9. Promover, asistir y orientar la asociativídad y agremiación empresarial con estrategia de fortalecimiento de las mismas.

10. Priorizar y garantizar a las Mipymes a mecanismos eficientes de protección de los Derechos de Propiedad Intelectual.

11. Promover la participación de las Mipymes en las instancias oficiales del MERCOSUR y otros organismos de nivel regional e internacional.

12. Realizar cualquier otra actividad tendiente a mejorar la eficacia y eficiencia de las Mipymes.

13. Promover la vinculación academia-empresa, procurando la colaboración de las universidades y los institutos técnicos y tecnológicos para la capacitación de empresarios y trabajadores en la formulación de programas educativos, consultarías y asesorías dirigidas a fortalecer la productividad y competitividad de las Mipymes.

14. Conformar mesas de trabajo interdisciplinarias del sector público y privado que integren el Sistema Nacional de Mipymes.

15. Propulsar las Sociedades de Garantías recíprocas.

16. Coordinar con el Ministerio de Educación y Cultura la implementación en el Programa de estudios del nivel secundario, temas como emprendedurismo, ideas de negocios, plan de negocios y gestión empresarial.

17. Desarrollar un sistema de información para el adecuado proceso de toma de decisiones para el monitoreo, supervisión y control de las acciones políticas, de planes y programas administrativos que se realicen.

Decreto Nº 9.261/12 - Crease el Viceministerio de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas del Ministerio de Industria y Comercio.

Artículo 15.- FACULTAD DE CREAR DIRECCIONES.

El Ministerio de Industria y Comercio reestructurará su organigrama sobre la base de la presente Ley y demás disposiciones vigentes.

CAPÍTULO III
DE LA CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA
SECCIÓN I

Artículo 16.- FACULTAD DE CREAR DIRECCIONES.

El Ministerio de Industria y Comercio reestructurará su organigrama sobre la base de las más disposiciones vigentes.

El Estado promoverá, a través del Ministerio de Industria y Comercio, los servicios y acciones de capacitación y asistencia técnica en las materias de prioridad establecidas en el plan y programas estratégicos de promoción y formalización para la competitividad y desarrollo de las Mipymes, así como los mecanismos para atenderlos.

Los programas de capacitación y asistencia técnica estarán orientados a:

a) La creación de empresas.

b) La organización y asociativídad empresarial.

c) La gestión empresarial.

d) La producción y productividad.

e) La comercialización y mercadotecnia.

f) El financiamiento.

g) Las actividades económicas estratégicas.

h) Los aspectos legales y tributarios.

Los programas de capacitación y asistencia técnica deberán estar referidos a indicadores aprobados por el Viceministerio de Mipymes que incluyan niveles mínimos de cobertura, periodicidad, contenido, calidad e impacto en la productividad.

Artículo 17.- PROMOCIÓN DE LA INICIATIVA PRIVADA.

El Estado apoya e incentiva la iniciativa privada que ejecuta acciones de capacitación y Asistencia Técnica de las Mipymes.

El Reglamento de la presente Ley establecerá las medidas promocionales en beneficio de las instituciones privadas, que brinden a las Mipymes capacitación, asistencia técnica, servicios de investigación, asesoría y consultaría entre otros.

El Ministerio de Industria y Comercio coordinará con el Ministerio de Justicia y Trabajo y el Ministerio de Educación y Cultura el reconocimiento de las entidades especializadas en formación y capacitación laboral como entidades educativas.

SECCIÓN II
DE LA INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS

Artículo 18.- MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA.

El Sistema impulsará la modernización tecnológica del tejido empresarial de las Mipymes y el desarrollo del mercado de servicios tecnológicos como elementos de soporte de un sistema nacional de innovación continua.

La promoción, articulación y operativización de la investigación e innovación tecnológica será coordinada por el Ministerio de Industria y Comercio, la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), Universidades y Centros de Investigación con las Mipymes.

Artículo 19.- SERVICIOS TECNOLÓGICOS.

El Sistema promoverá la inversión en investigación, desarrollo e innovación tecnológica, así como la inversión en formación y entrenamiento de sus recursos humanos, orientados a dar igualdad de oportunidades de acceso a la tecnología y el conocimiento, con el fin de incrementar la productividad, la mejora de la calidad de los procesos productivo, y productos, la integración de las cadenas productivas ínter e intrasectoriales y en general la competitividad de los productos y las líneas de actividad con ventajas distintivas.

Para ello, también promoverá la vinculación entre Universidades y Centros de Investigación con las Mipymes.

Artículo 20.- OFERTA DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS.

El Sistema promoverá la oferta de seivicios tecnológicos orientada a la demanda de las Mipymes, como soporte a las empresas, facilitando el acceso a fondos específicos de financiamiento o cofinanciamiento, a Centros de Innovación Tecnológica o de Desarrollo Empresarial, a Centros de Información u otros mecanismos o instrumentos, que incluyen la investigación, el diseño, la información la capacitación, la asistencia técnica, la asesoría y la consultoría empresarial, los servicios de laboratorio necesarios y las pruebas piloto.

CAPÍTULO IV
DEL REGISTRO NACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES PARA LAS MIPYMES
SECCIÓN I
DEL REGISTRO NACIONAL

Artículo 21.- REGISTRO NACIONAL.

Las Mipymes que deseen acogerse a cualquiera de los beneficios establecidos en la presente Ley, deberán registrarse en el Sistema Unificado de Apertura de Empresas (SUAE), que funciona en el Ministerio de Industria y Comercio.

En caso de registro de una nueva empresa, se considerará el monto de los activos patrimoniales expresados en salarios mínimos mensuales legalmente establecidos para actividades diversas no especificadas. Además del número de empleados ocupados.

Artículo 22.- BASE DE DATOS Y PAGINA WEB.

El Ministerio tendrá una base de datos oficial integrada a los Municipios y otras instituciones públicas y privadas, donde consten todas las Mipymes del país registradas para la certificación de la existencia formal y legal de las mismas. Todos los datos mencionados en el presente artículo, serán de libre acceso al público y estarán disponibles en la página web del Ministerio de Industria y Comercio.

Artículo 23.- REGISTRO Y PATENTE MUNICIPAL.

Las Mipymes podrán ser registradas además en sus respectivos Municipios, las que deberán habilitar un Registro Municipal de Mipymes y transferir mensualmente los datos registrados, conforme a las normas reglamentarias dictadas por el Ministerio de Industria y Comercio para el efecto. Las Municipalidades deberán aplicar un sistema coordinado y compatible con el sistema implementado del Ministerio de Industria y Comercio y sus Oficinas Regionales.

Artículo 24.- GRATUIDAD DE LA INSCRIPCIÓN Y APERTURA.

Los trámites de registro de inscripción y apertura se harán en el Ministerio de Industria y Comercio, en los Municipios o en las Oficinas Regionales del Ministerio de Industria y Comercio, y serán gratuitos. Estas Instituciones deberán proveer a las Mipymes de un documento que certifique la existencia de las mismas y permita el funcionamiento de éstas, a partir del momento mismo de su inscripción. Estos mecanismos serán reglamentados por el Ministerio de Industria y Comercio.

Artículo 25.- MIGRACIÓN DE CATEGORÍA.

A pedido de parte o como resultado de la inspección que realice el órgano verificador correspondiente, la empresa que supere los límites establecidos para cada categoría pasará a integrar la siguiente; debiendo dejar constancia de ello en el registro pertinente. La inspección podrá efectuarse a pedido de parte interesada o de oficio.

Artículo 26.- REQUISITOS.

A los efectos de la inscripción o migración de categoría, los interesados presentarán, por declaración jurada, los siguientes recaudos;

a) Datos personales del responsable;

b) Domicilio del mismo y del lugar de funcionamiento de la empresa;

c) Descripción de la actividad o giro;

d) Composición o estimación del patrimonio;

e) Número, nombre y cédula de identidad de trabajadores contratados;

f) Monto de facturación anual;

g) Categoría en la que pretenda inscribirse (MIE, PE o ME).

Para las nuevas Mipymes, y al solo efecto del primer registro no se requerirá el ítem f) sino el ítem d), mientras que para las ya inscriptas, se deberán consignar los datos del año inmediato anterior de la inscripción.

Cumplidos estos recaudos, la inscripción se formalizará en el acto de la presentación de la solicitud y de pleno derecho, salvo que el solicitante haya incumplido algún recaudo establecido en esta Ley o en la reglamentación respectiva.

La entidad inscriptora podrá inscribir en una categoría diferente a la solicitada, cuando así corresponda de acuerdo con los parámetros establecidos en esta Ley.

Artículo 27.- CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN. CÉDULA MIPYMES.

El certificado de inscripción será suficiente documento para acreditar como entidad jurídica a las Mipymes ante cualquier Institución pública o privada. El Certificado de inscripción o cédula Mipymes será otorgado gratuitamente y deberá renovarse en un plazo no mayor a tres años, a los efectos de actualizar los datos.

Artículo 28.- SIGLAS OBLIGATORIAS.

Para su mejor identificación por los usuarios, agencias de créditos y terceros de buena fe, será obligatorio para las Mipymes inscriptas, agregar a su nombre las siglas MIE, PE, ME, según sea la categoría en la cual queden registradas.

Artículo 29.- INFORMES DE LOS MUNICIPIOS.

Los Municipios y las Oficinas Regionales del Ministerio de Industria y Comercio están obligados a mantener los registros de las Mipymes actualizados, y de estos mantener permanentemente informado al Sistema Unificado de Apertura de Empresas (SUAE).

Artículo 30.- SISTEMA UNIFICADO DE APERTURA DE EMPRESAS (SUAE).

Deberá proveer todos los datos de las Mipymes registradas, que sean necesarios y pertinentes a los organismos públicos y privados para la ímplementación del sistema de promoción, apoyo y fortalecimiento del sector.

SECCIÓN II
DE LA SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES

Artículo 31.- SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES.

Las instituciones y dependencias del Gobierno Central Departamental y Municipal reducirán al mínimo indispensable los trámites y procedimientos exigidos para la constitución, registro, fiscalización y apoyo a las Mipymes, así como para el cumplimiento de las obligaciones y la obtención de los beneficios a los que se refiere esta Ley; y deberán facilitar a las mismas el acceso a recursos disponibles para su promoción y desarrollo.

Artículo 32.- PROCEDIMIENTOS DE APERTURA Y CIERRE DE MIPYMES.

La reglamentación de esta Ley establecerá las demás normas de procedimiento para la apertura y cierre de las Mipymes, reduciendo al mínimo indispensable los costos, trámites y exigencias burocráticas.

Ley N° 4.986/13 Artículo 1°.

Artículo 33.- LIBROS Y DOCUMENTOS.

Las Microempresas podrán ejercer su actividad comercial con un sistema contable básico, libro diario de ingresos y egresos, así como el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

La Subsecretaría de Estado de Tributación reglamentará los procedimientos necesarios para el cumplimiento del presente artículo.

CAPÍTULO V
DEL APOYO FINANCIERO

Artículo 34.- ACCESO AL CRÉDITO.

De conformidad con el fortalecimiento del proceso de competitividad y desarrollo, declárase de interés público la actividad de crédito a favor de las Mipymes en todo el país. Las Mipymes podrán acceder a créditos que contemplen plazos prolongados de amortización, períodos de gracia, tasas de interés competitivas y otras condiciones especiales establecidas en las normas reglamentarias a ser dictadas por las autoridades competentes que regulan el sector.

Artículo 35.- CRÉDITOS PREFERENCIALES.

Las Mipymes podrán acceder a líneas de créditos preferenciales cuando los mismos sean destinados a la modernización, tecnificación, mecanización e incorporación de nuevas tecnologías para la reconversión, el aumento de la productividad y el fomento de la comercialización en los mercados nacionales, regionales y mundiales. Igualmente, se buscarán acciones positivas que faciliten el acceso al crédito para sectores vulnerables como: personas con discapacidad, jefas de hogar, madres solteras y productores rurales familiares.

Artículo 36.- CREACIÓN DE NUEVOS MECANISMOS ALTERNATIVOS DE FINANCIAMIENTOS PARA LAS MIPYMES.

El Viceministerio de las Mipymes, del Ministerio de Industria y Comercio, será el órgano encargado de articular mecanismos alternativos de financiamiento para las mismas, y en ese sentido, estimular la creación de sociedades de garantías recíprocas; promover políticas para diseñar sistemas operativos de constitución de fideicomisos y fundamentar ante los órganos pertinentes incentivos impositivos de la inclusión de partidas presupuestarias en el Presupuesto General de la Nación para el apoyo del sector.

Artículo 37.- PRESUPUESTO BÁSICO.

El Presupuesto General de la Nación incluirá partidas presupuestarias básicas y anuales, no inferiores a quince mil salarios mínimos para actividades diversas no especificadas, para atender las necesidades de financiamiento y cooperación técnica de las Mipymes. Los recursos no ejecutados serán acumulables y pasaran a formar un Fondo Operativo llamado FONAMYPE para el financiamiento de las Mipymes. La utilización del fondo y su funcionamiento serán reglamentados por Decreto del Poder Ejecutivo.

CAPÍTULO VI
DEL RÉGIMEN TRIBUTARIO

Artículo 38.- IMPUESTOS DIFERENCIADOS.

Las Mipymes definidas como tales en la presente Ley, cuyos ingresos devengados en el año civil anterior no superen los montos establecidos en los Artículos 5° y 6° de esta Ley, abonarán impuestos diferenciados, conforme a los criterios establecidos en el presente Capítulo.

Artículo 39.- EXONERACIONES IMPOSITIVAS PARA LAS MICROEMPRESAS.

Solo las Microempresas (MIE) estarán exoneradas de todo otro tributo nacional, salvo el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), el Impuesto Inmobiliario que se debe abonar en las Municipalidades y el Impuesto a la Renta del Pequeño Contribuyente (IRPC). Los Gobiernos locales podrán reducir el costo de las tasas y contribuciones municipales, a los efectos de incentivar la formalización y creación de Microem presas en los distritos de su jurisdicción.

Artículo 40.- IMPUESTOS PARA LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.

Las Pequeñas y Medianas Empresas abonarán los tributos normalmente conforme a las Leyes tributarias vigentes.

Para las Microempresas, el régimen de liquidación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) será el establecido para los contribuyentes del Impuesto a la Renta del Pequeño Contribuyente.

Artículo 41.- CONSTANCIA DE NO ADEUDAR IMPUESTOS.

Será necesaria la presentación de la constancia de no adeudar impuestos expedida por el Ministerio de Hacienda para tramitar ante el Ministerio de Industria y Comercio la renovación de la acreditación en el registro de Mipymes.

Artículo 42.- FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA.

La primera intervención de las Microempresas por los órganos recaudadores ordinarios o el verificador del cumplimiento de obligaciones impuestas por la presente ley, se limitará a dejar constancia de las irregularidades comprobadas y a comunicarlas a la Administración Tributaria para que esta indique las medidas correctivas y establezca un plazo prudencial para que se las ponga en práctica.

Artículo 43.- LIBROS DE REGISTROS.

Las Microempresas estarán exentas de la obligación de llevar libros de registros contables exigidos por el Código Civil y Leyes especiales. Sin embargo, estarán obligadas a llevar un único Libro Diario para el registro de sus ingresos y egresos, el que deberá estar rubricado por el Juez de Paz del lugar o la autoridad judicial pertinente.

CAPÍTULO VII
DEL REGIMEN LABORAL

Artículo 44.- DE LAS RELACIONES LABORALES DE LAS MIPYMES.

Las relaciones laborales entre el trabajador y las Micros y Pequeñas Empresas serán reguladas por las disposiciones establecidas en la presente Ley, rigiendo supletoriamente las normas del Código Laboral, en el que no contradígala presente Ley.

Artículo 45.- CONTRATO DE TRABAJO DE TIEMPO DETERMINADO.

Las Micro empresas y Pequeñas empresas podrán celebrar contrato de trabajo de plazo determinado por hasta doce meses de duración, el mismo será prorrogable por igual plazo, a cuyo vencimiento, el contrato concluirá sin obligación de preavisar ni de indemnizar.

A la categoría de Microempresa, la autoridad administrativa del trabajo podrá autorizar el pago de salarios sobre una base no inferior al 80% (ochenta por ciento) del salario mínimo legal establecido para actividades diversas no especificadas, durante los tres primeros años contados desde su formalización.

El empleador otorgará al trabajador en forma inmediata y gratuita el correspondiente certificado de trabajo.

El contrato de trabajo se extenderá por escrito en triplicado. Una copia quedará en poder de cada una de las partes y la tercera será presentada por el empleador ante la autoridad administrativa del trabajo para su homologación y registro.

En el momento de la celebración del contrato, se deberá incluir al trabajador dependiente en el Registro Único de Personal.

La prórroga del plazo del contrato de trabajo será comunicada a la autoridad administrativa del trabajo para su homologación y registro, con diez días de anticipación a la fecha de vencimiento del plazo acordado inicialmente.

Durante la vigencia del contrato que vincule al trabajador con las Microempresas, el despido injustificado dispuesto antes del vencimiento del plazo del contrato, dará derecho al trabajador a percibir las indemnizaciones equivalentes por el despido injustificado y por la falta de preaviso establecidas en el Código del Trabajo. Cuando el despido sea por causas imputables al trabajador, regirán las reglas establecidas en la legislación laboral ordinaria.

Si al vencimiento de los plazos previstos precedentemente, se suscribiese un nuevo contrato o la relación laboral continuase vigente de hecho, esta se regirá por las normas del Código del Trabajo y disposiciones complementarias.

Artículo 46.- REGISTRO ÚNICO DE PERSONAL.

En las Micro y Pequeñas empresas quedarán sustituidos los libros exigidos por el Código del Trabajo y demás normas jurídicas laborales, por un Registro Único de Personal anexo al Registro Único del Sistema Unificado de Apertura de Empresas, en el que se hará constar los siguientes datos personales del trabajador dependiente: nombre y apellido, domicilio, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, trabajo o servicio a ejecutar, horario de trabajo, días de trabajo, días de descanso semanal, remuneración, y en ocasión del cobro de cada sueldo, vacaciones, aguinaldo y demás beneficios, los montos percibidos, las fechas de recepción, el concepto, y la firma del trabajador. Cada trabajador recibirá una constancia escrita de los asientos de este Registro Único de Personal. Siendo de responsabilidad del empleador la entrega de este documento.

Una copia de cada registro será remitida por el Sistema Unificado de Apertura de Empresas (SUAE) a la Dirección General del Trabajo, del Ministerio de Justicia y Trabajo, a partir de la formalización de la inscripción en el Registro mencionado en el párrafo anterior.

CAPITULO VIII
DEL SEGURO SOCIAL

Artículo 47.- SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO DE SALUD.

El Seguro Social de Salud del Instituto de Previsión Social será obligatorio para las Mipymes, conforme al régimen de seguridad social establecido para todas las empresas del país y sus trabajadores dependientes ocupados.

Ley N° 5.741/16 Artículo 1°

CAPÍTULO IX
DE LAS PENALIDADES

Artículo 48.- SANCIONES.

El régimen de sanciones previsto en el Libro V, Capítulo III, de la Ley N° 125/91 "QUE ESTABLECE EL NUEVO RÉGIMEN TRIBUTARIO", modificada y ampliada por la Ley N° 2421/04 "DE REORDENAMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE ADECUACIÓN FISCAL", se aplicará a las Mipymes en los siguientes casos:

a) Cuando constatada la irregularidad en la primera intervención e indicadas las medidas correctivas, estas no fueran puestas en práctica dentro del plazo señalado por la Autoridad Tributaria, conforme lo previsto en el Artículo 42 de la presente Ley;

b) Cuando aun exonerada de los recargos, la empresa no abone los impuestos y tasas adeudados por los años anteriores a la intervención, dentro del plazo señalado por los organismos recaudadores o de verificación;

c) Cuando sea constatada la defraudación tipificada en el Artículo 172 de la Ley N° 125/91 "QUE ESTABLECE EL NUEVO RÉGIMEN TRIBUTARIO; y,

d) Cuando con anterioridad a la primera intervención, el órgano recaudador ordinario o el verificador del cumplimiento de la presente ley, vuelva a verificar irregularidades que de acuerdo con la legislación vigente merezcan sanción.

En los casos que se comprueben indicios de dolo o fraude, el ente fiscalizador lo pondrá en conocimiento de la instancia administrativa y judicial que corresponda, sin perjuicio de las sanciones penales en los casos de evasión fiscal.

Artículo 49.- SUSTITUCIÓN DE MULTAS POR CAPACITACIÓN.

En los casos en que las Micro y Pequeñas empresas se vean obligadas al pago de multas por la comisión de infracciones formales, podrán sustituirlas por cursos de capacitación que podrán ser realizados por el sector público o privado, debidamente fiscalizados. Las multas serán exoneradas contra la presentación del certificado de cumplimiento y aprobación del curso realizado en el equivalente del costo del curso. La autoridad de aplicación reglamentará el sistema de implementación.

Resolución N° 2.852/19 Artículo 1°.

Artículo 50.- EVASIÓN DE TRIBUTOS.

Las personas físicas y jurídicas que se inscribiesen y permaneciesen dentro de las categorías establecidas en esta Ley y sus normas reglamentarias para las Mipymes sin corresponder a ellas, deberán pagar los tributos evadidos con la correspondiente multa, establecida en las leyes tributarias, independientemente de las sanciones que correspondan a sus representantes legales, de conformidad con las disposiciones penales. Igualmente será cancelada su inscripción. En estos casos, el pago de la multa no podrá ser sustituido por la de capacitación.

Artículo 51.- CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN.

La persona física o jurídica a la que se hubiese cancelado su inscripción dentro de las categorías Mipymes, pierde los beneficios, no pudiendo reinscribirse antes de haber transcurrido seis meses de su cancelación y siempre que haya cumplido con todas las sanciones tributarias o penales aplicadas.

CAPÍTULO X
DE LAS DISPOSICIONES FINALES

Artículo 52.- BENEFICIOS DE LEYES ANTERIORES.

El tratamiento diferenciado de esta Ley no excluye otros beneficios que fueron concebidos con anterioridad a su vigencia para las Mipymes, por lo que en caso de duda, se debe aplicar la interpretación que mejor favorezca a las mismas.

Artículo 53.- DE LA REGLAMENTACIÓN.

El Poder Ejecutivo reglamentará la presente Ley en un plazo máximo de noventa días de su promulgación.

Artículo 54.- DEROGACIONES EXPRESAS.

Deróganse todas las disposiciones contrarias a la presente Ley.

Artículo 55.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Aprobado el proyecto de Ley por la Honorable Cámara de Senadores, a los cuatro días del mes de agosto del año dos mil once, quedando sancionado el mismo por la Honorable Cámara de Diputados, a los quince días del mes de setiembre del año dos mil once, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 207 numeral 1) de la Constitución Nacional. Objetado parcialmente por Decreto del Poder Ejecutivo N° 7.516 del 24 de octubre de 2011. Rechazada la objeción parcial por la H. Cámara de Diputados el diecisiete de noviembre de 2011 y por la H. Cámara de Senadores, el veintinueve de marzo de 2012, de conformidad con lo establecido en el Artículo 208 de la Constitución Nacional.

Ley N° 6480/20

“QUE CREA LA EMPRESA POR ACCIONES SIMPLIFICADAS (EAS)”

CAPÍTULO I - DEFINICIONES GENERALES

Artículo 1.- Constitución. La Empresa por Acciones Simplificadas, denominada en adelante como EAS, podrá constituirse por una o más personas físicas o jurídicas, quienes realizan aportes con el objeto de realizar una actividad lucrativa lícita en forma organizada, participando de los beneficios y soportando las pérdidas en la forma prevista en la presente Ley. La EAS unipersonal no puede constituir ni participar en otra EAS unipersonal.

La EAS es una empresa de capital cuya naturaleza será siempre comercial, con independencia de las actividades previstas en su objeto social. Sin embargo, para efectos tributarios, la EAS se regirá por las reglas aplicables a la naturaleza de sus actividades, sin que la naturaleza comercial de su estructura societaria influya en la definición de los tributos que la afecten, salvo disposición expresa en contrario de las normas tributarias aplicables.

Artículo 2.- Registro de EAS. El acto constitutivo y los estatutos de las EAS aprobados en la forma establecida por la presente Ley, así como las modificaciones de estatutos y liquidación de las mismas, se inscribirán en el Ministerio de Hacienda, en la dependencia designada para el efecto.

Artículo 3.- Personalidad Jurídica. La EAS adquiere personalidad jurídica desde su inscripción ante la dependencia del Ministerio de Hacienda encargada del registro, momento desde el cual formará una persona jurídica distinta a la de sus integrantes.

Formalizada la inscripción de la EAS, ésta se comunicará a la Dirección General de Registros Públicos.

Artículo 4.- Responsabilidad. Cada integrante de la EAS será solidaria e ilimitadamente responsable de las obligaciones contraídas en nombre de la empresa hasta tanto ésta adquiera su personalidad jurídica.

Vigente la personalidad jurídica de la empresa, ésta responderá de sus obligaciones solo con su patrimonio. Los integrantes de la EAS no serán responsables por las obligaciones laborales, tributarias o de cualquier otra naturaleza en que incurra la empresa, y sólo responderán ante ésta hasta el monto de los aportes comprometidos.

CAPÍTULO II - CONSTITUCIÓN Y PRUEBA DE LA EAS

Artículo 5.- Contenido del documento de constitución. La EAS se creará mediante contrato o acto unilateral que conste en instrumento público, o instrumento privado con certificación de firma por escribano público o funcionario registrador de la oficina ante la cual se efectúe la inscripción, a menos que para su constitución se aporten bienes que requieran para su transferencia de escritura pública, en cuyo caso se deberá llenar esta formalidad para su constitución e inscripción.

El acto constitutivo de la empresa, sin perjuicio de las cláusulas que los integrantes de la EAS resuelvan incluir, deberá indicar cuanto menos lo siguiente:

a)	Nombre, documento de identidad y domicilio de los integrantes de la empresa.
b)	La denominación de la persona jurídica, seguida de las palabras “Empresa por Acciones Simplificada” o de sus iniciales (EAS).
c)	El domicilio principal de la empresa.
d)	El objeto de la empresa.
e)	La duración de la empresa, la que se entenderá que es indefinida en caso de que el acto constitutivo no contenga disposición al respecto.
f)	El capital social, el emitido, el suscripto y el integrado, la clase, número y valor nominal de las acciones y la forma y términos en que éstas deberán integrarse.
g)	Las normas según las cuales se deben distribuir las utilidades y la cuota de cada integrante en ellas y las pérdidas.
h)	La organización de la administración, de las reuniones de integrantes de la empresa y, en su caso, de la fiscalización.

El instrumento constitutivo en la forma que se realice y de acuerdo a los recaudos del presente artículo, deberá ingresarse única y exclusivamente a través del Sistema Unificado de Apertura y Cierre de Empresas (SUACE), dependiente del Ministerio de Industria y Comercio, además de contener la individualización de los integrantes de los órganos de administración y, en su caso, del órgano de fiscalización, fijándose el término de duración en los cargos e individualizándose el domicilio donde serán válidas todas las notificaciones que se les efectúen en tal carácter. En todos los casos, deberá designarse representante legal.

Artículo 6.- Publicidad. La Constitución de la EAS deberá publicarse en la página web del Sistema Unificado de Apertura y Cierre de Empresas (SUACE), debiendo contener esta publicación los siguientes datos:

a)

En oportunidad de su constitución, la información prevista en el artículo anterior de la presente Ley y la fecha del instrumento constitutivo.

b)

En oportunidad de la modificación del instrumento constitutivo o de la disolución de la EAS: La fecha de la resolución de la reunión de los integrantes de la EAS que aprobó la modificación del instrumento constitutivo o su disolución, aclarando los alcances de la decisión adoptada. Cuando la modificación afecte a alguno de los puntos enumerados en los incisos del artículo anterior, la publicación deberá determinarlo en la forma allí establecida.

Artículo 7.- Formulario de acto de constitución y modelo de estatutos. La dependencia del Ministerio de Hacienda que sea designada al efecto aprobará por Resolución un formulario para la inscripción de la EAS, cuyo anexo contendrá un modelo de estatutos los cuales se encontrarán disponibles en la página web del referido Sistema Unificado de Apertura y Cierre de Empresas (SUACE).

Artículo 8.- Inscripción registral. La documentación correspondiente deberá presentarse ante el Sistema Unificado de Apertura y Cierre de Empresas (SUACE), quien derivará la misma a la dependencia del Ministerio de Hacienda encargada del registro, que previa verificación del cumplimiento de las normas legales y reglamentarias de aplicación, procederá a su inscripción.

El Ministerio de Hacienda establecerá los mecanismos necesarios e idóneos de identificación de los socios y recurrentes de la EAS.

En caso que se introduzcan modificaciones al modelo establecido en el Artículo 7º de la presente Ley, o se presenten otros estatutos sociales, se requerirá dictamen favorable de la Abogacía del Tesoro.

La dependencia del Ministerio de Hacienda encargada del registro, deberá dictar e implementar las normas reglamentarias a los efectos mencionados en este artículo, previéndose el uso de medios digitales y estableciéndose un procedimiento de notificación electrónica y resolución de las observaciones que se realicen a la documentación presentada. Igual criterio se aplicará respecto a las reformas del instrumento constitutivo.

Artículo 9.- Prueba de existencia de la empresa. La existencia de la EAS y las cláusulas estatutarias se probarán con la certificación de la dependencia del Ministerio de Hacienda encargada del registro, en donde conste no estar disuelta ni liquidada la empresa.

CAPÍTULO III

REGLAS ESPECIALES SOBRE EL CAPITAL Y LAS ACCIONES

Artículo 10.- Capital social. El capital se dividirá en partes denominadas acciones. La suscripción e integración del capital podrá hacerse en condiciones, proporciones y plazos distintos de los previstos en las normas contempladas en el Código Civilpara las sociedades anónimas, pero en ningún caso el plazo para la integración de las acciones excederá de 2 (dos) años.

Artículo 11.- Clases de acciones. Se podrán emitir acciones nominativas endosables o no, ordinarias o preferidas, indicando su valor nominal y los derechos económicos y políticos reconocidos a cada clase, si hubiere distintas clases. También podrán emitirse acciones escriturales.

Artículo 12.- Aportes. Los aportes podrán realizarse en dinero u otros bienes. Los aportes en bienes distintos al dinero podrán ser efectuados al valor que unánimemente pacten los integrantes de la EAS en cada caso, quienes deberán indicar en el instrumento constitutivo los antecedentes justificativos de la valuación.

En caso de insolvencia o quiebra de la empresa, los acreedores pueden impugnar dicha valuación en el plazo de 5 (cinco) años de realizado el aporte. La impugnación no procederá si la valuación se realizó judicialmente. Los estados contables deberán contener notas donde se exprese el mecanismo de valuación de los aportes en especie con que se integró el capital social.

Artículo 13.- Garantía por la integración de los aportes. Los integrantes de la EAS garantizan solidaria e ilimitadamente a los terceros la integración de los aportes comprometidos a la empresa.

Artículo 14.- Aumento de capital. En oportunidad de aumentarse el capital social, la reunión de integrantes de la EAS podrá decidir las características de las acciones a emitir, indicando la clase y derechos de las mismas.

La emisión de acciones podrá efectuarse a valor nominal o con prima de emisión, pudiendo fijarse primas distintas para las acciones que sean emitidas en un mismo aumento de capital. A tales fines, deberán emitirse acciones de distinta clase que podrán reconocer idénticos derechos económicos y políticos, con primas de emisión distintas.

Artículo 15.- Voto singular o múltiple. En los estatutos se expresarán los derechos de votación que le correspondan a cada clase de acción, con indicación expresa sobre la atribución de voto singular o múltiple, si ello se hubiere previsto.

Artículo 16.- Restricción a la negociación de acciones. En los estatutos podrá estipularse la prohibición de negociar las acciones emitidas por la empresa o alguna de sus clases, siempre que la vigencia de la restricción no exceda del término de 5 (cinco) años, contados a partir de la emisión. En caso de omisión de su tratamiento en los estatutos, toda transferencia de acciones deberá ser notificada a la empresa e inscripta en el respectivo libro de registro de acciones a los fines de su oponibilidad respecto de terceros.

Este término sólo podrá ser prorrogado por períodos adicionales no mayores de 5 (cinco) años, por voluntad unánime de los integrantes de la empresa cuyas acciones representen la totalidad del capital de la EAS.

En los títulos y en el libro de registro de acciones deberá hacerse referencia expresa sobre la restricción a que alude este artículo. Tratándose de acciones escriturales, dichas restricciones deberán constar en los comprobantes que se emitan.

Artículo 17.- Violación de las restricciones a la negociación. Toda negociación o transferencia de acciones efectuada en contravención a lo previsto en los estatutos será anulable, teniendo legitimidad para ello los demás integrantes de la EAS.

Artículo 18.- Autorización y Comunicación de la transferencia de acciones. Los estatutos podrán someter toda negociación de acciones o de alguna clase de ellas a la autorización previa del órgano de gobierno de la EAS y posterior comunicación al Ministerio de Hacienda.

Indefectiblemente, toda transferencia de acciones deberá cumplir con las comunicaciones y los requisitos señalados en las normativas vigentes, relacionadas a las sociedades constituidas por acciones.

CAPÍTULO IV - ORGANIZACIÓN DE LA EAS

Artículo 19.- Organización de la empresa. En los estatutos de la EAS se determinará libremente la estructura orgánica de la empresa y demás normas que rijan su funcionamiento.

A falta de estipulación estatutaria, se entenderá que todas las funciones previstas en los Artículos 1079 y 1080 del Código Civil serán ejercidas por el órgano de gobierno o por la persona cuando fuere EAS Unipersonal, y que la de administración estará a cargo del representante legal.

Durante el tiempo que la EAS sea Unipersonal, la persona integrante podrá ejercer las atribuciones que la Ley le confiere a los diversos órganos sociales, incluidas las del representante legal.

Artículo 20.- Reuniones por comunicación simultánea o sucesiva y por consentimiento escrito. Se podrán realizar reuniones no presenciales por comunicación simultánea o sucesiva y por consentimiento escrito de los integrantes de la EAS.

Artículo 21.- Órgano de gobierno. La reunión de los integrantes de las EAS es el órgano de gobierno de la EAS. En la EAS con integrante único las resoluciones del órgano de gobierno corresponden a las decisiones adoptadas por éste.

El instrumento constitutivo podrá establecer que las reuniones de integrantes de la EAS se celebren en la sede de la empresa o fuera de ella, utilizando medios que les permitan a los integrantes de la EAS y participantes comunicarse simultáneamente entre ellos. El acta deberá ser suscripta por 1 (un) representante de los integrantes de la EAS electo al efecto, o por el integrante único, así como por el administrador o el representante legal, si fuere una persona distinta, debiéndose guardar las constancias de acuerdo al medio utilizado para comunicarse.

Sin perjuicio de lo expuesto, son válidas las resoluciones resultado del voto de los integrantes de la EAS que sean debidamente comunicadas al órgano de administración dentro de los 10 (diez) días de habérseles cursado consulta simultánea a los integrantes de la EAS; o las que resultan de la declaración escrita en la que todos los integrantes de la EAS expresan el sentido de su voto.

Artículo 22.- Convocatoria del órgano de gobierno. Salvo estipulación estatutaria en contrario, el órgano de gobierno será convocado por el representante legal de la empresa, mediante comunicación escrita dirigida a cada integrante de la EAS con una antelación mínima de 5 (cinco) días hábiles. Toda comunicación o citación a los integrantes de la EAS deberá dirigirse al domicilio expresado en el instrumento constitutivo, salvo que se haya notificado su cambio al órgano de administración. En el aviso de convocatoria se insertará el orden del día correspondiente a la reunión.

Cuando hayan de aprobarse balances de fin de ejercicio u operaciones de transformación, fusión, escisión, disolución o liquidación, el derecho de inspección de los integrantes de la EAS podrá ser ejercido durante los 5 (cinco) días hábiles anteriores a la reunión, a menos que en los estatutos se convenga un plazo mayor.

La primera convocatoria para una reunión del órgano del gobierno podrá incluir igualmente la fecha en que habrá de realizarse una reunión de segunda convocatoria en caso de no poderse llevar a cabo la primera reunión por falta de quórum.

La segunda reunión no podrá ser fijada para una fecha posterior a los 30 (treinta) días hábiles contados desde ese mismo momento.

Artículo 23.- Quórum y mayorías del órgano de gobierno. Salvo estipulación en contrario, el órgano de gobierno se constituirá válidamente con la presencia de uno o varios de los integrantes de la EAS que representen la mayoría de las acciones integradas.

Las determinaciones se adoptarán mediante el voto favorable de los integrantes de la EAS que represente la mayoría de las acciones presentes, salvo que en los estatutos se prevea una mayoría superior para algunas o todas las decisiones.

Artículo 24.- Órgano de gobierno autoconvocado. El órgano de gobierno podrá convocarse a sí mismo y quedará válidamente constituido en aquellos casos en que se reúnan en un mismo lugar los integrantes que representen el 100% (cien por ciento) de las acciones con derecho a voto. En este caso deberán firmar el acta la totalidad de los integrantes de la EAS presentes y deberá designarse por lo menos a uno de ellos para que presente dicha acta a la empresa, a fin de que surta efectos contra ella.

Artículo 25.- Acuerdos entre integrantes de la EAS. Los acuerdos que se resuelvan entre integrantes de la EAS sobre compra o venta de acciones, la preferencia para adquirirlas, las restricciones para transferirlas, el ejercicio del derecho de voto, la persona que habrá de ostentar las acciones en el órgano de gobierno y cualquier otro asunto lícito, deberán ser acatadas por la EAS, si contare con autorización unánime de los integrantes de la EAS u órgano de gobierno.

La comunicación al órgano de administración se ejecutará conforme a lo establecido en el Artículo 21 de la presente Ley.

La EAS podrá requerir por escrito a los integrantes de las EAS que suscribieron el acuerdo, las aclaraciones sobre cualquiera de las cláusulas del mismo, en cuyo caso la respuesta deberá suministrarse, también por escrito, dentro de los 5 (cinco) días siguientes al recibo de la solicitud.

Artículo 26.- Órgano de administración. La EAS no estará obligada a tener un órgano de administración, salvo previsión estatutaria en contrario. Si no se estipula la creación de un órgano de administración, la totalidad de las funciones de administración y representación legal le corresponderán al representante legal designado en el instrumento constitutivo o por el órgano de gobierno.

En caso de preverse en los estatutos la creación de un órgano de administración, éste podrá integrarse con una o varias personas físicas, integrantes de la EAS o no. Los miembros del órgano de administración podrán ser designados por cualquier método previsto en los estatutos, y a falta de esto, por las normas previstas para la administración y representación de las sociedades anónimas. Deberá designarse por lo menos un suplente, en caso de que se prescinda del órgano de fiscalización.

Los administradores que deban participar en una reunión del órgano administrador pueden autoconvocarse para deliberar, sin necesidad de citación previa. Las resoluciones del órgano de administración que se tomen serán válidas si asisten todos los integrantes y el orden del día es aprobado por la mayoría prevista en los estatutos.

Las reuniones podrán realizarse en la sede de la empresa o fuera de ella, utilizando medios que les permitan a los participantes comunicarse simultáneamente entre ellos. El acta deberá ser suscripta por el administrador o el representante legal, debiéndose guardar las constancias de acuerdo al medio utilizado para comunicarse.

Artículo 27.- Representación legal. La representación legal de la EAS estará a cargo de una o más personas físicas, designadas en la forma prevista en los estatutos. A falta de estipulaciones, se entenderá que el representante legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la empresa.

Artículo 28.- Responsabilidad de administradores. Las reglas relativas a la responsabilidad de administradores de las sociedades anónimas contenidas en el Código Civil les serán aplicables tanto al representante legal como a los integrantes del órgano de administración de la EAS.

Artículo 29.- Órgano de fiscalización. En el instrumento constitutivo podrá establecerse un órgano de fiscalización, sindicatura o consejo de vigilancia, que se regirá por sus disposiciones y supletoriamente por el Código Civil, en lo pertinente.

CAPÍTULO V - REFORMAS ESTATUTARIAS, REGISTROS

Y REORGANIZACIONES DE LA EMPRESA

Artículo 30.- Reformas estatutarias. Las reformas estatutarias se aprobarán por el órgano de gobierno, con la mayoría de votos presentes en la respectiva reunión.

La determinación respectiva deberá constar en instrumento público o privado, según corresponda, deberá cumplir con las comunicaciones y los requisitos señalados en las normativas vigentes, relacionadas a las sociedades constituidas por acciones y deberá registrarse en la dependencia del Ministerio de Hacienda encargada del registro de la EAS.

Artículo 31.- Registros contables. La EAS deberá llevar los siguientes registros societarios y contables:

a)	Libro de actas del órgano de gobierno.
b)	Libro de registro de acciones.
c)	Libro de actas del órgano de administración.
d)	Libro diario.
e)	Libro de inventario.

La dependencia del Ministerio de Hacienda encargada del registro, podrá reglamentar e implementar mecanismos a los efectos de permitir a la EAS suplir la utilización de los registros citados mediante medios digitales.

La dependencia del Ministerio de Hacienda encargada del registro implementará un sistema de contralor para verificar dichos datos al solo efecto de comprobar el cumplimiento del tracto registral, en las condiciones que se establezcan reglamentariamente.

Artículo 32.- Estados financieros. La EAS deberá confeccionar sus estados financieros de acuerdo a las normas vigentes y los principios de contabilidad generalmente aceptados, y regir su presentación de acuerdo a las normas societarias y tributarias vigentes.

Artículo 33.- Normas aplicables a la transformación, fusión y escisión. Sin perjuicio de las disposiciones especiales contenidas en la presente Ley, las normas que regulan la transformación y fusión de sociedades en general le serán aplicables a la EAS.

Los integrantes de la EAS de las sociedades absorbidas podrán recibir dinero en efectivo, acciones, cuotas sociales o títulos de participación en cualquier sociedad o cualquier otro activo, como única contraprestación en los procesos de fusión o escisión de las EAS.

La trasformación, fusión o escisión deberá cumplir con las comunicaciones señaladas en las normativas vigentes, relacionadas a las sociedades constituidas por acciones.

Artículo 34.- Transformación. Cualquier sociedad podrá transformarse en una EAS antes de la disolución, siempre que así lo decida su asamblea o máximo órgano de decisión, según las reglas generales previstas en el Código Civil u otras leyes aplicables.

De igual forma, la EAS podrá transformarse en una sociedad de cualquiera de los tipos previstos en el Código Civil o demás leyes especiales, siempre que la determinación respectiva sea adoptada por el órgano de gobierno, mediante decisión unánime de los socios titulares de la totalidad de las acciones con derecho a voto.

La trasformación que se resuelva realizar deberá cumplir con las comunicaciones señaladas en las normativas vigentes, relacionadas a las sociedades constituidas por acciones.

CAPÍTULO VI - SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES EN ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA

Artículo 35.- Simplificación. Las entidades financieras deberán prever mecanismos que posibiliten a la EAS la apertura de una cuenta en un plazo máximo a establecerse por la reglamentación y a efectos de viabilizar la apertura de cuentas a las EAS, las entidades financieras realizarán con la debida celeridad las evaluaciones que sean pertinentes para dar respuesta a las solicitudes que, para tal efecto, aquellas EAS les formulen.

CAPÍTULO VII - DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN

Artículo 36.- Disolución y liquidación. La EAS se disolverá:

a)	Por vencimiento del plazo previsto en los estatutos para su duración, si lo hubiere, a menos que fuere prorrogado mediante documento debidamente inscrito.
b)	Por imposibilidad de desarrollar las actividades previstas en su objeto social.
c)	Por la iniciación del trámite de liquidación judicial.
d)	Por las causales previstas en los estatutos.
e)	Por voluntad de los integrantes de la EAS adoptada por el órgano de gobierno, o por decisión del integrante de la EAS unipersonal.
f)	Por orden de autoridad competente.
g)	Por pérdidas que reduzcan el patrimonio de la empresa de manera tal que le resulte económicamente imposible cumplir con su objeto social.

En el supuesto de vencimiento del plazo de duración, la disolución se producirá de pleno derecho desde la fecha respectiva. En los demás casos, la disolución ocurrirá a partir de la fecha de registro ante el Ministerio de Hacienda del documento privado o público, o de la ejecutoria del acto que contenga la decisión de autoridad competente.

Artículo 37.- Plazo de gracia. Podrá evitarse la disolución de la empresa mediante la adopción de las medidas correspondientes que hagan desaparecer la causal de disolución durante los 6 (seis) meses siguientes a la fecha en que ocurra dicha causal.

Artículo 38.- Liquidación. La liquidación del patrimonio se realizará conforme al procedimiento señalado en el Código Civil para la liquidación de las sociedades en general.

Actuará como liquidador el representante legal o la persona que designe el órgano de gobierno. La liquidación no culminará hasta tanto no se inscriba el balance de cierre en la dependencia del Ministerio de Hacienda encargada del registro, para lo cual éste requerirá de la empresa en liquidación las correspondientes certificaciones de no adeudar obligaciones tributarias, laborales y similares, expedidas por autoridades competentes.

CAPÍTULO VIII - DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS

Artículo 39.- Aprobación de estados financieros. Tanto los estados financieros de propósito general o especial, como los informes de gestión y demás cuentas sociales deberán ser presentadas por el representante legal a consideración del órgano de gobierno para su aprobación.

Cuando se trate de EAS Unipersonal, el único integrante aprobará todas las cuentas sociales y dejará constancia de tal aprobación en actas debidamente asentadas en el libro correspondiente de la empresa.

Artículo 40.- Exclusión de los integrantes de la EAS. Los estatutos podrán prever causales de exclusión de integrantes, en cuyo caso deberá cumplirse el procedimiento previsto en el Código Civil y sus modificaciones para las sociedades en general.

Salvo que se establezca un procedimiento diferente en los estatutos, la exclusión de integrantes requerirá aprobación del órgano de gobierno, impartida con el voto favorable de uno o varios integrantes de la EAS que representen la mayoría de las acciones con derecho a voto presentadas en la respectiva reunión, sin contar el voto del integrante que fuere objeto de esta medida.

Artículo 41.- Resolución de conflictos. Las diferencias que ocurran entre varios integrantes de la EAS entre sí, o de estos con la empresa o sus administradores, en desarrollo del contrato o del acto unilateral, incluida la impugnación de determinaciones de los órganos de gobierno o administración, podrán someterse a decisión arbitral o de amigables componedores, si así se pacta en los estatutos o si lo acordaren en cualquier momento los socios y/o la sociedad, según sea el caso.

Artículo 42.- Aplicación supletoria. En todo lo no previsto en la presente Ley, la EAS se regirá por las disposiciones contenidas en sus estatutos los cuales no pueden contraponerse ni con la presente ley ni con las normativas vigentes que rigen a las sociedades.

En todo lo no contemplado en la presente Ley se aplicará en forma supletoria las normas previstas para las sociedades anónimas en el Código Civil, con sus modificaciones y reglamentaciones.

Artículo 43.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo reglamentará la presente Ley dentro de los 12 (doce) meses de su promulgación.

Artículo 44.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

 

 

 

Ley Nº 4017/10

De validez jurídica de la firma electrónica, la firma digital, los mensajes de datos y el expediente electrónico” y sus modificaciones.

TÍTULO PRIMERO - DEFINICIONES GENERALES

Artículo 1°.- Objeto y ámbito de aplicación. La presente Ley reconoce la validez jurídica de la firma electrónica, la firma digital, los mensajes de datos, el expediente electrónico y regula la utilización de los mismos, las empresas certificadoras, su habilitación y la prestación de los servicios de certificación.

Artículo 2°.- Definiciones. A efectos de la presente Ley, se entenderá por: Firma electrónica: es el conjunto de datos electrónicos integrados, ligados o asociados de manera lógica a otros datos electrónicos, utilizado por el signatario como su medio de identificación, que carezca de alguno de los requisitos legales para ser considerada firma digital.

Firma digital: es una firma electrónica certificada por un prestador acreditado, que ha sido creada usando medios que el titular mantiene bajo su exclusivo control, de manera que se vincule únicamente al mismo y a los datos a los que se refiere, permitiendo la detección posterior de cualquier modificación, verificando la identidad del titular e impidiendo que desconozca la integridad del documento y su autoría.

Mensaje de datos: es toda información generada, enviada, recibida, archivada o comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares, como pudieran ser, entre otros, el intercambio electrónico de datos (EDI), el correo electrónico, el telegrama, el télex o el telefax, siendo esta enumeración meramente enunciativa y no limitativa.

Documento Digital: es un mensaje de datos que representa actos o hechos, con independencia del soporte utilizado para su creación, fijación, almacenamiento, comunicación o archivo.

Firmante, Suscriptor o signatario: es toda persona física o jurídica titular de la firma electrónica o digital. Cuando el titular sea una persona jurídica, ésta es responsable de determinar las personas físicas a quienes se autorizarán administrar los datos de creación de la firma electrónica o digital.

Remitente de un mensaje de datos: es toda persona que haya actuado por su cuenta o en cuyo nombre se haya actuado para enviar o generar un mensaje de datos.

Certificado digital: es todo mensaje de datos u otro registro emitido por una entidad legalmente habilitada para el efecto y que confirme la vinculación entre el titular de una firma digital y los datos de creación de la misma.

Prestador de servicios de certificación: entidad prestadora de servicios de certificación de firma digitales.

Expediente electrónico: se entiende por “expediente electrónico”, la serie ordenada de documentos públicos registrados por vía informática, tendientes a la formación de la voluntad administrativa en un asunto determinado.

Parte que confía: es toda persona que pueda actuar sobre la base de un certificado o de una firma electrónica.

Artículo 3°.- Principios Generales. En la aplicación de la presente Ley, deberán observarse los siguientes principios:

a)	Neutralidad tecnológica: Ninguna de las disposiciones de la presente Ley podrá ser aplicada de forma que excluya, restrinja o prive de efectos jurídicos a cualquier otro sistema o método técnico conocido o por conocerse que reúna los requisitos establecidos en la presente Ley.
b)	Interoperabilidad: Las tecnologías utilizadas en la aplicación de la presente Ley se basarán en estándares internacionales. Interpretación funcional: Los términos técnicos y conceptos utilizados serán interpretados en base a la buena fe, de manera que no sean negados efectos jurídicos a un proceso o tecnología utilizado por otro Estado por el solo hecho de que se le atribuya una nomenclatura diferente a la prevista en la presente Ley.
c)	Interpretación funcional: Los términos técnicos y conceptos utilizados serán interpretados en base a la buena fe, de manera que no sean negados efectos jurídicos a un proceso o tecnología utilizado por otro Estado por el solo hecho de que se le atribuya una nomenclatura diferente a la prevista en la presente Ley.

TÍTULO SEGUNDO - SECCIÓN I - DE LOS MENSAJES DE DATOS

 

Artículo 4°.- Valor jurídico de los mensajes de datos. Se reconoce el valor jurídico de los mensajes de datos y no se negarán efectos jurídicos, validez o fuerza obligatoria a la información por la sola razón de que esté en forma de mensaje de datos.

Tampoco se negarán efectos jurídicos, validez ni fuerza obligatoria a la información por la sola razón de que no esté contenida en el mensaje de datos que se supone ha de dar lugar a este efecto jurídico, sino que figure simplemente en el mensaje de datos en forma de remisión.

Artículo 5°.- Empleo de mensajes de datos en la formación de los contratos. La oferta, aceptación así como cualquier negociación, declaración o acuerdo realizado por las partes en todo contrato, podrá ser expresada por medio de un mensaje de datos, no pudiendo negarse validez a un contrato por la sola razón de que en su formación se ha utilizado este sistema, siempre y cuando concurran el consentimiento y los demás requisitos necesarios para su validez previstos en el Código Civil.

Para que sea válida la celebración de contratos por vía electrónica, no será necesario el previo acuerdo de las partes sobre la utilización de medios electrónicos.

Artículo 6°.- Cumplimiento del requisito de escritura. Cuando en el ámbito de aplicación de la presente Ley, la normativa vigente requiera que la información conste por escrito o si las normas prevean consecuencias en el caso de que la información no sea presentada o conservada en su forma original; ese requisito quedará satisfecho con un mensaje de datos firmado digitalmente que permita que la información que éste contiene sea accesible para su ulterior consulta.

En caso de que el mensaje de datos no estuviere vinculado con una firma digital, el mismo será considerado válido, en los términos del parágrafo anterior; si fuera posible determinar por algún medio inequívoco su autenticidad e integridad.

Artículo 7º.- Admisibilidad y fuerza probatoria de los mensajes de datos. Toda información presentada en forma de mensaje de datos gozará de la debida fuerza probatoria, siempre y cuando el mismo tenga una firma digital válida de acuerdo con la presente Ley.

Los actos y contratos suscritos por medio de firma digital, otorgados o celebrados por personas naturales o jurídicas, públicas o privadas en el ámbito de aplicación de la presente Ley, serán válidos de la misma manera y producirán los mismos efectos que los celebrados por escrito y en soporte de papel. Dichos actos y contratos se reputarán como escritos, en los casos en que la ley exija que los mismos consten por escrito, a los efectos de que surtan consecuencias jurídicas.

Artículo 8°.- Conservación de los mensajes de datos. Cuando la ley requiera que ciertos documentos, registros o informaciones sean conservados en su forma original, ese requisito quedará satisfecho con un mensaje de datos que los reproduzca, si:

a)

Existe una garantía confiable de que se ha conservado la integridad de la información, a partir del momento en que se generó por primera vez su forma definitiva, como mensaje de datos u otra forma. Esta garantía quedará cumplida si al mensaje de datos resultante se aplica la firma digital del responsable de la conservación;

b) c)   d)

La información que contenga sea accesible para su ulterior consulta; El mensaje de datos sea conservado con el formato que se haya generado, enviado o recibido o con algún formato que sea demostrable que reproduce con exactitud la información generada, enviada o recibida; y, Se conserve, de haber alguno, todo dato que permita determinar el origen y el destino del mensaje, la fecha y la hora que fue enviado o recibido.

Artículo 9°.- Integridad del documento digital o mensaje de datos. Para efectos del artículo anterior, se considerará que la información consignada en un mensaje de datos es íntegra, si ésta ha permanecido completa e inalterada, salvo la adición de algún endoso o de algún cambio que sea inherente al proceso de comunicación, archivo o presentación. El grado de confiabilidad requerido será determinado a la luz de los fines para los que se generó la información y de todas las circunstancias relevantes del caso.

Artículo 10º.- De la reproducción de documentos originales por medios electrónicos. Cuando sea necesario almacenar documentos y datos de cualquier especie, se podrá almacenar la reproducción de los mismos en mensajes de datos. La reproducción del documento o dato deberá ser realizada en la forma y en los lugares indicados por la reglamentación de la presente Ley.

La reproducción, a la que hace mención el presente artículo, no afectará ni modificará de modo alguno los plazos individualizados en el documento reproducido, ni tampoco implica reconocimiento expreso o tácito de que el contenido sea válido.

los archivos públicos. El Estado y sus órganos dependientes podrán proceder a la digitalización total o parcial de sus archivos almacenados, para lo cual cada organismo del Estado o el Poder Ejecutivo podrá dictar el reglamento aplicable al proceso de digitalización mencionado, siempre y cuando los mensajes de datos resultantes cumplan con las condiciones mínimas establecidas en la presente Ley y estuvieran firmados digitalmente por el funcionario autorizado para realizar las citadas reproducciones.

SECCIÓN II - DEL ENVÍO y RECEPCIÓN DE LOS MENSAJES DE DATOS    

Artículo 12.- Remitente de los mensajes de datos. A los efectos de la presente Ley, se entenderá que un mensaje de datos:

a) Proviene del remitente, si:

i.

Ha sido enviado por el propio remitente;

ii.   iii.   iv.

Ha sido enviado por alguna persona facultada para actuar en nombre del remitente respecto de ese mensaje; Ha sido enviado por un sistema de información programado por el remitente o en su nombre para que opere automáticamente, o El mensaje de datos que reciba el destinatario resulte de los actos de una persona cuya relación con el remitente, o con algún mandatario suyo, le haya dado acceso a algún método utilizado por el remitente para identificar un mensaje de datos como propio, aun cuando esta persona no hubiese estado debidamente autorizada por el mismo para ese efecto.

Los numerales ii, iii y iv del presente artículo no se aplicarán entre remitente y destinatario, a partir del momento en que el destinatario haya sido informado por el remitente de que los mensajes de datos que provengan en su nombre y/o con su firma digital pueden ser emitidos por personas no autorizadas para el efecto, quedando automáticamente inhabilitada la firma digital entre el remitente y el destinatario debidamente notificado. La notificación aquí mencionada no exime al titular de la firma digital de la obligación de notificar a la autoridad certificadora de esta situación.

Artículo 13.- Acuse de recibo. El remitente de un mensaje de datos podrá solicitar o acordar con el destinatario que se acuse recibo del mensaje de datos.

1. Cuando el remitente no haya acordado con el destinatario que el acuse de recibo se dé en alguna forma determinada o utilizando un método determinado, se podrá acusar recibo mediante:

a)	Toda comunicación del destinatario, automatizada o no, o
b)	Todo acto del destinatario, que baste para indicar al remitente que se ha recibido el mensaje de datos.

2. Cuando el remitente haya indicado que los efectos del mensaje de datos estarán condicionados a la recepción de un acuse de recibo, se considerará que el mensaje de datos no ha sido enviado en tanto que no se haya recibido el acuse de recibo.
3. Cuando el remitente no haya indicado que los efectos del mensaje de datos estarán condicionados a la recepción de un acuse de recibo, si no ha recibido acuse en el plazo fijado o convenido, o no se ha fijado o convenido ningún plazo, en un plazo razonable el remitente:

a)	Podrá dar aviso al destinatario de que no ha recibido acuse de recibo y fijar un plazo razonable para su recepción; y,
b)	De no recibirse acuse dentro del plazo fijado conforme al inciso a), podrá, dando aviso de ello al destinatario, considerar que el mensaje de datos no ha sido enviado o ejercer cualquier otro derecho que pueda tener.

4. Cuando el remitente reciba acuse de recibo del destinatario, se presumirá que éste ha recibido el mensaje de datos correspondiente. Esa presunción no implicará que el mensaje de datos corresponda al mensaje recibido.
5. Cuando en el acuse de recibo se indique que el mensaje de datos recibido cumple con los requisitos técnicos convenidos o enunciados en alguna norma técnica aplicable, se presumirá que ello es así.

           Salvo en lo que se refiere al envío o recepción del mensaje de datos, el presente artículo no obedece al propósito de regir las consecuencias jurídicas que puedan derivarse de ese mensaje de datos o de su acuse de recibo.          

Artículo 14.- Tiempo y lugar del envío y la recepción de un mensaje de datos.

1)	De no convenir otra cosa el remitente y el destinatario, el mensaje de datos se tendrá por expedido cuando en un sistema de información que no esté bajo el control del remitente o de la persona que lo envió el mensaje de datos en nombre del remitente
2)	De no convenir otra cosa el remitente y el destinatario, el momento de recepción de un mensaje de datos se determinara como sigue: a) si el destinatario ha designado un sistema de información para la recepción de mensajes de datos, la recepción tendra lugar:  en el momento en que entre el mensaje de datos en el sistema de información designado; o de enviarse el mensaje de datos a un sistema de información del destinatario que no sea el sistema de informacion designado, en el momento que el destinatario recupere el mensaje de datos. b) si el destinatario no ha designado un sistema de información, la recepción tendrá lugar en el momento en que el destinatario recupere el mensaje de datos de un sistema de información que no esté bajo su control.
3)	El párrafo 2) será aplicable aun cuando el sistema de información esté ubicado en un lugar distinto de donde se tenga por recibido el mensaje conforme al párrafo 4).
4)	De no convenir otra cosa el remitente y el destinatario, el mensaje de datos se tendrá por expedido en el lugar donde el remitente tenga su establecimiento y por recibido en el lugar donde el destinatario tenga el suyo. Para los fines del presente párrafo:  a) si el remitente o el destinatario tienen más de un establecimiento, será válido el que guarde una relación más  estrecha con la operación subyacente o, de no haber una operación subyacente, será válido su establecimiento principal; y b) si el remitente o el destinatario no tienen establecimiento, se tendrá   en cuenta su lugar de residencia habitual.

TÍTULO TERCERO - DE LA FIRMA ELECTRÓNICA

Artículo 15.- Titulares de una firma electrónica. Podrán ser titulares de una firma electrónica personas físicas o jurídicas. Para el caso de las personas jurídicas, la aplicación o utilización de la firma electrónica por sus representantes se considerará como efectuada por la persona jurídica con todos los alcances previstos en los estatutos o normas correspondientes a su funcionamiento que se encuentren vigentes al momento de la firma.

Corresponde a la persona jurídica, a través de sus órganos directivos, determinar las personas autorizadas para emplear la firma electrónica que le fuera asignada.

Artículo 16.- Obligaciones de los titulares de firmas electrónicas. Los titulares de firmas electrónicas deberán:

a) b)     c)

Actuar con deligencia razonable para evitar la utilización no autorizada de sus datos de creacion de la firma; Dar aviso sin dilación indebida a cualquier persona que, según pueda razonablemente prever el titular, que puedan considerar fiable la firma electrónica o que puedan prestar servicios que la apoyan si: Sabe que los datos de creación de la firma han quedado en entredicho; o Las circunstancias de que tiene conocimiento dan lugar a un riesgo considerable de que los datos de creación de la firma hayan quedado en entredicho. Cuando se emplee un certificado para refrendar la firma electrónica, actuar con diligencia razonable para cerciorarse de que todas las declaraciones que haya hecho en relación con su período de validez o que hayan de consignarse en él sean exactas y cabales.

El titular de la firma electrónica incurrirá en responsabilidad personal, solidaria e intransferible por el incumplimiento de los requisitos enunciados en este artículo.

Artículo 17º.- Efectos del empleo de una firma electrónica. La aplicación de la firma electrónica a un mensaje de datos implica para las partes la presunción de:

     a) Que el mensaje de datos proviene del firmante;

     b) Que el firmante aprueba el contenido del mensaje de datos.

 

Artículo 18º.- Validez jurídica de la firma electrónica. En caso de ser desconocida la firma electrónica corresponde a quien la invoca acreditar su validez.

Artículo 19º.- De la revocación de una firma electrónica. La asignación de una firma electrónica a su titular quedará sin efecto y la misma perderá todo valor como firma en los siguientes casos:

1) 2) 3) 4) 5)

Por extinción del plazo de vigencia de la misma  A solicitud del titular de la firma. Por fallecimiento del titular o disolución de la persona jurídica que represente, en su caso. Por resolución judicial ejecutoriada, o Por incumplimiento de las obligaciones del usuario establecidas en la presente Ley.

SECCIÓN II - DE LA FIRMA DIGITAL

Artículo 20.- Validez jurídica de la firma digital. Cuando la ley requiera una firma manuscrita, esa exigencia también queda satisfecha por una firma digital. Este principio es aplicable a los casos en que la ley establece la obligación de firmar o prescribe consecuencias para su ausencia.

Art. 21.- Exclusiones. Las disposiciones de esta Ley no son aplicables a:

a) b) c)

Las disposiciones de última voluntad; Los actos jurídicos del derecho de familia; y, Los actos que deban ser instrumentados bajo exigencias o formalidades incompatibles con la utilización de la firma digital, como los que requieran de escritura pública y aquellos en los que así se haya determinado por acuerdo de partes.

• Texto actualizado por el Art. 1 de la Ley Nº 4.610/12

Artículo 22.- Requisitos de validez de la firma digital. Una firma digital es válida si cumple con los siguientes requisitos:

a)	Haber sido creada durante el período de vigencia del certificado digital válido del firmante;
b)	Haber sido debidamente verificada la relación entre el firmante y la firma digital, por la referencia a los datos indicados en el certificado digital, según el procedimiento de verificación correspondiente. Se exigirá la presencia física del solicitante del certificado con documento de identidad vigente y válido en la República del Paraguay;
c)	Que dicho certificado haya sido emitido por una entidad prestadora de servicios de certificación autorizada por la presente Ley;
d)	Que los datos de creación de la firma hayan estado, en el momento de la firma, bajo el control del firmante;
e)	Que sea posible detectar cualquier alteración de la firma electrónica hecha después del momento de la firma;
f)	Que sea posible detectad cualquier alteración de la información contenida en el mensajede datos al cual está asociada, hecha después del momento de la firma;
g)	El solicitante es el responsable respecto de la clave privada, cuya clave pública correspondiente se consigna en el certificado y todos los usos que a la misma se le dieran;
h)	El solicitante deberá manifestar su total conocimiento y aceptación de la Declaración de Prácticas de Certificación y/o Política de Certificación correspondiente al certificado solicitado.

Artículo 23.- Efectos del empleo de una firma digital. La aplicación de la firma digital a un mensaje de datos implica para las partes la presunción de:

a)	Que el mensaje de datos provienete del remitente
b)	Que el contenido del mensaje de datos no ha sido adulterado desde el momento de la firma y el firmante aprueba el contenido del mensaje de datos.

Para que la presunción expresada en el parágrafo anterior sea efectiva, la firma digital aplicada al mensaje de datos debe poder ser verificada con el certificado digital respectivo expedido por la prestadora de servicios de firma digital.

Los efectos enumerados en el presente artículo continuarán vigentes por tiempo indefinido para el mensaje de datos al que fuera aplicada la firma digital, aun cuando con posterioridad a la aplicación de la misma, ésta fuera revocada por cualquiera de los motivos indicados en la presente Ley.

Artículo 24.- De la revocación de una firma digital. La asignación de una firma digital a su titular quedará sin efecto y la misma perderá todo valor como firma digital en los siguientes casos:

1)

Por extinción del plazo de vigencia de la firma digital, el cual no podrá exceder de dos años, contados desde la fecha de adjudicación de la misma a su titular por parte del prestador de servicios de firmas digitales respectivo.

2)

Por revocación realizada por el prestador de servicios de certificación, la que tendrá lugar en las siguientes circunstancias:              a) Solicitud del titular de la firma;              b) Por incumplimiento de las obligaciones del usuario establecidas en la presente Ley.              c) Por resolución judicial ejecutoriada, o              d) Por fallecimiento del titular o disolución de la persona jurídica que represente, en su caso;

La revocación de un certificado en las circunstancias del inciso d) del numeral 2) de este artículo, será comunicada previamente al prestador de servicios de certificación que hubiera emitido la misma, indicando la causa. En cualquier caso, la revocación no privará de valor a las firmas digitales antes del momento exacto que sea verificada por el prestador.

En caso de que el prestador de servicios de calificación que originalmente haya adjudicado la firma digital a ser revocada ya no existiera o su funcionamiento se encontrase suspendido, el titular deberá comunicar la revocación de su firma digital al prestador de servicios de firma digital que haya sido designado responsable de la verificación de las firmas emitidas por aquélla.

Igualmente, cuando ocurriere una suspensión por causas técnicas, se aplicará lo dispuesto en el párrafo anterior.

 

  SECCIÓN III - DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN  

Artículo 25.- Del prestador de servicios de certificación. Podrán ser prestadores de servicios de certificación, las personas jurídicas que fueran habilitadas por la autoridad normativa indicada en la presente Ley, en base a las disposiciones de la presente Ley, así como a las disposiciones del decreto reglamentario correspondiente.

Artículo 26.- Del procedimiento de habilitación de prestadores de servicios de certificación. La autoridad normativa autorizará el funcionamiento de prestadores de servicios de certificación que hubiesen solicitado la habilitación requerida por esta Ley, siempre y cuando las mismas cumplan con todos los requisitos básicos individualizados en ella.

Una vez habilitado un prestador de servicios de certificación, el mismo deberá auto asignarse una firma digital, debiendo entregar la clave verificadora de la misma a la autoridad normativa, quien tendrá habilitado al efecto un registro de prestadores de servicios de certificación habilitados en la República del Paraguay, ya la cual podrá recurrirse para verificar la firma digital del prestador.

Art. 27.- De la Resolución de habilitación de prestadores de servicios de certificación. Cuando la autoridad normativa considere que el solicitante de la habilitación para prestar servicios de certificación no cumple con los requisitos mínimos establecidos, iniciará un procedimiento sumario que deberá completarse en un plazo máximo de cincuenta días hábiles, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de habilitación respectiva.

La resolución que deniegue la habilitación podrá ser recurrida ante el Tribunal Contencioso Administrativo en el plazo de dieciocho días hábiles.

• Texto actualizado por el Art. 1 de la Ley Nº 4.610/12.

Artículo 28.- Requisitos básicos que deben cumplir los prestadores de servicios de certificación para ser habilitados. Los proveedores de servicios de certificación deberán:

a)	Garantizar la utilización de un servicio rápido y seguro de guía de usuarios y de un servicio de revocación seguro e inmediato;
b)	Garantizar que pueda determinarse con precisión la fecha y la hora en que se expidió o revocó un certificado;
c)	Comprobar debidamente, de conformidad con el derecho nacional, la identidad y, si procede, cualesquiera atributos específicos de la persona a la que se expide un certificado reconocido;
d)	Emplear personal que tenga los conocimientos especializados, la experiencia y las cualificaciones necesarias correspondientes a los servicios prestados, en particular: competencia en materia de gestión, conocimientos técnicos en el ámbito de la firma electrónica y familiaridad con los procedimientos administrativos y de gestión adecuados y conformes asimismo en práctica los procedimientos administrativos y de gestión adecuados y conformes a normas reconocidas;
e)	Utilizar sistemas y productos fiables que se requiera para prestar servicios de certificación y que estén protegidos contra toda alteración y que garanticen la seguridad técnica y criptográfica de los procedimientos con que trabajan;
f)	Tomar medidas contra la falsificación de certificados y, en caso de que el proveedor de servicios de certificación genere datos de creación de firma, garantizar la confidencialidad durante el proceso de generación de dichos datos;
g)	Disponer de recursos económicos suficientes para operar de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley, en particular para afrontar el riesgo de responsabilidad por daños y perjuicios, pudiendo emplearse para el efecto fianzas, avales, seguros o cualquier otro medio;
h)	Registrar toda la información pertinente relativa a un certificado reconocido durante un período de tiempo adecuado, en particular para aportar pruebas de certificación en procedimientos judiciales. Esta actividad de registro podrá realizarse por medios electrónicos;
i)	No almacenar ni copiar los datos de creación de firma de la persona a la que el proveedor de servicios de certificación ha prestado servicios de asignación de firmas electrónicas;
j)	Utilizar sistemas fiables para almacenar certificados de forma verificable, de modo que: sólo personas autorizadas puedan hacer anotaciones y modificaciones; pueda comprobarse la autenticidad de la información; los certificados estén a disposición del público para su consulta sólo en los casos en los que se haya obtenido el consentimiento del titular del certificado; y el agente pueda detectar todos los cambios técnicos que pongan en entredicho los requisitos de seguridad mencionados.
k)	Demostrar la honestidad de sus representantes legales, administradores y funcionarios, a través de certificaciones de antecedentes policiales y judiciales.

Artículo 29.- Requisitos de validez de los certificados digitales. Los certificados digitales para ser válidos deberán:

a)

Ser emitidos por una entidad prestadora de servicios de certificación habilitada por la presente Ley; y,

b)

Responder a formatos estándares tecnológicos, preestablecidos reconocidos internacionalmente, fijados por la presente Ley y la reglamentación respectiva, y contener, como mínimo, los datos que permitan: identificar indubitablemente a su titular y la entidad que lo emitió, indicando su período de vigencia y los datos que permitan su identificación única; ser susceptible de verificación respecto de su vigencia o revocación; establecer claramente la información incluida en el certificado que haya podido ser verificada; contemplar la información necesaria para la verificación de la firma; identificar la política de certificación bajo la cual fue emitida, en especial si la misma implica limitación en los fines en que ha de utilizarse o de la de responsabilidad que asume el prestador con relación al certificado emitido; la firma digital del prestador de servicios de certificación.

Artículo 30.- Políticas de Certificación. El certificado de firma digital podrá establecer límites en cuanto a sus posibles usos, siempre y cuando los límites sean reconocibles por terceros. La Autoridad de aplicación deberá aprobar la Política de Certificación, que será empleada por las empresas prestadoras de los servicios de certificación.

Artículo 31.- De las prestadoras de servicios de certificación aprobadas por leyes anteriores. Las entidades prestadoras de servicios de certificación, cuyo funcionamiento hubiera sido autorizado con anterioridad a la presente Ley, deberán adecuar su funcionamiento a las disposiciones de ésta en un plazo perentorio máximo de seis meses y de no hacerlo así, su habilitación será revocada automáticamente, siendo a cargo exclusivo de las mismas las responsabilidades emergentes de su funcionamiento sin la habilitación pertinente.

La firma digital empleada en base a las disposiciones de la presente Ley será suficiente para su empleo ante cualquier dependencia estatal o privada, aun cuando por ley anterior estuviere establecido el empleo de una firma expedida por prestadoras de servicios de certificación determinados.

Artículo 32.- Obligaciones del prestador de servicios de certificación. El prestador de servicios de certificación deberá:

a)	Adjudicar una firma digital a quien lo solicite sin distinciones ni privilegios de ninguna clase, siempre y cuando el solicitante presente los recaudos establecidos para el efecto;
b)	Actuar con diligencia razonable para cerciorarse de que todas las declaraciones importantes que haya hecho en relación con el ciclo vital del certificado o que estén consignadas en él sean exactas y cabales;
c)	Proporcionar medios de acceso razonablemente fácil que permitan a la parte que confía en el certificado determinar mediante éste:        i)  la identidad del prestador de servicios de certificación;       ii) que el firmante nombrado en el certificado haya tenido bajo su control los datos de creación de la firma en el                           momento en que se aplicó ésta al mensaje de datos;       iii)  que los datos de creación de la firma hayan sido válidos en la fecha que se expidió el certificado o antes de ella.
d)	Proporcionar medios de acceso razonablemente fácil que, según proceda, permitan a la parte que confía en el certificado determinar mediante éste o de otra manera: el método utilizado para identificada firmante; cualquier limitación en los fines o el valor respecto de los cuales puedan utilizarse los datos de creación de la firma o el certificado; si los datos de creación de la firma son válidos y no están en entredicho; cualquier limitación en cuanto al ámbito o el alcance de la responsabilidad indicada por el prestador de servicios de certificación; si existe un medio para que el firmante dé aviso de que los datos de creación de la firma están en entredicho; si se ofrece un servicio de revocación oportuna del certificado.
e)	Además deberá informar a quien solicita la adjudicación de una firma digital con carácter previo a su emisión las condiciones precisas de utilización de la firma digital, sus características y efectos, forma que garantiza su posible responsabilidad patrimonial. Esa información deberá estar libremente accesible en lenguaje fácilmente comprensible. La parte pertinente de dicha información estará también disponible para terceros;
f)	Abstenerse de generar, exigir, o por cualquier otro medio tomar conocimiento o acceder bajo ninguna circunstancia, a los datos de creación de firma digital de los titulares de certificados digitales por él emitidos;
g)	Mantener el control exclusivo de sus propios datos de creación de firma digital e impedir su divulgación;
h)	Operar utilizando un sistema técnicamente confiable;
i)	Notificar al solicitante las medidas que está obligado a adoptar y las obligaciones que asume por el solo hecho de ser titular de una firma digital;
j)	Recabar únicamente aquellos datos personales del titular de la firma digital que sean necesarios para su emisión, quedando el solicitante en libertad de proveer información adicional;
k)	Mantener la confidencialidad de toda información que reciba y que no figure en el certificado digital;
l)	Poner a disposición del solicitante de una firma digital, toda la información relativa a su tramitación;
m)	Mantener la documentación respaldatoria de las firmas digitales y los certificados digitales emitidos, por diez años a partir de su fecha de vencimiento o revocación;
n)	Publicar en Internet o cualquier otra red de acceso público de transmisión o difusión de datos que la sustituya en el futuro, en forma permanente e ininterrumpida, la lista de firmas digitales vigentes y revocadas, las políticas de certificación, la información relevante de los informes de la última auditoría de que hubiera sido objeto, su manual de procedimientos y toda información que considere pertinente;
ñ)	Registrar las presentaciones que le sean formuladas, así como el trámite conferido a cada una de ellas;
o)	Verificar, de acuerdo con lo dispuesto en su manual de procedimientos, toda otra información que deba ser objeto de verificación, la que debe figurar en las políticas de certificación y en los certificados digitales;
p)	Emplear personal idóneo que tenga los conocimientos específicos, la experiencia necesaria para proveer los servicios ofrecidos y en particular, competencia en materia de gestión, conocimientos técnicos en el ámbito de la firma digital y experiencia adecuada en los procedimientos de seguridad pertinentes;
q)	Llevar un registro de las claves públicas de las firmas digitales existentes, a los efectos de confirmar la veracidad de las mismas cuando éstos son empleados;
r)	Velar por la vigencia y, en su caso, cancelación oportuna de las firmas digitales cuando existan razones válidas para ello;
s)	actuar con diligencia razonable para evitar la utilización no autorizada de sus datos de creación de firmas, así como de cualquier otra información obrante en su poder relacionada a las firmas electrónicas que administre o certifique;
t)	dar aviso sin dilación indebida por lo menos en dos medios masivos de comunicación si: i. sabe que los datos de creación de su firma digital o cualquier otra información relacionada a la misma quedado en entredicho; o ii. las circunstancias de que tiene conocimiento dan lugar a un riesgo considerable de que datos de creación de su firma digital o cualquier otra información relacionada a la misma ha quedado en entredicho.

Artículo 33.- Responsabilidades de los prestadores de servicios de certificación. Los prestadores de servicios de certificación autorizados en base a la presente Ley serán responsables por los daños y perjuicios causados a toda persona física o jurídica que confíe razonablemente en el certificado digital por él emitido, en lo que respecta a:

a)	La inclusión de todos los campos y datos requeridos por la ley y a la exactitud de los mismos, al momento de su emisión.
b)	Que al momento de la emisión de un certificado reconocido por el prestador de servicios de certificación autorizado, la firma en él identificada obedezca a los datos de creación de las firmas correspondientes a los datos de verificación incluidos en el certificado reconocido por el prestador, con el objeto de asegurar la cadena de confianza;
c)	Los errores u omisiones que presenten los certificados digitales que emitan; y,
d)	El registro, en tiempo y forma, de la revocación de los certificados reconocidos que haya emitido, cuando así correspondiere.

Corresponde al prestador de servicios de certificación autorizado demostrar que no actuó ni con culpa ni con dolo.

Los prestadores no serán responsables de los daños y perjuicios causados por el uso que exceda de los límites de las Políticas de Certificación indicados en el certificado, ni de aquéllos que tengan su origen en el uso indebido o fraudulento de un certificado de firma digital.

Tampoco responderá por eventuales inexactitudes en el certificado reconocido que resulten de la información verificada facilitada por el titular, siempre que el prestador de servicios de certificación acreditado pueda demostrar que ha cumplido todas las medidas previstas en sus políticas y procedimientos de certificación.

A los efectos de salvaguardar los intereses de las partes que utilizan los servicios de certificación, el prestador de servicios de certificación deberá contar con un medio de garantía suficiente para cubrir las responsabilidades inherentes a su gestión, entre los que se podría citar: pólizas de seguros, cauciones bancarias o financieras o en fin cualquier sistema que el Reglamento de la presente Ley establezca para el efecto.

Artículo 34.- Protección de datos personales. Los prestadores de servicios de certificación sólo podrán recolectar los datos personales directamente de la persona a quien esos datos se refieran, después de haber obtenido su consentimiento expreso y sólo en la medida en que los mismos sean necesarios para la emisión y mantenimiento del certificado. Los datos no podrán ser obtenidos o utilizados para otro fin, sin el consentimiento expreso del titular de los datos.

Artículo 35.- De los aranceles. Los aranceles por la prestación de servicios de certificación serán fijados por la autoridad normativa, quien podrá establecer los montos máximos a ser cobrados por los mismos. Podrá la misma permitir que los aranceles sean fijados libremente por los prestadores siempre que a su criterio el mercado estuviera en condiciones de regularlos en un marco de libre competencia.

Artículo 36.- Reconocimiento de certificados extranjeros. Los certificados digitales emitidos por certificadores extranjeros podrán ser reconocidos en los mismos términos y condiciones exigidos en la presente Ley y sus normas reglamentarias cuando:

a)	Reúnan las condiciones que establece la presente Ley y la reglamentación correspondiente;
b)	Tales certificados provengan de proveedores extranjeros que sean reconocidos o aprobados por la autoridad normativa, facultándose a ésta a reglamentar el procedimiento para este reconocimiento o aprobación.

TÍTULO CUARTO

DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO y DEL TRÁMITE ADMINISTRATIVO

Art. 37.- Expediente electrónico. Se entiende por “expediente electrónico” la serie ordenada de documentos públicos y privados, emitidos, transmitidos y registrados por vía informática para la emisión de una resolución judicial o administrativa.

En la tramitación de los expedientes administrativos o judiciales, podrá utilizarse el mecanismo electrónico, la firma digital y la notificación electrónica en forma parcial o total y tendrán la misma validez jurídica y probatoria que el expediente tradicional.

Podrán utilizarse expedientes electrónicos total o parcialmente, de acuerdo con las siguientes reglas:

1)	El expediente electrónico tendrá la misma validez jurídica y probatoria que el expediente tradicional.
2)	La documentación emergente de la transmisión a distancia, por medios electrónicos, entre dependencias oficiales, constituirá, de por sí, documentación auténtica y hará plena fe a todos sus efectos en cuanto a la existencia del original trasmitido.
3)	La sustanciación de actuaciones en la Administración Pública, así como los actos administrativos que se dicten en las mismas podrán realizarse por medios informáticos. Cuando dichos trámites o actos, revestidos de carácter oficial, hayan sido redactados o extendidos por funcionarios competentes, según las formas requeridas, dentro del límite de sus atribuciones, y que aseguren su inalterabilidad por medio de la firma digital reconocida en la presente Ley, tendrán al mismo valor probatorio y jurídico que se le asigna cuando son realizados por escrito en papel.
4)	Cuando la sustanciación de las actuaciones administrativas se realice por medios informáticos, las firmas autógrafas que la misma requiera podrán ser sustituidas por firmas digitales.
5)	Todas las normas sobre procedimiento administrativo serán de aplicación a los expedientes tramitados en forma electrónica, en la medida en que no sean incompatibles con la naturaleza del medio empleado.
6)	Toda petición o recurso administrativo que se presente ante la Administración, podrá realizarse por medio de documentos electrónicos. A tales efectos, los mismos deberán ajustarse a los formatos o parámetros técnicos establecidos por la autoridad normativa. En caso de incumplimiento de dichas especificaciones, tales documentos se tendrán por no recibidos.
7)	Toda vez que se presente un documento mediante transferencia electrónica, la Administración deberá expedir una constancia de su recepción. La constancia o acuse de recibo de un documento electrónico será prueba suficiente de su presentación. Su contenido será la fecha, lugar y firma digital del receptor.
8)	La Administración admitirá la presentación de documentos registrados en papel para su utilización en un expediente electrónico. En tales casos, podrá optar entre la digitalización de dichos documentos para su incorporación al expediente electrónico, o la formación de una pieza separada, o una combinación de ambas, fijando como meta deseable la digitalización total de los documentos.  En caso de proceder a la digitalización del documento registrado en papel, se certificará la copia mediante la firma digital del funcionario encargado del proceso, así como la fecha lugar de recepción.
9)	Autorízanse la reproducción y almacenamiento por medios informáticos de los expedientes y demás documentos registrados sobre papel, que fueran fruto de la aplicaciór de la presente Ley.
10)	Podrán reproducirse sobre papel los expedientes electrónicos cuando sea del case su sustanciación por ese medio, ya sea dentro o fuera de la repartición administrativa de que se trate, o para proceder a su archivo sobre papel. El funcionario responsable de dicha reproducción certificará su autenticidad.
11)	Tratándose de expedientes totalmente digitalizados, el expediente original en pape deberá radicarse en un archivo centralizado. En caso de la tramitación de un expediente parcialmente digitalizado, la pieza separada que contenga los documentos registrados en papel, se radicará en un archivo a determinar por la repartición respectiva. En ambos casos, el lugar dispuesto propenderá a facilitar la consulta, sin obstaculizar el trámite de expediente.
12)	Los plazos para la sustanciación de los expedientes electrónicos, se computarán partir del día siguiente de su recepción efectiva por el funcionario designado. Se entiende por “recepción efectiva” la fecha de ingreso del documento al subsistema de información al cual tiene acceso el funcionario designado a tales efectos.
13)	Los sistemas de información de expedientes electrónicos deberán prever y controlar las demoras en cada etapa del trámite. A su vez, deberán permitir al superior jerárquico modificar el trámite para sortear los obstáculos detectados, minimizando demoras.
14)	Los órganos administrativos que utilicen expedientes electrónicos, adoptarán procedimientos y tecnologías de respaldo o duplicación, a fin de asegurar su inalterabilidad y seguridad, según los estándares técnicos establecidos por la Autoridad Normativa.
15)	Los documentos que hayan sido digitalizados en su totalidad, a través de los medios técnicos incluidos en el artículo anterior, se conservarán de acuerdo con lo dispuesto en la presente Ley. Los originales de valor histórico, cultural o de otro valor intrínseco, no podrán ser destruidos; por lo que luego de almacenados serán enviados para su guarda a la repartición pública que corresponda, en aplicación de las normas vigentes sobre conservación del patrimonio histórico y cultural del Estado.
16)	La divulgación de la clave o contraseña personal de cualquier funcionario autorizado a documentar su actuación mediante firmas digitales, constituirá falta gravísima, aun cuando la clave o contraseña no llegase a ser utilizada.
17)	Cuando los documentos electrónicos que a continuación se detallan, sean registrados electrónicamente, deberán identificarse mediante la firma digital de su autor: los recursos administrativos, así como toda petición que se formule a la Administración;         a. los actos administrativos definitivos;         b. los actos administrativos de certificación o destinados a hacer fe pública;         c. los dictámenes o asesoramientos previos a una resolución definitiva; y,         e. las resoluciones judiciales.

•  Textoactualizado por el Art. 1 de la Ley Nº 4.610/12. 

TÍTULO QUINTO - DE LA AUTORIDAD DE APLICACIÓN

Art. 37.- Expediente electrónico. Se entiende por “expediente electrónico” la serie ordenada de documentos públicos y privados, emitidos, transmitidos y registrados por vía informática para la emisión de una resolución judicial o administrativa.

En la tramitación de los expedientes administrativos o judiciales, podrá utilizarse el mecanismo electrónico, la firma digital y la notificación electrónica en forma parcial o total y tendrán la misma validez jurídica y probatoria que el expediente tradicional.

Podrán utilizarse expedientes electrónicos total o parcialmente, de acuerdo con las siguientes reglas:

1)	El expediente electrónico tendrá la misma validez jurídica y probatoria que el expediente tradicional.
2)	La documentación emergente de la transmisión a distancia, por medios electrónicos, entre dependencias oficiales, constituirá, de por sí, documentación auténtica y hará plena fe a todos sus efectos en cuanto a la existencia del original trasmitido.
3)	La sustanciación de actuaciones en la Administración Pública, así como los actos administrativos que se dicten en las mismas podrán realizarse por medios informáticos. Cuando dichos trámites o actos, revestidos de carácter oficial, hayan sido redactados o extendidos por funcionarios competentes, según las formas requeridas, dentro del límite de sus atribuciones, y que aseguren su inalterabilidad por medio de la firma digital reconocida en la presente Ley, tendrán al mismo valor probatorio y jurídico que se le asigna cuando son realizados por escrito en papel.
4)	Cuando la sustanciación de las actuaciones administrativas se realice por medios informáticos, las firmas autógrafas que la misma requiera podrán ser sustituidas por firmas digitales.
5)	Todas las normas sobre procedimiento administrativo serán de aplicación a los expedientes tramitados en forma electrónica, en la medida en que no sean incompatibles con la naturaleza del medio empleado.
6)	Toda petición o recurso administrativo que se presente ante la Administración, podrá realizarse por medio de documentos electrónicos. A tales efectos, los mismos deberán ajustarse a los formatos o parámetros técnicos establecidos por la autoridad normativa. En caso de incumplimiento de dichas especificaciones, tales documentos se tendrán por no recibidos.
7)	Toda vez que se presente un documento mediante transferencia electrónica, la Administración deberá expedir una constancia de su recepción. La constancia o acuse de recibo de un documento electrónico será prueba suficiente de su presentación. Su contenido será la fecha, lugar y firma digital del receptor.
8)	La Administración admitirá la presentación de documentos registrados en papel para su utilización en un expediente electrónico. En tales casos, podrá optar entre la digitalización de dichos documentos para su incorporación al expediente electrónico, o la formación de una pieza separada, o una combinación de ambas, fijando como meta deseable la digitalización total de los documentos. En caso de proceder a la digitalización del documento registrado en papel, se certificará la copia mediante la firma digital del funcionario encargado del proceso, así como la fecha lugar de recepción.
9)	Autorízanse la reproducción y almacenamiento por medios informáticos de los expedientes y demás documentos registrados sobre papel, que fueran fruto de la aplicaciór de la presente Ley.
10)	Podrán reproducirse sobre papel los expedientes electrónicos cuando sea del case su sustanciación por ese medio, ya sea dentro o fuera de la repartición administrativa de que se trate, o para proceder a su archivo sobre papel. El funcionario responsable de dicha reproducción certificará su autenticidad.
11)	Tratándose de expedientes totalmente digitalizados, el expediente original en pape deberá radicarse en un archivo centralizado. En caso de la tramitación de un expediente parcialmente digitalizado, la pieza separada que contenga los documentos registrados en papel, se radicará en un archivo a determinar por la repartición respectiva. En ambos casos, el lugar dispuesto propenderá a facilitar la consulta, sin obstaculizar el trámite de expediente.
12)	Los plazos para la sustanciación de los expedientes electrónicos, se computarán partir del día siguiente de su recepción efectiva por el funcionario designado.
	Se entiende por “recepción efectiva” la fecha de ingreso del documento al subsistema de información al cual tiene acceso el funcionario designado a tales efectos.
13)	Los sistemas de información de expedientes electrónicos deberán prever y controlar las demoras en cada etapa del trámite. A su vez, deberán permitir al superior jerárquico modificar el trámite para sortear los obstáculos detectados, minimizando demoras.
14)	Los órganos administrativos que utilicen expedientes electrónicos, adoptarán procedimientos y tecnologías de respaldo o duplicación, a fin de asegurar su inalterabilidad y seguridad, según los estándares técnicos establecidos por la Autoridad Normativa.
15)	Los documentos que hayan sido digitalizados en su totalidad, a través de los medios técnicos incluidos en el artículo anterior, se conservarán de acuerdo con lo dispuesto en la presente Ley. Los originales de valor histórico, cultural o de otro valor intrínseco, no podrán ser destruidos; por lo que luego de almacenados serán enviados para su guarda a la repartición pública que corresponda, en aplicación de las normas vigentes sobre conservación del patrimonio histórico y cultural del Estado.
16)	La divulgación de la clave o contraseña personal de cualquier funcionario autorizado a documentar su actuación mediante firmas digitales, constituirá falta gravísima, aun cuando la clave o contraseña no llegase a ser utilizada.
17	Cuando los documentos electrónicos que a continuación se detallan, sean registrados electrónicamente, deberán identificarse mediante la firma digital de su autor:       a. los recursos administrativos, así como toda petición que se formule a la Administración;       b. los actos administrativos definitivos;       c. los actos administrativos de certificación o destinados a hacer fe pública;       d. los dictámenes o asesoramientos previos a una resolución definitiva; y,       e. las resoluciones judiciales.

• Texto actualizado por el Art. 1 de la Ley Nº 4.610/12

TÍTULO QUINTO - DE LA AUTORIDAD DE APLICACIÓN

Art. 37.- Expediente electrónico. Se entiende por “expediente electrónico” la serie ordenada de documentos públicos y privados, emitidos, transmitidos y registrados por vía informática para la emisión de una resolución judicial o administrativa.

En la tramitación de los expedientes administrativos o judiciales, podrá utilizarse el mecanismo electrónico, la firma digital y la notificación electrónica en forma parcial o total y tendrán la misma validez jurídica y probatoria que el expediente tradicional.

Podrán utilizarse expedientes electrónicos total o parcialmente, de acuerdo con las siguientes reglas:

1)	El expediente electrónico tendrá la misma validez jurídica y probatoria que el expediente tradicional.
2)	La documentación emergente de la transmisión a distancia, por medios electrónicos, entre dependencias oficiales, constituirá, de por sí, documentación auténtica y hará plena fe a todos sus efectos en cuanto a la existencia del original trasmitido.
3)	La sustanciación de actuaciones en la Administración Pública, así como los actos administrativos que se dicten en las mismas podrán realizarse por medios informáticos. Cuando dichos trámites o actos, revestidos de carácter oficial, hayan sido redactados o extendidos por funcionarios competentes, según las formas requeridas, dentro del límite de sus atribuciones, y que aseguren su inalterabilidad por medio de la firma digital reconocida en la presente Ley, tendrán al mismo valor probatorio y jurídico que se le asigna cuando son realizados por escrito en papel.
4)	Cuando la sustanciación de las actuaciones administrativas se realice por medios informáticos, las firmas autógrafas que la misma requiera podrán ser sustituidas por firmas digitales.
5)	Todas las normas sobre procedimiento administrativo serán de aplicación a los expedientes tramitados en forma electrónica, en la medida en que no sean incompatibles con la naturaleza del medio empleado.
6)	Toda petición o recurso administrativo que se presente ante la Administración, podrá realizarse por medio de documentos electrónicos. A tales efectos, los mismos deberán ajustarse a los formatos o parámetros técnicos establecidos por la autoridad normativa. En caso de incumplimiento de dichas especificaciones, tales documentos se tendrán por no recibidos.
7)	Toda vez que se presente un documento mediante transferencia electrónica, la Administración deberá expedir una constancia de su recepción. La constancia o acuse de recibo de un documento electrónico será prueba suficiente de su presentación. Su contenido será la fecha, lugar y firma digital del receptor.
8)	La Administración admitirá la presentación de documentos registrados en papel para su utilización en un expediente electrónico. En tales casos, podrá optar entre la digitalización de dichos documentos para su incorporación al expediente electrónico, o la formación de una pieza separada, o una combinación de ambas, fijando como meta deseable la digitalización total de los documentos. En caso de proceder a la digitalización del documento registrado en papel, se certificará la copia mediante la firma digital del funcionario encargado del proceso, así como la fecha lugar de recepción.
9)	Autorízanse la reproducción y almacenamiento por medios informáticos de los expedientes y demás documentos registrados sobre papel, que fueran fruto de la aplicaciór de la presente Ley.
10)	Podrán reproducirse sobre papel los expedientes electrónicos cuando sea del case su sustanciación por ese medio, ya sea dentro o fuera de la repartición administrativa de que se trate, o para proceder a su archivo sobre papel. El funcionario responsable de dicha reproducción certificará su autenticidad.
11)	Tratándose de expedientes totalmente digitalizados, el expediente original en pape deberá radicarse en un archivo centralizado. En caso de la tramitación de un expediente parcialmente digitalizado, la pieza separada que contenga los documentos registrados en papel, se radicará en un archivo a determinar por la repartición respectiva. En ambos casos, el lugar dispuesto propenderá a facilitar la consulta, sin obstaculizar el trámite de expediente.
12)	Los plazos para la sustanciación de los expedientes electrónicos, se computarán partir del día siguiente de su recepción efectiva por el funcionario designado. Se entiende por “recepción efectiva” la fecha de ingreso del documento al subsistema de información al cual tiene acceso el funcionario designado a tales efectos.
13)	Los sistemas de información de expedientes electrónicos deberán prever y controlar las demoras en cada etapa del trámite. A su vez, deberán permitir al superior jerárquico modificar el trámite para sortear los obstáculos detectados, minimizando demoras.
14)	Los órganos administrativos que utilicen expedientes electrónicos, adoptarán procedimientos y tecnologías de respaldo o duplicación, a fin de asegurar su inalterabilidad y seguridad, según los estándares técnicos establecidos por la Autoridad Normativa.
15)	Los documentos que hayan sido digitalizados en su totalidad, a través de los medios técnicos incluidos en el artículo anterior, se conservarán de acuerdo con lo dispuesto en la presente Ley. Los originales de valor histórico, cultural o de otro valor intrínseco, no podrán ser destruidos; por lo que luego de almacenados serán enviados para su guarda a la repartición pública que corresponda, en aplicación de las normas vigentes sobre conservación del patrimonio histórico y cultural del Estado.
16)	La divulgación de la clave o contraseña personal de cualquier funcionario autorizado a documentar su actuación mediante firmas digitales, constituirá falta gravísima, aun cuando la clave o contraseña no llegase a ser utilizada.
17)	Cuando los documentos electrónicos que a continuación se detallan, sean registrados electrónicamente, deberán identificarse mediante la firma digital de su autor:      a. los recursos administrativos, así como toda petición que se formule a la Administración;      b. los actos administrativos definitivos;      c. los actos administrativos de certificación o destinados a hacer fe pública;      d. los dictámenes o asesoramientos previos a una resolución definitiva; y,      e. las resoluciones judiciales.

• Texto actualizado por el Art. 1 de la Ley Nº 4.610/12

TÍTULO SEXTO - DE LAS DISPOSICIONES FINALES y TRANSITORIAS      

Art. 43.- Infracciones. Las infracciones de los preceptos de esta Ley se clasifican en graves, moderadas y leves. Las mismas deberán ser objeto de un sumario administrativo y cuya resolución podrá ser recurrida ante el Tribunal Contencioso Administrativo en un plazo de dieciocho días hábiles.

• Texto actualizado por el Art. 1 de la Ley Nº 4.610/12.

Art. 44.- Son Infracciones Graves:

a)	El incumplimiento de los incisos b) y d) del Artículo 22;
b)	El incumplimiento de los incisos a), b), c), e), f), i) y j) del Artículo 28;
c)	El incumplimiento de los incisos b), f), k) y t) del Artículo 32;
d)	La utilización de datos personales de los usuarios de las personas jurídicas habilitadas como prestadores del servicio de certificación, con fines distintos a los establecidos en esta Ley o sin el consentimiento expreso de su titular.

• Texto actualizado por el Art. 1 de la Ley Nº 4.610/12.

Art. 45.- Son infracciones moderadas:

a)	El incumplimiento de los incisos d), g) y h) del Artículo 28;
b)	El incumplimiento del inciso b) del Artículo 29;
c)	No contar con la aprobación de la Política de Certificación de la Empresa otorgada por la Autoridad de Aplicación;
d)	El incumplimiento de los incisos a), c), d), e), g), h), j), m), p), q), r) y s) del Artículo 32;
e)	La resistencia, obstrucción, excusa o negativa injustificada a la fiscalización de los órganos facultados para llevarla a cabo con arreglo a esta Ley y la falta o deficiente presentación de la información solicitada por parte de la Autoridad de Aplicación en su función de inspección y control;
f)	El incumplimiento de las resoluciones dictadas por el Ministerio de Justicia y Trabajo para asegurar que el prestador de servicios de certificación, se ajuste a esta Ley.

Art. 46.- Constituyen Infracciones Leves: El incumplimiento de los incisos i), I), n) y ñ) del Artículo 32.

• Texto actualizado por el Art. 1 de la Ley Nº 4.610/12.

    TITULO SÉPTIMO - DE LAS DISPOSICIONES FINALES y TRANSITORIAS

Art. 47.- Sanciones. Por la comisión de infracciones recogidas en el presente Título, se impondrán las siguientes sanciones:

a)	Por la comisión de infracciones graves, se impondrá al infractor multa de 5.000 a 10.000 jornales mínimos para actividades diversas no especificadas. La comisión de dos o más infracciones graves en el plazo de tres años, dará lugar a la cancelación de la habilitación como prestadora de servicios de certificación durante un plazo de treinta días a dos años, más la multa correspondiente.
b)	Por la comisión de infracciones moderadas, se impondrá al infractor multa de 2.500 a 5.000 jornales mínimos para actividades diversas no especificadas.
c)	Por la comisión de infracciones leves, se impondrá al infractor una multa por importe de 500 a 2.500 jornales mínimos para actividades diversas no especificadas.

• Texto actualizado por el Art. 1 de la Ley Nº 4.610/12.

Artículo 48.- Los datos de creación de firma digital son los datos únicos que el firmante utiliza para crear la firma digital, están contenidos en la clave privada, que es generada por un proceso matemático, que contiene datos únicos que el firmante utiliza para crear la firma digital. Su conocimiento y control es exclusivo del firmante. Si el firmante decidiera compartirla, se imputará como suyo todo aquello que fuera realizado mediante el uso de la misma.

• Texto actualizado por el Art. 1 de la Ley Nº 4.610/12.

Artículo 49.- Original. Los documentos electrónicos firmados digitalmente y los reproducidos en formato digital firmados digitalmente a partir de originales de primera generación en cualquier otro soporte, también serán considerados originales y poseen, como consecuencia de ello, valor probatorio como tales, según los procedimientos que determine la reglamentación.

• Texto actualizado por el Art. 1 de la Ley Nº 4.610/12.

Artículo 50.- Reglamento de la Ley. El Poder Ejecutivo reglamentará la presente Ley en un plazo de noventa días, contados desde su publicación.

• Texto actualizado por el Art. 1 de la Ley Nº 4.610/12.

Artículo 51.- Derogación. Quedan derogadas todas las disposiciones legales que se opongan a la presente Ley.

Aprobado el Proyecto de Ley por la Honorable Cámara de Diputados, a los ocho días del mes de abril del año dos mil diez, y por la Honorable Cámara de Senadores, a los tres días del mes de junio del año dos mil diez, quedando sancionado el mismo, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 207, numeral 2 de la Constitución Nacional. Objetado totalmente por Decreto del Poder Ejecutivo Nº 4.711 del 15 de julio de 2010. Rechazada la objeción total por la H. Cámara de Diputados el nueve de setiembre de 2010 y por la H. Cámara de Senadores, el once de noviembre de 2010, de conformidad con lo establecido en el Artículo 209 de la Constitución Nacional.

 

Decreto Nº 2614/19.

Por el cual se establece un Régimen excepcional y transitorio para el cumplimiento de determinadas deudas impositivas, y se disponen medidas administrativas referidas al registro único de contribuyentes.

Asunción, 04 de octubre de 2019.

Visto: La presentación efectuada por el Ministerio de Hacienda, individualizada como SIME MH N° 83.616/2019, en la que se solicita el establecimiento de un régimen impositivo denominado que dicha Secretaría de Estado denomina: “CUMPLÍ CON LA SET”, que posibilitará a los contribuyentes honrar sus deudas con el fisco.

La Ley N° 109/1991, Que aprueba con modificaciones el Decreto-Ley N° 15 de fecha 8 de marzo de 1990, “Que establece las Funciones y Estructura Orgánica del Ministerio de Hacienda”, modificada y ampliada por la Ley N° 4394/2011.

La Ley N° 125/1991, “Que establece el Nuevo Régimen Tributario”.

La Ley N° 2421/2004, “De Reordenamiento Administrativo y de Adecuación Fiscal”.

El Decreto N° 6904/2005, “Por el cual se consolida en un solo Instrumento Legal las disposiciones de la Ley N° 125/91, relacionadas con el otorgamiento de Prórrogas y Facilidades de Pago y la aplicación de la sanción prevista para la Infracción por Mora y se establece un Régimen Transitorio de Aplicación de la Tasa de Interés o Recargo Moratorio y Contravención” y sus modificaciones.

La Ley N° 5061/2013, “Que modifica disposiciones de la Ley N° 125 del 9 de enero de 1992,

“Que establece el Nuevo Régimen Tributario” y dispone otras medidas de carácter tributario”; y

Considerando: Que en atención al rol estratégico que la Administración Tributaria cumple en pos del bien común del país y ante la coyuntura económica por la que atraviesa, es necesario establecer mecanismos que faciliten y permitan al contribuyente cumplir con sus obligaciones tributarias.

Que resulta aconsejable establecer un periodo durante el cual el contribuyente pueda acceder a beneficios, mediante un plan de Facilidad de Pago más accesible y sin intereses, así como la no aplicación de la sanción por el incumplimiento de deberes formales.

Que en el marco del proceso de modernización y simplificación del sistema tributario, es necesario perfeccionar y mantener actualizado el padrón del Registro Único de Contribuyentes.

Que la Abogacía del Tesoro del Ministerio de Hacienda se ha expedido favorablemente en los términos del Dictamen N° 1429 del 2 de octubre de 2019.

Por tanto, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, El Presidente de la República del Paraguay DECRETA:

Art. 1°.- Establécese, hasta el 31 de enero de 2020, un régimen excepcional y transitorio de Facilidades de Pago, a efectos de que el contribuyente se ponga al día con sus deudas impositivas, correspondientes a periodos o ejercicios cerrados hasta el 31 de diciembre de 2018; incluyendo las deudas referidas a las consignadas en Certificados de Deuda que se encuentren en proceso de gestión por parte de la Abogacía del Tesoro del Ministerio de Hacienda, o en instancia judicial, y las derivadas de una determinación tributaria, para lo cual se aplicarán las siguientes reglas:

a)	Entrega inicial mínima equivalente al diez por ciento (10%) de la deuda.
b)	Tasa de interés anual de financiación del cero por ciento (0%).
c)	Hasta treinta y seis (36) cuotas mensuales.

Al presente régimen también podrán acogerse los contribuyentes por deudas que surjan de

Facilidades de Pago que queden sin efecto o decaigan durante la vigencia del presente Decreto.

El presente régimen no será aplicable a las deudas que correspondan a retenciones de impuestos practicadas por los Agentes de Retención, ni podrá ser acumulable con el beneficio establecido en el Decreto N° 313/2018 en lo referido a la tasa aplicada en concepto de recargo o interés previsto en el penúltimo párrafo del Artículo 171 de la Ley N° 125/1991.

El incumplimiento en el pago de las cuotas al vencimiento de los plazos concedidos, conforme al régimen previsto en el presente artículo, generará los recargos o intereses mensuales, conforme al Régimen General vigente.

A la Facilidad de Pago otorgada en virtud del presente Régimen, le serán aplicables las demás disposiciones generales que conforme a la Ley son emitidas por la Administración Tributaria.

Art. 2°.- Durante el plazo de aplicación del presente Régimen, todos los pagos iniciales correspondientes a facilidades de pago de deudas tributarias reguladas en el Artículo 1° de este Decreto, deberán ser ingresados dentro de los dos (2) días corridos contados a partir del día siguiente de la presentación de la solicitud.

Art. 3°.- Establécese excepcionalmente, que hasta el 31 de enero de 2020 no será aplicable la sanción por incumplimiento de deberes formales establecida en el Artículo 176 de la Ley N° 125/1991 en concepto de Contravención, para aquellos contribuyentes que regularicen sus obligaciones formales en este periodo.

No se incluirán dentro de esta disposición las contravenciones detectadas dentro de procesos de control o de fiscalización.

Art. 4°.- Autorízase a la Administración Tributaria a cancelar de manera automática el Registro Único de Contribuyentes (RUC) de aquellos contribuyentes que sean personas físicas, excluidos los del Impuesto a la Renta Personal (IRP), que reúnan las siguientes condiciones:

a)	Se hayan inscripto en el RUC antes del 1 de enero de 2014.
b)	No cuenten con timbrado cuya fecha de vigencia sea posterior al 31 de diciembre de 2013.
c)	Que no hayan presentado declaraciones juradas correspondientes a periodos o ejercicios fiscales posteriores a diciembre de 2013.
d)	Que no posean deudas consignadas en Certificados de Deudas.

Art. 5°.- A fin de que la Administración Tributaria adecue sus sistemas y procedimientos, la vigencia de este Decreto será a partir del quinto (5°) día de su publicación en la Gaceta Oficial.

Art. 6°.- El presente Decreto será refrendado por el Ministro de Hacienda.

Art. 7°.- Comuníquese, publíquese e insértese en el Registro Oficial.

 

 

 

Que Amplía la Vigencia de los Artículos 1º, 6º, 10, 11, 12, 20, 42, 43, 44 y 45 de la Ley N° 6524/2020 “Que Declara Estado de Emergencia en todo el Territorio de la República del Paraguay ante la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud a causa del covid-19 o coronavirus y se Establecen Medidas Administrativas, Fiscales y Financieras”, y sus modificaciones correspondientes en la Ley N° 6600/2020 y la ley N° 6613/2020, hasta el 30 de junio de 2021.

EL CONGRESO DE LA NACIÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

LEY:

Artículo 1°.- Amplíase la vigencia de los Artículos 1º, 6º, 10, 11, 12, 20, 42, 43, 44 y 45 de la Ley Nº 6524/2020 “QUE DECLARA ESTADO DE EMERGENCIA EN TODO EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY ANTE LA PANDEMIA DECLARADA POR LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD A CAUSA DEL COVID-19 O CORONAVIRUS Y SE ESTABLECEN MEDIDAS ADMINISTRATIVAS, FISCALES Y FINANCIERAS”, y sus modificaciones correspondientes en la Ley N° 6600/2020 y la Ley N° 6613/2020, hasta el 30 de junio de 2021.

Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Aprobado el Proyecto de Ley por la Honorable Cámara de Senadores, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil veinte, quedando sancionado el mismo por la Honorable Cámara de Diputados, a los veintitrés días del mes de diciembre del año dos mil veinte, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 204 de la Constitución Nacional.

Pedro Alliana R. Presidente H. Cámara de Diputados	Oscar R. Salomón Presidente H. Cámara de Senadores
Nestor Fabian Ferrer Secretaria Parlamentaria	Gilberto Apuril S. Secretario Parlamentario

 

Asunción, 30 de diciembre de 2020

Téngase por Ley de la República, publíquese e insértese en el Registro Oficial.

Mario Abdo Benítez

Presidente

Julio Mazzoleni

Ministro de Salud Pública y Bienestar Social

Que Amplía el Artículo 11 de la Ley N° 6524/2020 “Que Declara Estado de Emergencia en todo el Territorio de la República del Paraguay ante la Pandemia Declarada por la Organización Mundial de la Salud a causa del covid-19 o coronavirus y se Establecen Medidas Administrativas, Fiscales y Financieras”

EL CONGRESO DE LA NACIÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

LEY:

Artículo 1º.- Amplíase el Artículo 11 de la Ley N° 6524/2020 “QUE DECLARA ESTADO DE EMERGENCIA EN TODO EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY ANTE LA PANDEMIA DECLARADA POR LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD A CAUSA DEL COVID-19 O CORONAVIRUS Y SE ESTABLECEN MEDIDAS ADMINISTRATIVAS, FISCALES Y FINANCIERAS”, quedando redactado de la siguiente forma:

“Art. 11.- Autorízase al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social:

a) La adquisición de bienes, contratación de servicios y construcción de obras públicas, mediante un procedimiento de compra directa simplificada con criterios de eficiencia y transparencia, incluyendo aquellos proveedores internacionales sin domicilio en el país, en carácter de excepción a la Ley N° 2051/2003 “DE CONTRATACIONES PÚBLICAS”. El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social deberá emitir una resolución que disponga el procedimiento a seguir. Las contrataciones realizadas bajo este régimen particular, deberán ser publicadas dentro de los 10 (diez) días hábiles posteriores a la formalízación del contrato.

b) La adquisición de bienes, insumos, equipamientos, medicamentos, construcción de plantas de tratamiento de residuos, mantenimiento de edificios y equipos, campañas de comunicación en Salud Pública y la provisión de servicios relacionados directamente con la emergencia sanitaria por Covid-19 y las patologías consideradas de riesgo, destinados a fortalecer el Sistema de Salud Pública en general. Estos, serán a través de los procesos establecidos en la Ley N° 2051/2003 “DE CONTRATACIONES PÚBLICAS”, fomentando la transparencia, publicidad, igualdad y libre competencia.

Los recursos para estas adquisiciones provendrán del “Fondo de Emergencia Sanitaria” y serán utilizados en el marco de la emergencia sanitaria declarada.

Al tal efecto, dispóngase la creación del “Fondo de Emergencia Sanitaria”, en el Organismo Financiador 817, que estará constituido por una parte de los recursos previstos en esta Ley y por los previstos en el Presupuesto del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social que podrán ser re programados así como por las donaciones que se reciban y que será imputado y ejecutado dentro del Grupo 800 “Transferencias”.

Los procedimientos necesarios para la inclusión de los recursos del Fondo dentro del Presupuesto General de la Nación y su transferencia, serán establecidos en la reglamentación a ser emitida por el Poder Ejecutivo.”

Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Aprobado el Proyecto de Ley por la Honorable Cámara de Senadores, a los veintitrés días del mes de julio del año dos mil veinte, quedando sancionado el mismo por la Honorable Cámara de Diputados, a los dos días del mes de setiembre del año dos mil veinte, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 204 de la Constitución Nacional.

Julio E. Mineur Vicepresidente 1º En ejercicio de la Presidencia H. Cámara de Diputados	Oscar Rubén Salomón Fernández Presidente H. Cámara de Senadores
Néstor Fabián Ferrer Miranda Secretario Parlamentario	Gilberto Antonio Apuril Santiviago Secretarlo Parlamentario

Asunción, 11 de setiembre de 2020

Téngase por Ley de la República, publíquese e insértese en el Registro Oficial.

Mario Abdo Benítez

Presidente de la República

Benigno López B.

Ministro de Hacienda

LEY N° 1.352/88

QUE ESTABLECE EL REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES EL CONGRESO DE LA NACIÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE LEY

Artículo 1º Establécese el Registro Único de Contribuyentes en el cual deberán inscribirse obligatoriamente:

a) Las personas físicas y jurídicas sujetas de las obligaciones tributarias establecidas en las disposiciones legales cuya administración y recaudación estén a cargo del Ministerio de Hacienda;

b) Las sucursales, agencias u otras representaciones de personas naturales y jurídicas domiciliadas en el exterior que en el país estén sujetas a obligaciones tributarias; y

c) Las dependencias de la Administración Central y entidades descentralizadas y autónomas; las corporaciones mixtas, empresas del Estado y municipalidades que deban pagar y retener impuesto.

La inscripción será efectuada de oficio cuando los afectados no hayan cumplido con su obligación de inscribirse.

Resolución Gral. N° 77/16 Artículo 1°

Artículo 2° Créase la Dirección del Registro Único de Contribuyente encargada de la aplicación de esta Ley, dependiente del Ministerio de Hacienda.

Artículo 3° En esta Ley, se entienden por Registro Único de Contribuyentes; por Dirección, la Dirección del Registro Único de Contribuyentes; y por Cédula, la Cédula Tributaria.

Artículo 4° La Dirección centralizará y mantendrá actualizada la información tributaria de todos los contribuyentes del país, conforme a esta Ley.

Esta información podrá ser facilitada por la Dirección solamente a pedido del contribuyente sobre su propia situación tributaria o por orden judicial.

Las instituciones, direcciones de impuestos y demás reparticiones dependientes del Ministerio de Hacienda y del sector publico, presentaran su cooperación para el debido cumplimiento de esta Ley.

Artículo 5° Todo obligado a inscribirse, se registrará una sola vez y le corresponderá una identificación única.

Artículo 6° La Dirección expedirá, en forma gratuita, a cada inscripto en el Registro una Cédula en que conste su nombre, razón social y la identificación técnica.

Artículo 7° A solicitud de la casa matriz, la Dirección expedirá a las sucursales y agencias, Cédulas adicionales, con el mismo número de registro de dicha casa matriz y la referencia específica para cada sucursal o agencia.

Artículo 8° En los casos de destrucción o perdida de la Cédula, la Dirección expedirá copia, a petición del interesado.

Artículo 9° En los casos de urgencias plateados por el inscripto, la Dirección expedirá copia de la Cédula, dentro de las cuarenta y ocho horas de ser solicitada.

Artículo 10° Estarán obligados a exigir la presentación de la Cédula, en las operaciones, contratos, obligaciones y demás actos gravados de conformidad con las leyes: los Bancos y otras entidades financieras; las Aduanas de al República; los Escribanos y Jueces de Paz; las instituciones fiscales, municipales, autónomas, autárquicas, corporaciones mixtas y empresas estatales; las personas e instituciones que estén obligadas legalmente a tener impuestos; y las Direcciones de Impuestos dependientes del Ministerio de Hacienda.

En los actos citados precedentemente se dejará constancia de los respectivos números de la Cédula de los sujetos intervinientes.

Artículo 11° Los importadores, industriales, distribuidores, intermediarios y comerciantes exigirán la presentación de la Cédula de los adquirentes, cuando estos a su vez tengan la misma calidad de aquellos.

Artículo 12º Los inscriptos en el Registro deberán dar aviso a la Dirección dentro de los treinta días contados a partir de la fecha en que ocurra, de lo siguiente:

a) Cambio de razón social;

b) Cambio de domicilio;

c) Traspaso de negocio;

d) Suspensión temporal de actividades;

e) Cesación de actividades; y

f) Disolución y liquidación de sociedades.

Artículo 13° En el caso de fallecimiento de una persona inscripta, el patrimonio hereditario indiviso podrá continuar usando la Cédula del causante hasta tanto sean adjudicados los bienes. Una vez ocurrido este hecho, la Cédula deberá ser devuelta a la Dirección, dentro del término de treinta días contados desde la fecha de dicha adjudicación. Cumplido este plazo y si no cancelará. En los casos de disolución de una persona jurídica o extinción de entes sin personería jurídica, la Cédula respectiva deberá ser entregada a al Dirección dentro de los treinta días siguientes a la fecha de la disolución o extinción.

Los plazos previstos en el presente artículo, podrán ser ampliados cuando existan fundadas razones para ello.

Artículo 14° La inscripción se hará dentro de los siguientes plazos:

a) Las personas físicas que sean contribuyentes de los impuestos a la renta, a las ventas y de los servicios, dentro del término de ciento veinte días de la fecha de promulgación de esta ley;

b) Las personas jurídicas dentro de los noventa días siguientes a la fecha de promulgación de esta ley;

c) Las personas físicas que sean sujetos de los demás impuestos de carácter fiscal, excepto quienes únicamente lo sean del impuesto inmobiliario, dentro de los ciento veinte días de la fecha de promulgación de esta ley;

d) Las instituciones, dependencias y organismos mencionados en el inciso c) del Articulo 1°, deberán inscribirse dentro de los noventa días de la fecha de promulgación de la presente ley;

e) los obligados que sean sujetos exclusivamente del impuesto inmobiliario, deberán inscribirse dentro de los doce meses siguientes a la promulgación de esta ley salvo las personas físicas propietarias de inmuebles rurales destinados a la actividad agropecuaria de superficie hasta veinte hectáreas, que tendrán el doble del plazo establecido en este inciso; y

f) las personas físicas, jurídicas, instituciones, dependencias, organismos y otros obligados que se mencionan en los incisos precedentes, que a partir de la vigencia de esta ley adquieran la calidad de sujetos de algún tributo o deban retener impuestos, deberán inscribirse dentro del término de treinta días contados desde la fecha de iniciación de sus actividades o desde el momento en que queden sujetos a las obligaciones tributarias referidas, salvo las personas físicas propietarias de inmuebles rurales destinados a la actividad agropecuaria de superficie inferior a veinte hectáreas, que tendrán seis meses a partir de su calidad de sujeto.

Artículo 15° Las disposiciones del Articulo 10° se aplicaran transcurridos doce meses contados desde la fecha de al promulgación de esta ley.

Artículo 16° La adulteración o falsificación de la Cédula en el uso de una Cédula falsificada, o de una que debió ser devuelta a la Dirección de acuerdo a lo señalado en el Articulo 13°, o la utilización en el beneficio propio de una Cédula perteneciente a otro, serán sancionados con una multa que no podrá ser inferior a GUARANÍES CINCUENTA MIL ni superior a GUARANÍES DOSCIENTOS MIL, independientemente de la responsabilidad criminal de las personas implicadas en el comisión del ilícito.

En estos casos, además, la autoridad competente podrá disponer la clausura temporal del establecimiento de propiedad del infractor.

Artículo 17° El que no cumpliere las disposiciones del Articulo 10° será sancionada con una multa comprendida entre GUARANÍES TREINTA MIL a GUARANÍES CIEN MIL.

Artículo 18° Para la inscripción en el Registro, la Dirección exigirá, taxativamente, las siguientes informaciones: a las personas físicas, sus datos de identificación personal y las actividades sujetas a obligaciones tributarias; a las personas jurídicas, la copia de la escritura de constitución social; los bancos, financieras y compañías de seguros agregarán a los datos que anteceden la autorización formal para su funcionamiento; las fundaciones, cooperativas y mutuales, copia legalizada del Decreto del Poder Ejecutivo de su reconocimiento; y otros entes obligados conforme a disposiciones concordantes del Código Civil, copia formal del documento que acredite su existencia legal.

La presentación de la solicitud será efectuada en la Dirección o reparticiones indicadas por la misma.

Artículo 19° Los registros que actualmente poseen las oficinas recaudadoras, dependientes del Ministerio de Hacienda, los que seguirán vigentes, servirán como información complementaria, hasta tanto sean reemplazados por el Registro creado por esta ley.

Artículo 20° Si la Dirección detectare el incumplimiento de la obligación de inscribirse y procediere a la inscripción de oficio, el infractor será sancionado con una multa de GUARANÍES VEINTE MIL a GUARANÍES CIEN MIL. En el caso que el obligado se inscriba después de haber vencido los plazos establecidos en el Articulo 14°, la multa será de GUARANÍES DOS MIL.

Artículo 21° Quedan exceptuados de lo dispuesto por el Articulo 1°, inciso a), las personas físicas por remuneraciones o pagos tales como sueldos, jornales, jubilaciones, haberes de retiro, pensiones y los beneficiarios de prestamos sociales concedidos por el Sector Público, toda vez que por otras exigencias legales no tengan la obligación de inscribirse.

Artículo 22° La resolución dictada por el Director podrá ser recurrida en reconsideración, en el plazo de cinco días, recurso que será resuelto sin otro tramite dentro del plazo de cinco días posteriores a su interposición.

Artículo 23° La resolución ratificada del Director dará derecho al afectado a interponer, dentro de un plazo no mayor de cinco días, el recurso de apelación para ante el Ministro de Hacienda. Este recurso deberá ser interpuesto en escrito fundado.

Artículo 24° El Ministerio de Hacienda dictara resolución dentro del plazo de quince días a partir de la fecha en que el expediente fuera radicado en la Mesa de Entradas del Ministerio de Hacienda. La resolución de la Dirección se considerará confirmada, si excedido dicho termino, el recurso no ha sido resuelto pro el Ministro.

Artículo 25° En todos los casos, queda expeditada vía de lo contencioso administrativo contra la resolución del Ministerio de Hacienda, debiendo ser ejercido este derecho dentro del plazo de diez días.

Artículo 26° El cobro judicial de las multas se efectuará por el procedimiento ejecutivo. Servirá de suficiente título para la ejecución, el certificado en que conste la deuda, expedida por la Dirección no pudiendo oponerse a la ejecución otras excepciones que las de inhabilidad del título, pago prescripción y espera.

Artículo 27° Los plazos establecidos en esta ley son improrrogables, perentorio y corresponden a días hábiles.

Artículo 28° Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO NACIONAL, A LOS TRECE DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO.

LUÍS MARTINES MILTOS PTE. CÁMARA DE DIPUTADOS	EZEQUIEL GONZÁLEZ ALSINA PTE. CÁMARA DE SENADORES
ANTONIO VERA VALENZANO SECRETARIO PARLAMENTARIO	CARLOS MARIA OCAMPOS ARBO SECRETARIO GENERAL

Asunción, 19 de diciembre de 1988

TÉNGASE POR LEY DE LA REPUBLICA, PUBLÍQUESE E INSÉRTESE EN EL REGISTRO OFICIAL.

ELVIO ALONSO MARTINO GRAL. DE EJ. ALFREDO STROESSNER MINISTRO DE HACIENDA PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

 

Ley Nº 125/91

“Que establece el Nuevo Régimen Tributario”

con modificaciones introducidas por las leyes posteriores.

LIBRO I - IMPUESTO A LOS INGRESOS

TÍTULO 1 - IMPUESTO A LA RENTA

Artículo 1º.- Naturaleza del Impuesto. Créase un impuesto que gravará las rentas de fuente paraguaya provenientes de las actividades comerciales, industriales, de servicios y agropecuarias, que se denominará “Impuesto a la Renta”.

CAPÍTULO I - RENTA DE ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS (IRACIS).

Artículo 2º.- Hecho generador. Estarán gravadas las rentas de fuente paraguaya que provengan de la realización de actividades comerciales, industriales o de servicios que no sean de carácter personal. Se consideran comprendidas:

a. Las rentas provenientes de la compraventa de inmuebles cuando la actividad se realice en forma habitual, de acuerdo con lo que se establezca en la reglamentación.

b. Las rentas generadas por los bienes del activo, excluidas las que generan los bienes afectados a las actividades contempladas en los Capítulos de las Rentas de las Actividades Agropecuarias, Rentas del Pequeño Contribuyente y Rentas del Servicio de Carácter Personal.

c. Todas las rentas que obtengan las personas o sociedades, con o sin personería jurídica, así como las entidades constituidas en el exterior o sus sucursales, agencias o establecimientos en el país. Quedan excluidas las rentas provenientes de las actividades comprendidas en el Impuesto a las Rentas de las Actividades Agropecuarias, Rentas del Pequeño Contribuyente y Rentas del Servicio de Ca- rácter Personal.

Las rentas provenientes de las siguientes actividades: extractivas, cunicultura, avicultura, apicultura, sericultura, suinicultura, floricultura y explotación fores- tal.

Obs: Modificado en forma indirecta por el IRAGRO. Ver Art. 27º de la Ley Nº 125/91 “Actividad Agropecuaria” con la redacción dada por la Ley Nº 5061/13.

a. Las rentas que obtengan los consignatarios de mercaderías.

b. Las rentas provenientes de las siguientes actividades:

• Reparación de bienes en general.
• Carpintería.
• Transporte de bienes o de personas.
• Seguros y reaseguros.
• Intermediación Financiera.
• Estacionamiento de autovehículos.
• Vigilancia y similares.
• Alquiler y exhibición de películas.
• Locación de bienes y derechos.
• Discotecas.
• Hoteles, moteles y similares.
• Cesión del uso de bienes incorporales, tales como marcas, patentes y privile- gios.
• Arrendamiento de bienes inmuebles, siempre que el arrendador sea propie- tario de más de un inmueble. A los efectos de esta disposición las unidades o departamentos integrantes de las propiedades legisladas en el Código Civil y en la Ley Nº 677 del 21 de septiembre de 1960 “Sobre Propiedad por pisos y por departamentos”, serán consideradas como inmuebles independientes.
• Agencias de viajes.
• Pompas fúnebres y actividades conexas.
• Lavado, limpieza y teñido de prendas en general.
• Publicidad.
• Construcción, refacción y demolición.

1. Los dividendos y las utilidades que se obtengan en carácter de accionistas o de socios de entidades que realicen actividades comprendidas en el Impuesto a las Rentas de Actividades Comerciales, Industriales y de Servicios y Rentas de las Actividades Agropecuarias. (Texto de la Ley Nº 2421/04).

Ver Artículo 4º de la Ley Nº 5061/13. Por el cual se establece indirectamente un nuevo impuesto denominado a los efectos didácticos como APE (Ajustes de precio de exportación).

Artículo 3º.- Contribuyentes. Serán contribuyentes:

a. Las empresas unipersonales, las sociedades con o sin personería jurídica, las asociaciones, las corporaciones y las demás entidades privadas de cualquier na- turaleza.

b. Las empresas públicas, entes autárquicos, entidades descentralizadas y socieda- des de economía mixta.

c. Las personas domiciliadas o entidades constituidas en el exterior y sus sucursales, agencias o establecimientos que realicen actividades gravadas en el país. La casa matriz deberá tributar por las rentas netas que aquellas le paguen o acrediten.
La casa matriz del exterior tributará por las rentas gravadas que obtenga en forma independiente.

d. Las Cooperativas, con los alcances establecidos en la Ley Nº 438/94 “De Coope- rativas”. (Texto de la Ley Nº 2421/04).

Ver Ley Nº 5501/15, modificada por la Ley Nº 6.178/18, que modifica la Ley de Cooperativas, en aspectos contables y la exoneración del IVA, con sus diferentes períodos.

Artículo 4º.- Empresas Unipersonales. Se considerará empresa unipersonal toda uni- dad productiva perteneciente a una persona física, en la que se utilice en forma conjunta el capital y el trabajo, en cualquier proporción, con el objeto de obtener un resultado eco- nómico, con excepción de los servicios de carácter personal. A estos efectos, el capital y trabajo pueden ser propios o ajenos.

Las personas físicas domiciliadas en el país que realicen las actividades comprendidas en los incisos a), d), e) y f) del Artículo 2º, serán consideradas empresas unipersonales.

Artículo 5º.- Fuente Paraguaya. Sin perjuicio de las disposiciones especiales que se establecen, se considerarán de fuente paraguaya las rentas que provienen de actividades desarrolladas, de bienes situados o de derechos utilizados económicamente en la Repú- blica, con independencia de la nacionalidad, domicilio o residencia de quienes interven- gan en las operaciones y del lugar de celebración de los contratos.

Los intereses de títulos y valores mobiliarios se considerarán íntegramente de fuente paraguaya, cuando la entidad emisora esté constituída o radicada en la República.

Los intereses, comisiones, rendimientos o ganancias de capitales colocados en el exte- rior, así como las diferencias de cambio se considerarán de fuente paraguaya, cuando la entidad inversora o beneficiaria esté constituida o radicada en el país.

La asistencia técnica y los servicios no gravados en el Impuesto a la Renta del Servicio de Carácter Personal se considerarán realizadas en el territorio nacional cuando la misma es utilizada o aprovechada en el país.

La cesión del uso de bienes y derechos será de fuente paraguaya cuando los mismos sean utilizados en la República aún en forma parcial en el período pactado.

Los fletes internacionales serán en un 50% (cincuenta por ciento) de fuente paraguaya cuando los mismos sean utilizados entre el Paraguay y la Argentina, Bolivia, Brasil y Uruguay, y en un 30% (treinta por ciento) cuando se realicen entre el Paraguay y cual- quier otro país no mencionado. (Texto de la Ley Nº 2421/04).

Artículo 8º.- Renta Neta. La renta neta se determinará deduciendo de la renta bruta gravada los gastos que sean necesarios para obtenerla y mantener la fuente productora, siempre que representen una erogación real, estén debidamente documentados y sean a precios de mercado, cuando el gasto no constituya un ingreso gravado para el beneficia- rio.

Asimismo se admitirá deducir:

a. Los tributos y cargas sociales que recaen sobre la actividad, bienes y derechos afectados a la producción de rentas, con excepción del Impuesto a la Renta.

b. Los gastos generales del negocio tales como: alumbrado, fuerza motriz, fletes, telégrafos, teléfonos, publicidad, prima de seguros contra riesgos inherentes al negocio, útiles de escritorio y mantenimiento de equipos.

c. Todas las remuneraciones personales tales como: salarios, comisiones, bonificaciones y gratificaciones por concepto de prestación de servicios que se encuentren gravados por el Impuesto del Servicio de Carácter Personal. En caso contra- rio, las remuneraciones personales serán deducibles cuando fueren prestadas en relación de dependencia y hayan aportado a un seguro social creado o admitido por Ley o Decreto-Ley. En este último caso, si no correspondiere efectuar aportes al seguro social, la deducción se realizará de conformidad con los límites y condiciones que establezca la reglamentación. Quedan comprendidas en esta dis- posición las remuneraciones del dueño y su cónyuge, socio, directores, gerentes y personal superior.
Las deducciones serán admitidas siempre que tales retribuciones sean corrientes en el mercado nacional, atendiendo al volumen de negocios de la empresa así como la capacidad profesional, la antigüedad, las responsabilidades y el tiempo de trabajo dedicado por dichas personas a la empresa. Si la Administración con- sidera excesiva alguna de las remuneraciones, podrá solicitar un informe funda- do a tres empresas de auditoría registradas.
El aguinaldo y las remuneraciones por vacaciones serán deducibles en su totali- dad, de acuerdo a lo establecido en el Código Laboral.

d. Los gastos de organización, constitución, o preparativos en los términos y condiciones que establezca la reglamentación.

e. Las erogaciones por concepto de intereses, alquileres o cesión del uso de bienes y derechos.
Las mismas serán admitidas siempre que para el acreedor constituyan ingresos gravados por el presente impuesto. Esta condición no se aplicará a las entidades financieras comprendidas en la Ley Nº 861/96 “General de Bancos, Financieras y otras entidades de crédito”, en lo que respecta a los intereses.
Cuando los alquileres no constituyan ingresos gravados para el locador, dicha erogación podrá ser deducible en los términos y condiciones que establezca la reglamentación.

f. Las pérdidas extraordinarias sufridas en los bienes del negocio o explotación por casos fortuitos o de fuerza mayor, como incendio u otros accidentes o siniestros, en cuanto no estuvieren cubiertas por seguros o indemnizaciones.

g. Las previsiones y los castigos sobre malos créditos.

h. Las pérdidas originadas por delitos cometidos por terceros contra los bienes aplicados a la obtención de rentas gravadas, en cuanto no fueren cubiertos por indemnizaciones o seguros.

i. Las depreciaciones por desgaste, obsolescencia y agotamiento, en los términos y condiciones que establezca la reglamentación.

j. Las amortizaciones de bienes incorporales tales como las marcas, patentes y privilegios, siempre que importen una inversión real y en el caso de adquisiciones, se identifique al enajenante. La reglamentación establecerá la forma y condiciones.

k. Los gastos y erogaciones en el exterior en cuanto sean necesarios para la obten- ción de las rentas gravadas, provenientes de las operaciones de exportación e importación de acuerdo con los términos y condiciones que establezca la reglamentación. En las actividades de transporte de bienes o personas, los gastos del vehículo se admitirán de acuerdo con los principios del impuesto.

l. Los gastos de movilidad, viáticos y otras compensaciones análogas, siempre que las rendiciones de cuentas se hallen debidamente respaldadas con la documentación legal desde el punto de vista impositivo. En caso que constituya gasto  sin cargo a rendir cuenta, se considera parte del salario o remuneración y le es aplicable el inciso c) del presente artículo.

m. Las donaciones al Estado, a las municipalidades, a la Iglesia Católica y demás entidades religiosas reconocidas por las autoridades competentes, así como las entidades con personería jurídica de asistencia social, educativa, cultural, caridad o beneficencia, que previamente fueran reconocidas como entidad de beneficio público por la Administración. El Poder Ejecutivo podrá establecer limitaciones a los montos deducibles de las mencionadas donaciones, que no sean inferiores al 1% (uno por ciento) del ingreso bruto.

n. Las remuneraciones porcentuales pagadas de las utilidades líquidas por servicios de carácter personal, en las mismas condiciones establecidas en el inciso c) del presente artículo.

o. Los honorarios profesionales y otras remuneraciones por concepto de servicios personales gravados por el Impuesto a la Renta del Servicio de Carácter Personal, sin ninguna limitación. Los demás honorarios profesionales y remuneraciones serán deducibles dentro de los límites y condiciones que establezca la reglamentación.

p. Los gastos y contribuciones realizados a favor del personal por asistencia sanitaria, escolar o cultural, siempre que para la entidad prestadora del servicio dichos gastos constituyan ingresos gravados por el Impuesto establecido en este Título o el personal impute como ingreso propio gravado por el impuesto a la Renta del Servicio de Carácter Personal.

1. Los costos y gastos directos e indirectos provenientes de la implantación y el manejo de bosques, realizados en el marco de forestaciones y reforestaciones amparadas en las Leyes Nº 422/73 “Forestal” y 536/95 “De fomento a la foresta- ción y reforestación”; excepto los que sean objeto de bonificación por el Estado en los términos de los Artículos 7º al 10º de la última de estas leyes.
Las deducciones de los costos y gastos directos e indirectos provenientes de la implantación y el manejo de bosques no estarán sujetos a limitaciones de índole temporal. La reglamentación tampoco podrá establecer limitaciones porcentua- les a esas deducciones. (Texto de la Ley Nº 3703/09).

Artículo 9º.- Conceptos no deducibles. No se podrán deducir:

Intereses por concepto de capitales, préstamos o cualquier otra inversión del dueño, socio o accionista de la empresa pagados a personas que no sean con- tribuyentes del Impuesto a la Renta de Actividades Comerciales, Industriales y de Servicios, por montos que excedan el promedio de las tasas máximas pasivas del mercado bancario y financiero aplicables a colocaciones de similares carac- terísticas para igual instrumento y plazo, de acuerdo a la reglamentación de tasas máximas, dictada por el Banco Central del Paraguay. No se encuentran compren- didos dentro de esta prohibición los intereses pagados por las entidades bancarias o financieras al dueño, socio o accionista, siempre que sean a tasas pasivas a nivel bancario y financiero.

• Están exoneradas las siguientes rentas:

a. Los dividendos y las utilidades que obtengan los contribuyentes del Impuesto   a la Renta domiciliados en el país en carácter de accionistas o de socios de en- tidades que realicen actividades comprendidas en este impuesto, cuando estén gravadas por el Impuesto a las Rentas de Actividades Comerciales, Industriales o de Servicios y las Rentas de las Actividades Agropecuarias, siempre que el total de los mismos no superen el 30% (treinta por ciento) de los ingresos brutos gravados por el presente impuesto en el ejercicio fiscal.
La exoneración no regirá a los efectos de la aplicación de las tasas previstas en los numerales 3) y 4) del Artículo 20º.

b. Las contribuciones o aportes efectuados a las Instituciones Públicas que adminis- tran los seguros médicos, de jubilaciones y pensiones por el sistema de reparto, así como los fondos privados de pensión y jubilación por el sistema de capita- lización individual y el sistema nacional de seguro de salud pública, creados o admitidos por Ley, incluyendo las rentas, utilidades o excedentes que provengan de la inversión, colocación, aprovechamiento económico del fondo o capital ob- tenido en las Entidades del Sistema Bancario y Financiero regido por la Ley Nº 861/96, incluyendo los Bonos o Debentures transados en el mercado de capitales. Quedan exceptuados de esta exoneración los actos y rentas que les generan por colocaciones, que provengan de las demás operaciones realizadas con dichos fondos en forma permanente, habitual y organizadas en forma empresarial, con- forme lo tiene definido el presente Artículo en el numeral 2) inciso b).

c. Los intereses y las utilidades provenientes del mayor valor obtenido de la venta de bonos bursátiles colocados a través de la bolsa de valores, así como los de los títulos de deuda pública emitidos por el Estado o por las municipalidades.

d. Las operaciones de fletes internacionales, destinados a la exportación de bienes.

Están exoneradas:

a. Las entidades religiosas reconocidas por las autoridades competentes, por los in- gresos provenientes del ejercicio del culto, servicios religiosos y de las donacio- nes que se destinen a dichos fines, en los límites previstos en la ley y en la regla- mentación. A este efecto se entenderá por culto y servicio religioso el conjunto de actos por los cuales se tributa homenaje siguiendo los preceptos dogmáticos que rige a cada entidad en cumplimiento de sus objetivos, tales como realización de celebraciones religiosas, bautismos, aportes de los feligreses (diezmos o donaciones).

b. Las entidades de asistencia social, caridad, beneficencia, instrucción científica,
literaria, artística, gremial, de cultura física y deportiva, y de difusión cultural y/o
Religiosa, así como las asociaciones, mutuales, federaciones, fundaciones, corporaciones, partidos políticos legalmente reconocidos y las entidades educativas de Enseñanza Escolar Básica, Media, Técnica, Terciaria y Universitaria reconocidas por el Ministerio de Educación y Cultura, siempre que sean instituciones sin fines de lucro. Se consideran instituciones sin fines de lucro aquéllas en las que sus utilidades y excedentes no se distribuyen a sus asociados, siendo aplicadas al fin para el cual han sido constituidos.
A los efectos de esta ley, las entidades sin fines de lucro, mencionadas en los incisos a) y b), que realicen alguna actividad que se encuentra afectada por los impuestos vigentes, cuando tales actos tuviesen carácter permanente, habitual y se encuentren organizados en forma empresarial en el sector productivo, comer- cial, industrial o de prestación de servicios, quedarán sujetos a los impuestos que inciden exclusivamente sobre dichas actividades, estando exentas sus restantes actividades. Se considera que la actividad desarrollada tiene carácter permanen- te, habitual y está organizada en forma empresarial cuando es realizada en forma continuada mediante la complementación de por lo menos dos factores de la producción, de acuerdo con los parámetros que determine la reglamentación. Quedan excluidas de la precedente disposición y consecuentemente exoneradas del presente impuesto, las entidades sin fines de lucro que se dediquen a la En- señanza Escolar Básica, Media, Técnica, Terciaria y Universitaria reconocidas por el Ministerio de Educación y Cultura, así como las que brindan servicio    de asistencia médica, cuando dicha prestación tiene carácter social, tomando en consideración la capacidad de pago del beneficiario o gratuitamente.
Las entidades con fines de lucro que se dediquen a la Enseñanza Escolar Básica, Media, Técnica, Terciaria y Universitaria quedarán sujetas al pago del Impuesto a la Renta, exclusivamente cuando distribuyan sus utilidades, en cuyo caso debe- rán aplicar las alícuotas establecidas en el Artículo 20º, numerales 1), 2) y 3).
Las entidades sin fines de lucro que realicen alguna actividad que se encuentre afectada por los impuestos vigentes, cuando tales actos tuviesen carácter perma- nente, habitual y estén organizadas en forma empresarial en el sector produc- tivo, comercial, industrial o de prestación de servicios, conforme lo expresado precedentemente, tendrán las obligaciones contables previstas en las normas re- guladoras del Impuesto a la Renta y de la Ley del Comerciante, debiendo estar inscriptas en el RUC y presentar balances y declaraciones juradas de impuesto a los efectos del cumplimiento de su obligación tributaria, y en los demás casos, a los fines estadísticos y de control.
Las entidades sin fines de lucro exoneradas del presente impuesto tendrán, sin embargo, responsabilidad solidaria respecto de las omisiones o evasiones de im- puestos que se perpetren, cuando adquieran bienes y servicios sin exigir la docu- mentación legal pertinente.

c. Las cooperativas conforme lo tiene establecido la Ley Nº 438/94, “De Coopera- tivas”. (Texto de la Ley Nº 2421/04).

Ver Ley Nº 5501/15, modificada por la Ley Nº 6.178/18 que modifica la Ley de Cooperativas, en aspectos contables, y lo relacionado con las exoneraciones de Impuestos en especial el Art. 8 Actos Cooperativos y el Art. 113 Exenciones Tributarias y sus diferentes períodos

Artículo 15º.- Reinversiones. Derogado por el Artículo 35º, numeral 1) inciso b) de la Ley de Adecuación Fiscal.

Artículo 16º.- Importadores y exportadores. Para los importadores se presume, salvo prueba en contrario, que el costo de los bienes introducidos al país no puede ser superior al precio a nivel mayorista vigente en el lugar de origen más los gastos de transporte y seguro hasta el Paraguay, por lo que la diferencia en más constituirá renta gravada para los mismos.
En las exportaciones que no se hubiere fijado precio o cuando el declarado sea inferior al precio de venta mayorista en el país más los gastos de transporte seguro hasta el lugar de destino, se tomará este último como base para la determinación de la renta.
A los efectos señalados se tendrá en cuenta la naturaleza de los bienes y la modalidad de la operación.

Artículo 17º.- Sucursales y agencias. Las sucursales, agencias y establecimientos de personas o entidades constituidas en el exterior determinarán la renta neta tomando como base la contabilidad separada de las mismas.
La Administración podrá realizar las rectificaciones necesarias para fijar los beneficios reales de fuente paraguaya.
A falta de contabilidad suficiente que refleje el beneficio neto, la Administración estima- rá de oficio la renta neta.
Serán gastos deducibles para las sucursales, agencias o establecimientos de personas del exterior, los intereses por concepto de capital, préstamos o cualquier otra inversión que realice la casa matriz y otras sucursales o agencias del exterior, así como lo abonado a las mismas por conceptos de regalías y asistencia técnica, siempre que dichas erogaciones constituyan rentas gravadas para el beneficio del exterior.
Artículo 18º.- Agroindustrias. Quienes realicen actividades agroindustriales y utilicen materias primas e insumos provenientes de su propio sector agropecuario, deberán com- putar como valor de costo de los mismos en el sector industrial, un importe que no podrá ser superior al costo en plaza a la fecha del ingreso de los referidos bienes.

Artículo 19º.- Transitorio. Sin vigencia.

Artículo 20º.- Tasas.

Artículo 21º.- Liquidación, Declaración Jurada, y Pago. El impuesto se liquidará por Declaración Jurada, en la forma y condiciones que establezca la Administración, la que queda facultada para establecer las oportunidades en que los contribuyentes y responsa- bles deberán presentarla y efectuar el pago del impuesto correspondiente.

Artículo 22º.- Documentación. Serán de aplicación en materia de documentación, las disposiciones legales y reglamentarias previstas para el Impuesto al Valor Agregado, sin perjuicio de las que establezca la Administración para el presente impuesto.

Artículo 23º.- Anticipos a cuenta. Facultase a la Administración a exigir anticipos o retención con carácter de anticipos en el transcurso del ejercicio en concepto de pago a cuenta del impuesto a la Renta, que corresponda tributar al finalizar el mismo, los que no podrán superar el monto total del impuesto del ejercicio anterior. 
Cuando el monto anticipado supere el impuesto liquidado se procederá a la compensa- ción o devolución, en la forma y condiciones que establezca la Administración.

Artículo 24º.- Permuta. Los bienes o servicios recibidos por operaciones de permuta se valuarán de acuerdo con lo que establezca la reglamentación.

Artículo 25º.- Regímenes especiales. Cuando razones de orden práctico, característi- cas de la comercialización, dificultades de control hagan recomendable la aplicación de sistemas simplificados de liquidación, el Poder Ejecutivo podrá establecer los criterios adecuados a tales efectos.

Ver: Art. 40º de la Ley Nº 2421/04 relativo a Régimen de Simplificación en la recaudación.

CAPÍTULO II - RENTAS DE LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (IRAGRO)

Artículo 26º.- Rentas comprendidas. Las rentas provenientes de la actividad agrope- cuaria realizada en el territorio nacional, estarán gravadas de acuerdo con los criterios que se establecen en este Capítulo. (Texto de la Ley Nº 2421/04).

Artículo 27º.- Actividad Agropecuaria. Se entiende por actividad agropecuaria la que realizan los productores, con el objeto de obtener productos primarios, vegetales o ani- males, mediante la utilización del factor tierra, capital y trabajo, tales como:

a. Cría o engorde de ganado vacuno, ovino, caprino, bubalino y equino.

b. Producción de lanas, cueros, cerdas, semen y embriones.

c. Producción agrícola, frutícola, hortícola e ictícola.

d. Producción de leche.

e. Las rentas generadas por los bienes del activo afectados a la actividad agropecuaria.

Se consideran igualmente alcanzadas por el Impuesto a las Rentas de las Actividades Agropecuarias, las rentas provenientes de las actividades de suinicultura, cunicultura, floricultura, sericultura, avicultura, apicultura y explotación forestal, cuando las mismas sean realizadas por el productor y el ingreso proveniente de estas actividades no superen el 30% (treinta por ciento) de los ingresos totales del establecimiento. En caso de superar el margen o porcentaje establecido, el productor agropecuario deberá liquidar el Impuesto a las Rentas de Actividades Comerciales, Industriales o de Servicios, o el Impuesto a la Renta del Pequeño Contribuyente, por el total de dichas rentas.

Ver Art. 2º, Inc. d) relacionado a Hechos Generadores del IRACIS.

No están comprendidas las actividades que consisten en la manipulación, los procesos o tratamientos, excepto cuando sean realizados por el propio productor para la conserva- ción de los referidos bienes.
Según corresponda en cada caso conforme a la Ley, las demás actividades y rentas no señaladas expresamente en el presente Artículo estarán gravadas por el Impuesto a la Renta de Actividades Comerciales, Industriales o de Servicios o el Impuesto a la Renta del Pequeño Contribuyente o por el Impuesto a la Renta del Servicio de Carácter Perso- nal. (Texto de la Ley Nº 5061/13)..

Artículo 28º.- Contribuyentes. Serán contribuyentes:

a. Las empresas unipersonales, conforme a la definición contenida en el primer párrafo del Artículo 4° de la presente Ley.

b. Las sociedades con o sin personería jurídica.

c. Las asociaciones, corporaciones y demás entidades privadas de cualquier naturaleza.

d. Las empresas públicas, entes autárquicos, entidades descentralizadas y sociedades de economía mixta.

e. Las personas o entidades domiciliadas o constituidas en el exterior y sus sucursales, agencias o establecimientos en el país.

La casa matriz del exterior tributará por las rentas gravadas que obtenga en forma independiente. (Texto de la Ley Nº 5061/13).

Artículo 29º.- Nacimiento de la obligación tributaria, ejercicio fiscal y liquidación del impuesto. El hecho imponible se configura al cierre del ejercicio fiscal.
El método de imputación de las rentas y de los gastos será el de lo devengado en el ejercicio fiscal.
El ejercicio fiscal coincidirá con el año civil. La Administración Tributaria queda fa- cultada para admitir o establecer que el ejercicio fiscal coincida con el ciclo productivo agropecuario.
El impuesto se liquidará anualmente por declaración jurada en la forma y condiciones que establezca la Administración Tributaria. (Texto de la Ley Nº 5061/13).

Artículo 30º.- Regímenes de liquidación. Los contribuyentes del Impuesto a la Renta de las Actividades Agropecuarias, según corresponda, liquidarán el impuesto sobre la base de los siguientes regímenes de liquidación:

a. Régimen de liquidación del Contribuyente Rural.

b. Régimen de liquidación del Pequeño Contribuyente Rural.

c. Régimen de liquidación por Resultado Contable. (Texto de la Ley Nº 5061/13).

Artículo 31º.- Regímenes de liquidación del Contribuyente rural y del Pequeño Contribuyente Rural.

  1.Régimen de liquidación del Contribuyente Rural.

Las empresas unipersonales, siempre que sus ingresos devengados en el año civil an- terior sean iguales o superiores a G. 500.000.000 (Guaraníes quinientos millones) y no superen G. 1.000.000.000 (Guaraníes un mil millones) podrán liquidar bajo el presente régimen el Impuesto a las Rentas de las Actividades Agropecuarias, anualmente, por declaración jurada, en la forma y condiciones que establezca la Administración.

La renta neta será la diferencia positiva entre ingresos y egresos totales, incluida la adquisición de bienes muebles del activo fijo del contribuyente, debidamente documentados.

También serán deducibles la capitalización en las sociedades cooperativas, así como los fondos destinados conforme al Artículo 45 de la Ley N° 438/94 “De Cooperativas” y los egresos en que incurra el contribuyente rural en apoyo de personas físicas que exploten, en calidad de propietarios de fincas colindantes o cercanas, hasta el 20% (veinte por ciento) de la renta neta. Estos egresos serán deducibles, siempre que la erogación esté respaldada con documentación emitida legalmente de conformidad con las disposiciones tributarias vigentes.

  2. Régimen de liquidación del Pequeño Contribuyente Rural.

Las empresas unipersonales, siempre que sus ingresos devengados en el año civil an- terior sean inferiores a G. 500.000.000 (Guaraníes quinientos millones), podrán liquidar bajo el presente régimen el Impuesto a las Rentas de las Actividades Agropecuarias anualmente, por declaración jurada, en la forma y condiciones que establezca la Admi- nistración.
La renta neta se determinará en todos los casos sobre base real o presunta y se utilizará la que resulte menor. Se considera que la renta neta real es la diferencia positiva entre ingresos y egresos totales debidamente documentados y la renta neta presunta es el 30% (treinta por ciento) de la facturación bruta anual.

3. A los efectos de la aplicación del presente artículo, se tendrá en cuenta lo siguiente:}

a. Los montos citados precedentemente deberán actualizarse por parte de la Admi- nistración, en función del porcentaje de variación del índice de precios al consu- mo que se produzca en el período de doce meses anteriores al 1 de noviembre de cada año civil que transcurre, de acuerdo con la información que en tal sentido comunique el Banco Central del Paraguay o el organismo competente.

El procedimiento de actualización se hará cuando se registre una variación del índice de precio al consumo superior al 10% (diez por ciento) acumulado desde la última actualización.

b. Los contribuyentes rurales, que liquiden el tributo por cualquiera de los re- gímenes previstos en el presente Artículo, podrán trasladarse al régimen de liquidación por resultado contable, siempre que comuniquen dicha determinación dentro de los plazos que establezca la Administración. Una vez optado por este Régimen no podrá volverse al sistema previsto por un período de 3 (tres) años.

c. No se consideran ingresos gravados, los ingresos producidos por los cambios biológicos, los que serán considerados ingresos gravados únicamente en el mo- mento de la enajenación del bien.

d. La venta o enajenación ocasional o habitual de inmuebles rurales por parte de propietarios de empresas unipersonales que liquiden el impuesto por el régimen previsto en el presente artículo, estará gravada por el Impuesto a la Renta del Servicio de Carácter Personal o el Impuesto a las Rentas de Actividades Co- merciales, Industriales o de Servicios, según corresponda. (Texto de la Ley Nº 5061/13).

Artículo 32º.- Régimen de liquidación por Resultado Contable. Los contribuyentes del Impuesto a las Rentas de las Actividades Agropecuarias, que no estén categorizados dentro de lo establecido en el artículo anterior, determinarán el impuesto por el régimen de liquidación por resultado contable. A ese efecto, deberán tener en cuenta lo siguiente:

1.- Renta Bruta. Constituirá renta bruta el ingreso total proveniente de las activida- des agropecuarias menos el costo de las mismas.

2.- Renta Neta. Para establecer la renta neta, se deducirán de la renta bruta todas las erogaciones relacionadas con el giro de la actividad, provenientes de gastos que guarden relación con la obtención de las rentas gravadas y la manutención de la fuente productora, siempre que sean reales y estén debidamente documentadas, incluida la depreciación de los bienes del activo.

La reglamentación establecerá las condiciones y requisitos en materia de la deducibilidad de los gastos, la que no podrá establecer criterios más gravosos ni más beneficiosos en materia de deducibilidad que las previstas para los contribu- yentes del Impuesto a las Rentas de Actividades Comerciales, Industriales o de Servicios.

En el caso de las ganancias por transferencia de inmuebles rurales afectados directamente a la actividad agropecuaria, se presume de derecho que la renta neta constituye el 30% (treinta por ciento) del valor de venta o la diferencia entre el precio de compra del bien y el valor de costo o valor revaluado del bien, la que resulte menor.

3.- Gastos no deducibles. No se podrán deducir:

a. Intereses por concepto de capitales, préstamos o cualquier otra inversión del dueño, socio o accionista de la empresa pagados a personas que no sean contribuyentes del Impuesto a las Rentas de Actividades Comerciales, Industriales o de Servicios, por montos que excedan el promedio de las tasas máximas pasivas del mercado bancario y financiero aplicables a colocaciones de similares características para igual instrumento y plazo, de acuerdo con la reglamentación de tasa máxima dictada por el Banco Central del Paraguay.

b. El presente Impuesto y las sanciones por infracciones fiscales.

c. La reserva legal, las reservas facultativas o cualquier otra reserva.

d. Amortización del valor llave.

e. Gastos personales del dueño, socio o accionista, así como sumas retiradas a cuenta de utilidades.

f. Gastos directos correspondientes a la obtención de rentas no gravadas y exentas o exoneradas por el presente impuesto. Los gastos indirectos serán deducibles proporcionalmente, en la forma y condiciones que establezca la reglamentación. Se incluye dentro del concepto de rentas no gravadas las no alcanzadas, las exentas y las exoneradas.
Realizadas las deducciones admitidas, si la renta neta fuera negativa, dicha pérdida fiscal se podrá compensar con las rentas netas de los próximos ejer- cicios hasta un máximo de cinco, a partir del cierre del ejercicio en que se produjo la misma. Las pérdidas de ejercicios anteriores no podrán deducirse en un monto superior al 20% (veinte por ciento) de la renta neta de futuros ejercicios fiscales.

4.- Otras deducciones admisibles. Serán deducibles tambien: 

a. En el caso de la actividad ganadera, para los criadores se considerarán como gastos deducibles en concepto de depreciación el 8% (ocho por ciento) del valor del ganado vacuno de las hembras en existencia destinadas a cría, de- clarado anualmente.

b. Las pérdidas de inventario provenientes de mortandad, en ganado vacuno hasta un máximo del 3% (tres por ciento), de acuerdo con el índice nacio- nal sin necesidad de comprobación ante la autoridad sanitaria nacional; y en consecuencia, no presumirá la comercialización o venta de este faltante de inventario hasta el porcentaje precedentemente mencionado. De registrarse una mortandad mayor, la misma deberá comprobarse ante dicha autoridad. En los casos de pérdida por robo, el contribuyente deberá acreditar mediante la denuncia ante la autoridad policial y al Ministerio Público.

c. Hasta el 1% (uno por ciento) sobre el valor de la hacienda vacuna, des- contando los valores resultantes de la aplicación de los incisos anteriores, proveniente de su utilización o aprovechamiento para el consumo del establecimiento.
Para la determinación de los porcentajes de las deducciones previstas en los incisos a), b) y c), se tomará el saldo promedio mensual de existencias en el ejercicio fiscal.

d. Las donaciones a instituciones del Estado, a las Municipalidades, a la Iglesia Católica y demás entidades religiosas reconocidas por las autoridades com- petentes, así como las entidades con personería jurídica de asistencia social, educativa, cultural, caridad o beneficencia, que previamente fueran recono- cidas como entidad de beneficio público por la Administración. El Poder Ejecutivo podrá establecer limitaciones a los montos deducibles de las mencionadas donaciones, las que no serán inferiores al 1% (uno por ciento) del ingreso bruto.

e. Las erogaciones en que incurra el contribuyente en apoyo de las personas fí- sicas que exploten en calidad de propietarios de fincas colindantes o cercanas, hasta el 20% (veinte por ciento) de la renta bruta. Estas erogaciones serán deducidas a precios de mercado y deberán ser certificadas conforme a reglamentación que dicte la Administración Tributaria. Las personas físicas a que se refiere este inciso son aquellas sujetas al Impuesto a la Renta del Pequeño Contribuyente o exoneradas del Impuesto a las Rentas de las Actividades Agropecuarias, según lo establecido en esta Ley.

f. Si de la aplicación de las deducciones enunciadas en el numeral 4) se generasen rentas netas negativas, las mismas no podrán ser trasladadas a los ejercicios posteriores.

5.- Activo Fijo:
Constituyen activo fijo agropecuario los bienes de uso, tanto los aplicados a la actividad agropecuaria como los locados a terceros, salvo los destinados a la venta.Será obligatoria a los efectos del presente impuesto, la revaluación anual de los valores del activo fijo y su depreciación.

El valor revaluado será el que resulte de la aplicación del porcentaje de variación del índice de precios al consumo producido entre los meses de cierre del ejerci- cio anterior y el que se liquida, de acuerdo con lo que establezca en tal sentido el Banco Central del Paraguay o el organismo oficial competente.

6.- Valuación de Inventario: Sin perjuicio de las disposiciones particulares que afectan a los activos agropecuarios previstas en la presente ley, los métodos de valuación podrán ser:

a. Costos de adquisición: Comprenderán el precio de compra, los aranceles de importación y otros impuestos (que no constituyan créditos fiscales), los transportes, el almacenamiento y otros costos directamente atribuibles a la adquisición de productos agrícolas, ganaderos u otros. Los descuentos co- merciales, las rebajas y otras partidas similares se deducirán para determinar el costo de adquisición.

b. Costos de transformación: Comprenderán aquellos costos directamente relacionados con los bienes producidos, tales como materiales e insumos necesarios para su producción, mano de obra directa y servicios. También comprenderán una parte, calculada de forma sistemática, de los costos indirectos, variables o fijos, en los que se haya incurrido para la obtención de los bienes terminados, en las formas y condiciones que establezca la reglamentación.

Los productos en proceso se valuarán de acuerdo con su grado de avance de elaboración a la fecha de cierre.

c. Otros costos: El contribuyente podrá aplicar otro método de valuación prescripto en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFs), previa autorización de la Administración Tributaria. No se admitirá el método de valuación conocido como último entrado, primero en salir (LIFO).

7.- Recategorización de la Hacienda: 
La valuación de los semovientes se realizará en forma anual, al cierre del ejercicio, a los efectos de incorporarlos en el inven- tario del contribuyente.

La valuación proveniente del procreo y pase de categoría por la transformación biológica del activo, no será objeto de imposición sino hasta el momento de su efectiva comercialización por el precio real de la operación. (Texto de la Ley Nº 5061/13).

Artículo 33º.- Tasa. La tasa general del Impuesto será del 10% (diez por ciento), sobre la renta neta determinada. (Texto de la Ley Nº 5061/13).

Artículo 34º.- Exoneraciones. Están exoneradas del Impuesto a las Rentas de las Acti- vidades Agropecuarias:

Las personas físicas que exploten en calidad de propietarios, arrendatarios, tenedores, poseedores o usufructuarios, en los términos de esta Ley, uno o más inmuebles siempre que los ingresos devengados provenientes de su actividad agropecuaria no excedan el equivalente a tres salarios mínimos mensuales ni, anualmente equivalente a 36 (treinta y seis) salarios mínimos mensuales; en ambos casos, estos límites se refieren a salarios mínimos mensuales para actividades diversas no especificadas para la capital de la Repú- blica, vigente al inicio del ejercicio fiscal que se liquida. (Texto de la Ley Nº 5061/13).

Artículo. 35º.- Actividad agroindustrial. En concordancia con el Artículo 18 de la pre- sente Ley, en el caso de la realización de actividades agroindustriales se deberá deter- minar o liquidar el Impuesto a las Rentas de Actividades Comerciales, Industriales o de Servicios sobre las utilidades resultantes de los estados financieros del contribuyente al cierre del ejercicio fiscal.

En cambio, si la actividad agropecuaria - definida como tal por el Artículo 27 de esta Ley - diere lugar al pago del Impuesto a la Renta de las Actividades Agropecuarias, los estados financieros del contribuyente deberán presentar, en forma separada, los rubros patrimoniales y los de resultado, afectados a cada uno de los sectores de la actividad (agropecuaria o industrial), a los efectos de la liquidación de cada tributo. En este caso, los rubros que afectan indistintamente a ambos sectores deberán imputarse en la misma proporción que se encuentren los ingresos correspondientes a cada uno de ellos. (Texto de la Ley Nº 5061/13).

Artículo 36º.- Agentes de Retención. Siempre que los bienes o servicios contratados sean aprovechados dentro del establecimiento ganadero o agrícola, los contribuyentes del Impuesto a la Renta de las Actividades Agropecuarias deberán practicar la retención del Impuesto a la Renta de las Actividades Comerciales, Industriales o de Servicios cuando adquieran bienes proveídos por pequeños acopiadores y cuando contraten los servicios en el rubro de la construcción, prestados por personas físicas, incluidos los servicios de conservación, mantenimiento o reparación del establecimiento agropecuario.
La tasa de la retención será del 3% (tres por ciento) que se aplicará sobre la suma de lo efectivamente percibido por el beneficiario más la retención.
El pago así realizado constituirá un pago único y definitivo para el proveedor del bien o prestador de servicios. (Texto de la Ley Nº 5061/13).

Artículo 37º.- Anticipos a Cuenta. Los contribuyentes de este impuesto ingresarán sus anticipos en los tiempos que coincidan con los ciclos productivos agropecuarios de con- formidad con lo que establezca la reglamentación, la que determinará los porcentajes, el sistema y la forma. En ningún caso, el anticipo podrá exceder del impuesto pagado en el ejercicio anterior.

No serán pasibles del pago de los anticipos del impuesto, los contribuyentes que en el ejercicio fiscal anterior hayan liquidado el impuesto en base al régimen del pequeño contribuyente rural. (Texto de la Ley Nº 5061/13).

Artículo 38º.- Documentación. Los contribuyentes de este impuesto quedan obligados a documentar las operaciones de venta de sus productos así como las compras de sus insumos, materia prima y demás gastos a ser deducidos. La Administración Tributaria queda facultada a exigir otras documentaciones de acuerdo al giro de su actividad.

Artículo 39º.- Transferencias. El Ministerio de Hacienda transferirá el 10% (diez por ciento) de los importes que perciba en concepto de este impuesto a las Municipalidades. Su distribución se hará en proporción a la extensión de inmuebles rurales con que cuen- tan los municipios.
Estas transferencias solo podrán ser utilizadas por las Municipalidades para obras de infraestructuras.
Además, el Ministerio de Hacienda transferirá el 10% (diez por ciento) de los importes que perciba en concepto de este impuesto al Ministerio de Agricultura y Ganadería, para el fomento del Programa de Producción de Alimentos y pequeños productores. (Texto de la Ley Nº 5061/13).

Artículo 40º y 41º.- Derogados por el Artículo 35°, numeral 1) inciso b) de la Ley de Adecuación Fiscal.

TÍTULO II - CAPÍTULO ÚNICO - RENTA DEL PEQUEÑO CONTRIBUYENTE

Artículo 42º.- Hecho Generador y Contribuyentes. El Impuesto a la Renta del Pequeño Contribuyente gravará los ingresos provenientes de la realización de actividades comerciales, industriales o de servicio que no sean de carácter personal.

Serán contribuyentes las empresas unipersonales domiciliadas en el país, siempre que sus ingresos devengados en el año civil anterior no superen el monto de G. 500.000.000 (Guaraníes quinientos millones), parámetro que deberá actualizarse por parte de la Administración, en función del porcentaje de variación del índice de precios al consumo que se produzca en el período de doce meses anteriores al 1 de noviembre de cada año civil que transcurre, de acuerdo con la información que en tal sentido comunique el Ban- co Central del Paraguay o el organismo competente.

El procedimiento de actualización se hará cuando se registre una variación del índice de precio al consumo superior al 10% (diez por ciento) acumulado desde la última actuali- zación.

Las empresas unipersonales son aquellas consideradas como tales por el Artículo 4° de la Ley N° 125 del 9 de enero de 1992, “Que Establece el Nuevo Régimen Tributario”.

Quedan excluidos de este capítulo quienes realicen actividades de importación y expor- tación. (Texto de la Ley Nº 5061/13).

Artículo 43º.- Tasa Impositiva, ejercicio fiscal, liquidación y anticipo. La tasa impo- sitiva será del 10% (diez por ciento) sobre la renta neta determinada.

El ejercicio fiscal coincidirá con el año civil. El impuesto se liquidará anualmente por declaración jurada en la forma y condiciones que establezca la Administración.

Mensualmente, el contribuyente junto con la declaración jurada del Impuesto al Valor Agregado deberá ingresar el 50% (cincuenta por ciento) del importe que resulte de aplicar la tasa correspondiente a la renta neta determinada, calculado sobre la base decla- rada para el pago de IVA, en concepto de anticipo a cuenta del Impuesto a la Renta del Pequeño Contribuyente, que corresponda tributar al finalizar el ejercicio.

La renta neta se determinará en todos los casos sobre base real o presunta y se utilizará la que resulte menor. Se considera que la renta neta real es la diferencia positiva entre ingresos y egresos totales debidamente documentados y la renta neta presunta es el 30% (treinta por ciento) de la facturación bruta anual. (Texto de la Ley Nº 2421/04).

Artículo 44º.- Registro. Los contribuyentes del Impuesto a la Renta del Pequeño Con- tribuyente deberán llevar un libro de venta y de compras que servirá de base para la li- quidación de dicho impuesto así como del Impuesto al Valor Agregado. La misma deberá contener los datos y requisitos que establezca la reglamentación. (Texto de la Ley Nº 2421/04).

Artículo 45º.- Traslado de sistema. Los Pequeños Contribuyentes, podrán trasladarse al sistema de liquidación y pago del Impuesto a la Renta en cualquier ejercicio en base al balance general y cuadro de resultado, siempre que comuniquen dicha determinación con una anticipación de por lo menos dos meses anteriores a la iniciación del nuevo ejercicio. Una vez optado por este régimen no podrá volverse al sistema previsto para el pequeño contribuyente. (Texto de la Ley Nº 2421/04).

Artículo 46º.- Disposición suspensiva. Incorporase al régimen del Impuesto a la Renta del Pequeño Contribuyente a todos los contribuyentes del Tributo Único, quienes abona- rán el impuesto conforme al régimen presente, a partir de la fecha que disponga el Poder Ejecutivo. (Texto de la Ley Nº 2421/04).

Obs: Los Artículos 47º, 48º, 49º, 50º, 51º, 52º y 53º de la Ley N° 125/91 fueron derogados por el Artículo 35°, numeral 1) inciso b) de la Ley de Adecuación Fiscal.

LIBRO II - IMPUESTO AL CAPITAL

TÍTULO ÚNICO - IMPUESTO INMOBILIARIO (VIGENTE).

TÍTULO ÚNICO - IMPUESTO INMOBILIARIO (VIGENTE).

Artículo 55º.- Contribuyentes. Serán contribuyentes las personas físicas, las personas jurídicas y las entidades en general.Artículo 54º.- Hecho imponible. Créase un impuesto anual denominado Impuesto In- mobiliario que incidirá sobre los bienes inmuebles ubicados en el territorio nacional.
Cuando exista desmenbramiento del dominio del inmueble, el usufructuario será el obligado al pago del tributo.
En el caso de sucesiones, condominios y sociedades conyugales, el pago del impuesto podrá exigirse a cualquiera de los herederos, condóminos o cónyuges, sin perjuicio del derecho de repetición entre los integrantes.
La circunstancia de hallarse en litigio un inmueble no exime de la obligación del pago de los tributos en las épocas señaladas para el efecto, por parte del poseedor del mismo.

Artículo 56º.- Nacimiento de la obligación tributaria. La configuración del hecho imponible se verificará el primer día del año civil.

Artículo 57º.- Exenciones: Estarán exentos del pago del impuesto inmobiliario y de sus adicionales:

a. Los inmuebles del Estado y de las Municipalidades, y los inmuebles que les hayan sido cedidos en usufructo gratuito. La exoneración no rige para los entes descentralizados que realicen actividades comerciales, industriales, agropecua- rias, financieras o de servicios.

b. Las propiedades inmuebles de las entidades religiosas reconocidas por las autori- dades competentes, afectadas de un modo permanente a un servicio público tales como templos, oratorios públicos, curias eclesiásticas, seminarios, casas parroquiales y las respectivas dependencias, así como los bienes raíces destinados a las instituciones de beneficencia y enseñanza gratuita o retribuida.

c. Los inmuebles declarados monumentos históricos nacionales.

d. Los inmuebles de las asociaciones reconocidas de utilidad pública afectados a hospitales, hospicios, orfelinatos, casas de salud y correccionales, así como los respectivas dependencias y en general los establecimientos destinados a propor- cionar auxilio o habitación gratuita a los indigentes y desvalidos.

e. Los inmuebles pertenecientes a gobiernos extranjeros cuando son destinados a sedes de sus respectivas representaciones diplomáticas o consulares.

f. Los inmuebles utilizados como sedes sociales pertenecientes a partidos políticos, instituciones educacionales, culturales, sociales, deportivas, sindicales o de socorros mutuos o beneficiencia, incluídos los campos de deportes o instalaciones inherentes a los fines sociales.

g. Los inmuebles del dominio privado cedidos en usufructo gratuito a las entidades comprendidas en el inciso b), así como las escuelas y bibliotecas o asientos de asociaciones comprendidas en el inciso e).

h. Los inmuebles de propiedad del veterano, del mutilado y lisiado de la Guerra del Chaco y de su esposa viuda, cuando sean habitados por ellos y cumplan con las condiciones determinadas por las leyes especiales que le otorgan tales beneficios.

i. Los inmuebles de propiedad del Instituto de Bienestar Rural (IBR) y los efectivamente entregados al mismo, a los efectos de su colonización mientras no se realice la transferencia por parte del propietario cedente de los mismos.

j. Los parques nacionales y las reservas de preservación ecológicas declaradas como tales por ley, así como los inmuebles destinados por al autoridad compe- tente como asiento de las parcialidades indígenas.

Cualquier cambio de destino de los inmuebles afectados en las exenciones previstas en esta Ley, que los haga susceptibles de tributación deberá ser comunicado a la Adminis- tración en los plazos y condiciones que ésta lo establezca.

Artículo 58º.- Exenciones parciales. Cuando se produzcan calamidades de carácter na- tural que afecten a los inmuebles, el Impuesto Inmobiliario podrá reducirse hasta en un 50% (cincuenta por ciento). El Poder Ejecutivo queda facultado para establecer esta rebaja siempre que se verifiquen los referidos extremos. La mencionada reducción se deberá fijar para cada año.

Artículo 59º.- Exenciones temporales. Estarán exonerados del pago del Impuesto In- mobiliario y sus adicionales por el término de cinco años, los inmuebles pertenecientes a los adjudicatarios de lotes o fracciones de tierra colonizados por el Instituto de Bienestar Rural (IBR) desde el momento en que se le adjudique la propiedad correspondiente.
La Administración establecerá las formalidades y requisitos que deberán cumplir quie- nes soliciten ampararse a la presente franquicia.

Articulo 60º.- Base Imponible. La base imponible constituirá la valuación fiscal de los inmuebles establecida por el Servicio Nacional de Catastro, la cual estará dividida en inmuebles urbanos y rurales.

El Poder Ejecutivo aprobará por Decreto anualmente el sistema de valoración fiscal de los inmuebles urbanos y rurales, determinado por el Servicio Nacional de Catastro.

Se considerarán inmuebles urbanos aquellos que están comprendidos dentro de la zona urbana de los municipios; e inmuebles rurales aquellos que se encuentren fuera de dicha zona, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 3.966/10 “Orgánica Municipal”.

Con relación a los inmuebles urbanos, que fuesen incorporados como tales al Registro Catastral, el Servicio Nacional de Catastro deberá determinar por separado el valor de la tierra y de las construcciones. La suma de ambos valores constituirá el valor fiscal de los inmuebles. En el régimen de propiedad horizontal, barrios cerrados u otros sistemas de propiedad que tengan áreas propias y comunes, el valor inmobiliario se determinará de la manera precedente, estableciendo el valor de la tierra y de las mejoras y adjudicando a cada uni- dad inmobiliaria el valor del área propia y la parte proporcional del área común, según el Reglamento de Copropiedad inscripto en la Dirección General de los Registros Públicos.

La unidad mínima de cálculo para los inmuebles urbanos será el metro cuadrado, te- niendo en cuenta su ubicación y la zonificación geoeconómica definida por los munici- pios. El valor de las construcciones se determinará por metro cuadrado y se establecerán categorías de conformidad con su antigüedad y las características particulares de las construcciones.

El valor de la tierra en los inmuebles rurales se determinará teniendo en cuenta su ubi- cación en zonas que serán definidas, de acuerdo con la aptitud agrológica natural de los suelos y/o su costo de oportunidad. La unidad mínima de cálculo para determinar el valor de los inmuebles rurales será la hectárea. Los inmuebles rurales no podrán estar afecta- dos por ninguna otra forma de tributo o tasa municipal.

A pedido del propietario, siempre que lo acrediten debida y legalmente, las áreas rurales boscosas, protegidas o afectadas por otras restricciones legales de uso o explotación o con áreas poco productivas por diferir significativamente la calidad del suelo respecto a lo normal, que estén exentas del pago del impuesto inmobiliario o gocen de franquicias especiales, serán tenidas en cuenta para la determinación de su Base Imponible por el Servicio Nacional de Catastro.

La valuación fiscal de los inmuebles será ajustada anualmente según la variación que sufra el índice de Precios al Consumidor (IPC) en el período de los doce meses anteriores al primero de noviembre de cada año civil que transcurre de acuerdo con lo establecido por el Banco Central del Paraguay. El Poder Ejecutivo podrá revisar cada cinco años los índices de actualización que resulten del comportamiento de la variación del valor de los inmuebles y reajustarlos por Decreto.

Los municipios proporcionarán al Servicio Nacional de Catastro toda la información requerida respecto a los inmuebles de sus respectivas jurisdicciones, tanto urbanos como rurales, en referencia a mejoras y obras de infraestructura. (Texto de la Ley N° 5.513/15). Art. 4º. Ley Nº 5513/15. Base Imponible en el area rural.

Artículo 4°.- La base imponible en el área rural será de hasta cuatro veces el valor fiscal actual, para el primer año de vigencia de la presente ley. Para los siguientes años, se aplicará lo establecido en el Artículo 60 de la Ley N° 125/91, promulgado el 9 de enero de 1992 “Que establece el Nuevo Régimen Tributario”, modificada en el Artículo 1° de la presente ley.

Artículo 61º.- Tasa impositiva. La tasa impositiva del impuesto será del 1% (uno por ciento). Para los inmuebles rurales, menores de 5 hectáreas la tasa impositiva será de 0,50 % (cero punto cincuenta por ciento), siempre que sea única propiedad a la actividad agropecuaria.

Artículo 62º.- Liquidación y pago. El Servicio Nacional de Catastro liquidará el Im- puesto Inmobiliario a nombre de la municipalidad en la que se encuentre el inmueble, conforme a la información y valores registrados. La impresión de las facturas y su recau- dación será realizada por cada municipio de conformidad al Artículo 169 de la Consti- tución Nacional.
Los inmuebles situados dentro de la jurisdicción de más de un municipio, pagarán el Impuesto Inmobiliario a la municipalidad que corresponda a prorrata por la superficie que el inmueble ocupe en su jurisdicción.
El Servicio Nacional de Catastro percibirá por este servicio, el 1% (uno por ciento) del 70% (setenta por ciento), propiedad de la municipalidad, en concepto de aranceles. (Texto de la Ley N° 5.513/15).

Artículo 63º.- Padrón inmobiliario. El instrumento para la determinación de la obli- gación tributaria lo constituye el padrón inmobiliario, el que deberá contener los datos obrantes en la ficha catastral o en la inscripción inmobiliaria si se tratase de zonas aún no incorporadas al Régimen de Catastro.

Artículo 64º.- Contralor. Los Escribanos Públicos y quienes ejerzan tales funciones no podrán extender escrituras relativas a transmisión, modificación o ceración de derechos reales sobre inmuebles sin la obtención del certificado de no adeudar este impuesto y sus adicionales. Los datos del citado certificado deberán insertarse en la respectiva escritura. 
En los casos de transferencia de inmuebles, el acuerdo entre las partes es irrelevante a los efectos del pago del impuesto, debiéndose abonar previamente la totalidad del mismo.

El incumplimiento de este requisito determinará que el Escribano interviniente sea soli- dariamente responsable de tributo.

La presente disposición regirá también respecto de la obtención del certificado catastral de inmuebles, como así también para el otorgamiento de título de dominio sobre inmue- bles vendidos por el Estado, sus entes autárquicos y corporaciones mixtas.

Artículo 65º.- Dirección General de Registros Públicos. El registro de inmuebles no inscribirá ninguna escritura que verse sobre los bienes raíces sin comprobar el cumpli- miento de los requisitos a que se refiere el artículo anterior.

La misma obligación rige para la inscripción de declaratoria de herederos con referencia a bienes inmuebles.

La Dirección General de Registros Públicos, facilitará la actuación permanente de los funcionarios debidamente autorizados, para extractar de todas las escrituras inscritas los datos necesarios para el empadronamiento y catastro.

En los casos de medidas judiciales, de las cuales por cualquier motivo deban practicarse anotaciones, notas marginales de aclaración que contengan errores de cualquier naturale- za y que se relacione con el dominio de bienes raíces, la Dirección General de Registros Públicos hará conocer el hecho al Servicio Nacional de Catastro mediante una comuni- cación oficial, con la transcripción del texto de la anotación de la aclaración respectiva.

Artículo 66º.- Gestiones Judiciales, Administrativas u Obtención de Certificado de Cumplimiento Tributario. No podrá tener curso ninguna diligencia o gestión judicial o administrativa relativa a inmuebles, así como tampoco la acción pertinente a la adquisi- ción de bienes raíces por vía de la prescripción, si no se acompaña el certificado previsto en el Artículo 64. (Texto de la Ley N° 5.513/15).

Artículo 67º.- Contravenciones. Las contravenciones a las precedentes disposiciones por parte de los Jueces o Magistrados, Escribanos Públicos y funcionarios de los Regis- tros Públicos, deberán ser puestas en conocimiento de la Corte Suprema de Justicia, a los efectos pertinentes.

IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDÍOS (VIGENTE).

Artículo 68º.- Hecho generador. Grávase con un adicional al Impuesto Inmobiliario, la propiedad o la posesión cuando corresponda, de los bienes inmuebles considerados baldíos ubicados en la Capital y en las áreas urbanas de los restantes Municipios del país.

Artículo 69º.- Definiciones. Se consideran baldíos todos los inmuebles que carecen de edificaciones y mejoras o en los cuales el valor de las mismas representa menos del 10% (diez por ciento) del valor de la tierra.
El Poder Ejecutivo podrá establecer zonas de la periferia de la capital y de las ciudades del interior, las cuales se excluirán del presente adicional. A estos efectos contará con el asesoramiento del Servicio Nacional de Catastro.

Artículo 70º.- Tasas Impositivas. Los porcentajes adicionales establecidos para lotes baldíos se calcularán sobre los valores fiscales de la tierra para los inmuebles urbanos ubicados en la Capital o en los municipios del interior del país, en siguiente forma:

De 0 hasta 5 años de propiedad:	20% (veinte por ciento) sobre el impuesto liquidado.
De 5 hasta 10 años de propiedad:	30% (treinta por ciento) sobre el impuesto liquidado.
De 10 hasta 15 años de propiedad:	40% (cuarenta por ciento) sobre el impuesto liquidado.
De 15 hasta 20 años de propiedad:	50% (cincuenta por ciento) sobre el impuesto liquidado.

(Texto de la Ley N° 5.513/15).

IMPUESTO ADICIONAL AL INMUEBLE DE GRAN EXTENSIÓN Y A LOS LATIFUNDIOS (VIGENTE)

Artículo 71º.- Hecho generador. Grávase la propiedad o posesión de los inmuebles rurales con un adicional al Impuesto Inmobiliario, que se aplicará conforme a la escala establecida en el artículo 74º de esta Ley.

Artículo 72º.- Inmuebles afectados. A los efectos del presente adicional se considera- rán afectados no solo los inmuebles que se encuentren identificados en un determinado padrón inmobiliario, sino también aquéllos que teniendo diferentes empadronamientos son adyacentes y pertenecen a un mismo propietario o poseedor. Se considerará además como de un solo dueño los inmuebles pertenecientes a cónyuges, a la sociedad conyugal y a los hijos que se hallan bajo la patria potestad.
Respecto de los inmuebles comprendidos en tales circunstancias, el propietario o poseedor deberá hacer la declaración jurada del año antes del pago del impuesto inmobiliario, a los efectos de la aplicación del adicional que según la escala le corresponda.
Para aplicar la escala impositiva, se deberán sumar las respectivas superficies a los efectos de considerarlas como un solo inmueble.

Artículo 73º.- Base imponible. La base imponible la constituye la avaluación fiscal del inmueble.

Artículo 74º.- Tasas impositivas. Los inmuebles rurales abonarán una tasa adicional en porcentaje (alícuota) al impuesto liquidado sobre los valores fiscales del inmueble rural, que se calcularán a cada propietario rural, sea persona física o jurídica, sumando el total de inmuebles en cada región, que posea él y su cónyuge, la sociedad conyugal que conforma y los hijos que se hallen bajo patria potestad, si lo tuviere, de la siguiente manera:

Región Oriental	Bajo Chaco	Alto Chaco	Alícuota
Hasta 50 ha (solo para personas físicas)	Hasta 100 ha (solo para personas físicas)	Hasta 300 ha (solo para personas físicas)	0%
Hasta 50 ha (solo para personas jurídicas)	Hasta 300 ha (solo para personas jurídicas)	Hasta 300 ha (solo para personas jurídicas)	1%
Entre 50 y 200 ha	Entre 300 y 1000 ha	Entre 300 y 1500 ha	3%
Entre 200 y 1000 ha	Entre 1001 y 3000 ha	Entre 1501 y 5000 ha	5%
Entre 1001 y 5000 ha	Entre 3001 y 10000 ha	Entre 5001 y 15000 ha	10%
Entre 5001 y 20000 ha	Entre 10001 y 20000 ha	Entre 15001 y 20000 ha	12%
Entre 20001 y 100000 ha	Entre 20001 y 100000 ha	Entre 20001 y 100000 ha	15%
Más de 100001 ha	Más de 100001 ha	Más de 100001 ha	20%

(Obs.: Texto modificado por la Ley N° 5.513/15 y ampliado por el Art. 4º de dicha ley con relación a la base imponible en el área rural).

Artículo 75º.- Participación en la recaudación. A cada Municipalidad le corresponderá el 50% (cincuenta por ciento) de la recaudación que perciba el Estado en concepto de Im- puesto Inmobiliario y el impuesto adicional a los baldíos referentes a las zonas urbanas sobre la totalidad de lo recaudado por el Municipio.

Artículo 76º.- Remisión. En todo aquello no establecido expresamente en las disposiciones de los impuestos adicionales precedentes, se aplicarán las normas previstas en el Impuesto Inmobiliario creado por esta Ley.

Otros artículos de la Ley Nº 5513/15, relacionados con el Impuesto Inmobiliario.

Artículo 2°.- Modifícanse los artículos 155 y 179 de la Ley N° 3966/10 “Orgánica Municipal”, que quedan redactados de la siguiente manera:

“Art. 155.- Revalúos Especiales. Las avaluaciones vigentes serán modificadas por el Servicio Nacio- nal de Catastro, de oficio o a pedido de parte, siempre que se produzcan modificaciones catastrales por desmembración, división o reunión de parcelas, por accesión, aluvión, avulsión, demolición, cons- trucción, ampliación de obras y reconstrucción de edificios u otras mejoras, modificación del área (superficie) o la categoría de urbano o rural del inmueble, así como la característica agrológica.

Las modificaciones de los avalúos según el presente artículo entrarán a regir a partir del año siguiente a aquel en que el inmueble ha sido transformado o modificado; pero si el revalúo se operó con retraso podrán contraliquidarse los impuestos percibidos indebidamente sobre la base anterior. La contrali- quidación no podrá abarcar un período mayor de cinco años.

Cada vez que se verifiquen errores de anotación en el Registro Catastral, se establecerá el nuevo avalúo fiscal del inmueble.”

“Art. 179. Servicios Personales y destino de la recaudación del Impuesto Inmobiliario. Los recursos provenientes del Impuesto Inmobiliario serán destinados conforme al siguiente detalle:

Gastos corrientes: el 40% (cuarenta por ciento). Gastos de Capital: el 60% (sesenta por ciento).

Artículo 3°.- El Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) deberá transferir al Servicio Nacional de Catastro, dentro de los sesenta días de la promulgación de la presente ley, todos los registros catastrales que posea, en los que se individualicen las tierras inscriptas en la Dirección General de los Registros Públicos a nombre del Instituto de la Reforma Agraria (IRA), Instituto de Bienestar Rural (IBR) y del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), concilia- dos y depurados, a fin de ser incorporados al Registro Catastral Nacional, en su caso. De igual modo los datos catastrales de los inmuebles expropiados por Leyes de la Nación para su cotejo y registro en la Cartografía Catastral.

Artículo 4°.- La base imponible en el área rural será de hasta cuatro veces el valor fiscal actual, para el primer año de vigencia de la presente ley. Para los siguientes años, se aplicará lo establecido en el artículo 60 de la Ley N° 125/91, promulgado el 9 de enero de 1992 “que establece el nuevo régimen tributario”, modificada en el artículo 1° de la presente ley.

Artículo 5°.- Deróganse los artículos 154 y 156 de la Ley N° 3.966/10 “Orgánica Municipal”.

LIBRO III - IMPUESTO AL CONSUMO

TÍTULO 1 - IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA).

Artículo 77º.- Hecho Generador. Créase un impuesto que se denominará Impuesto al Valor Agregado. El mismo gravará los siguientes actos:

a. La enajenación de bienes.

b. La prestación de servicios, excluidos los de carácter personal que se presten en relación de dependencia.

c. La importación de bienes.

Artículo 78º.- Definiciones.

1- Se considerará enajenación a los efectos de este impuesto toda operación a título oneroso o gratuito, que tenga por objeto la entrega de bienes con transferencia del derecho de propiedad o que otorgue a quienes los reciben, la facultad de disponer de ellos como si fuera su propietario.
Será irrelevante la designación que las partes confieran a la operación así como las formas de pago.
Quedan comprendidos en el concepto de enajenación operaciones tales como:

a. La afectación al uso o consumo personal por parte del dueño, socios, directores y empleados de la empresa de los bienes de ésta.

b. Las locaciones con opción de compra o que de algún modo prevean la transferencia del bien objeto de la locación.

c. Las transferencias de empresas; cesión de cuotas parte y de acciones de sociedades con o sin personería jurídica si no se comunica a la Administración Tributaria; adjudicaciones al dueño, socios y accionistas, que se realicen por clausura, disolución total o parcial, liquidaciones definitivas.

d. Contratos de compromiso con transferencia de la posesión.

e. Los bienes entregados en consignación.

2- Por servicio se entenderá toda prestación a título oneroso o gratuito que sin configurar enajenación, proporcione a la otra parte una ventaja o provecho tales como:

a. Los préstamos y financiaciones.

b. Los servicios de obras sin o con entrega de materiales.

c. Los seguros.

d. Las intermediaciones en general.

e. La cesión del uso de bienes tales como muebles, inmuebles o intangibles.

f. El ejercicio de profesiones, artes u oficios.

g. El transporte de bienes y personas.

h. La utilización personal por parte del dueño, socios y directores de la empresa,

i. de los servicios prestados por ésta.
Párrafo Único: Se consideran servicios personales desarrollados en relación de dependencia aquéllos que quien los realiza, debe contribuir al régimen de jubilaciones y pensiones o al sistema de seguridad social creado o admitido por Ley. En el caso de los docentes cuando contribuyan al Seguro Médico establecido por Ley Nº 1725/2001 “Que Establece el Estatuto del Educador.

3- Por importación se entenderá la introducción definitiva de bienes al territorio nacional. (Texto de la Ley N° 2421/04).

Artículo 79º.- Contribuyentes. Serán Contribuyentes:

a. Las personas físicas por el ejercicio efectivo de profesiones universitarias, inde- pendientemente de sus ingresos, y las demás personas físicas por la prestación de servicios personales en forma independiente cuando los ingresos brutos de estas últimas en el año civil anterior sean superiores a un salario mínimo mensual en promedio o cuando se emita una factura superior a los mismos. La Administración Tributaria reglamentará el procedimiento correspondiente. Transcurridos dos años de vigencia de la presente Ley, el Poder Ejecutivo podrá modificar el monto base establecido en este Artículo.
En el caso de liberalización de los salarios, los montos quedarán fijados en los valores vigentes a ese momento.
A partir de entonces, la Administración Tributaria deberá actualizar dichos valores, al cierre de cada ejercicio fiscal, en función de la variación que se produzca en el índice general de precios de consumo. La mencionada variación se determinará en el período de doce meses anteriores al 1 de noviembre de cada año civil que transcurre, de acuerdo con la información que en tal sentido comunique el Banco Central del Paraguay o el organismo oficial competente.

b. Las Cooperativas, con los alcances establecidos en la Ley Nº 438/94 De Cooperativas.

c. Las empresas unipersonales domiciliadas en el país, cuando realicen actividades comerciales, industriales, de servicios o agropecuarias. Las empresas uniperso- nales son aquellas consideradas como tales en los Artículos 4°, 28º, inciso a) y 42º de la Ley N° 125/91 y sus modificaciones.

d. Las sociedades con o sin personería jurídica, las entidades privadas en general, así como las personas domiciliadas o entidades constituidas en el exterior o sus sucursales, agencias o establecimientos cuando realicen las actividades mencio- nadas en el inciso c). Quedan comprendidos en este inciso quienes realicen acti- vidades de importación y exportación.

e. Las entidades de asistencia social, caridad, beneficencia, e instrucción científica, literaria, artística, gremial, de cultura física y deportiva, así como las asociaciones, mutuales, federaciones, fundaciones, corporaciones y demás entidades con o sin personería jurídica respecto de las actividades no exoneradas del presente impuesto.

f. Los entes autárquicos, empresas públicas, entidades descentralizadas, y socieda- des de economía mixta, que desarrollen actividades comerciales, industriales o de servicios.

g. Quienes introduzcan definitivamente bienes al país y no se encuentren compren- didas en los incisos anteriores. (Texto modificado por Ley Nº 5143/13)

Artículo 80º.- Nacimiento de la obligación tributaria. La configuración del hecho imponible se produce con la entrega del bien, emisión de la factura o acto equivalente, el que fuera anterior. Para el caso de Servicios Públicos la configuración del nacimiento de la obligación tributaria será cuando se produzca el vencimiento del plazo para el pago del precio fijado.
La afectación al uso o consumo personal, se perfecciona en el momento del retiro de los bienes.
En los servicios, el nacimiento de la obligación se concreta con el primero que ocurra de cualquiera de los siguientes actos:

a. Emisión de factura correspondiente.

b. Percepción del importe total o de pago parcial del servicio a prestar.

c. Al vencimiento del plazo previsto para el pago.

d. Con la finalización del servicio prestado.

En los casos de importaciones, el nacimiento de la obligación tributaria se produce en el momento de la numeración de la declaración aduanera de los bienes en la Aduana. (Texto de la Ley N° 2421/04).

Artículo 81º.- Territorialidad. Sin perjuicio de las disposiciones especiales que se es- tablecen en este Artículo, estarán gravadas las enajenaciones y prestaciones de servicios realizados en el territorio nacional, con independencia de lugar en donde se haya cele- brado el contrato, del domicilio, residencia o nacionalidad de quienes intervengan en las operaciones, así como quien los reciba y del lugar donde provenga el pago.

La asistencia técnica y demás servicios se considerarán realizadas en el territorio nacio- nal, cuando la misma sea utilizada o aprovechada en el país.

La cesión del uso de bienes y derecho será de fuente paraguaya, cuando los mismos sean utilizados en la República, aún en forma parcial, en el período pactado.

Los servicios de seguros se considerarán prestados en el territorio nacional, cuando se

verifiquen alguna de las siguientes situaciones:

a. Cubran riesgos en la República en forma exclusiva o no, y

b. Los bienes o las personas se encuentren ubicados o residan, respectivamente   en el país en el momento de la celebración del contrato. (Texto de la Ley N° 2421/04).

Artículo 82º.- Base imponible. En las operaciones a título oneroso, la base imponible la constituye el precio neto devengado correspondiente a la entrega de los bienes o la prestación de servicio. Dicho precio se integrará con todos los importes cargados al com- prador ya sea que se facturen concomitantemente o en forma separada.
En las financiaciones la base imponible la constituye el monto devengado mensualmente de los intereses, recargos, comisiones y cualquier otro concepto distinto de la amortiza- ción del capital pagadero por el prestatario.
En los contratos de alquiler de inmuebles, la base imponible lo constituye el monto del precio devengado mensualmente.
En las transferencias o enajenación de bienes inmuebles se presume de derecho que el valor agregado mínimo, es el 30% (treinta por ciento) del precio de venta del inmue- ble transferido. En la transferencia de inmuebles a plazos mayores de dos años, la base imponible lo constituye el 30% (treinta por ciento) del monto del precio devengado mensualmente.

En la actividad de compraventa de bienes usados, cuando la adquisición se realice a quienes no son contribuyentes del impuesto, la Administración podrá fijar porcentajes estimativos del valor agregado correspondiente.

En la cesión de acciones de sociedades por acciones y cuota parte de sociedades de responsabilidad limitada, la base imponible la constituye la porción del precio superior al valor nominal de las mismas.

Para determinar el precio neto se deducirá, en su caso, el valor correspondiente a los bienes devueltos, bonificaciones o descuentos corrientes en el mercado interno, que consten en la factura o en otros documentos que establezca la Administración, de acuerdo con las condiciones que la misma indique.

En la afectación al uso o consumo personal, adjudicaciones, operaciones a título gratui- to o sin precio determinado, el monto imponible lo constituirá el precio corriente de la venta en el mercado interno. Cuando no sea posible determinar el mencionado precio, el mismo se obtendrá de sumar a los valores de costo el bien colocado en la empresa en condiciones de ser vendido, un importe correspondiente al 30% (treinta por ciento) de los mencionados valores en concepto de utilidad bruta.

Para aquellos servicios en que se aplican aranceles, se considerarán a éstos como precio mínimo a los efectos del impuesto, salvo que pueda acreditarse documentalmente el valor real de la operación, mediante la facturación a un contribuyente del Impuesto a las Rentas de Actividades Comerciales, Industriales y de Servicios.

Facúltase al Poder Ejecutivo a fijar procedimientos para la determinación de la base Im- ponible de aquellos servicios que se presten parcialmente dentro del territorio nacional, y que por sus características no sea posible establecerla con precisión. La base imponible así determinada admitirá prueba en contrario.

En todos los casos la base imponible incluirá el monto de otros tributos que afecten la operación, con exclusión del propio impuesto.

Cuando se introduzcan en forma definitiva bienes al país, el monto imponible será el valor aduanero expresado en moneda extranjera determinado de conformidad con las leyes en vigor, al que se adicionarán los tributos aduaneros, aún cuando éstos tengan aplicación suspendida, así como otros tributos que incidan en la operación con anterioridad al retiro de la mercadería, más los tributos internos que graven dicho acto, excluido el Impuesto al Valor Agregado.

Cuando los bienes sean introducidos al territorio nacional por quienes se encuentren comprendidos en el inciso g) del Artículo 79º de esta Ley, la base imponible mencionada precedentemente se incrementara en un 30% (treinta por ciento). (Texto de la Ley N° 2421/04).

Artículo 83º.- Exoneraciones. Se exoneran:

1. Las enajenaciones de:

a. Moneda extranjera y valores públicos y privados, incluida la enajenación de acciones o cuota partes de sociedades.

b. Acervo hereditario a favor de los herederos a título universal o singular, excluidos los cesionarios.

c. Cesión de créditos.

d. Bienes de capital producidos por fabricantes nacionales, de aplicación directa en el ciclo productivo industrial o agropecuario, realizados por los inversio- nistas que se encuentren amparados por la Ley Nº 60/90 “Que aprueba, con modificaciones, el Decreto Ley Nº 27, de fecha 31 de marzo de 1990, “Por el cual se modifica y amplía el Decreto – Ley Nº 19, de fecha 28 de abril de 1989 “Que establece el régimen de incentivos fiscales para la inversión de capital de origen nacional y extranjero”.

e. Libros y periódicos, publicados en papel o por medios electrónicos.

f. Revistas catalogadas de interés educativo, cultural o científico.

g. Bienes de valor artístico o popular elaborados mediante procesos en los que la actividad desarrollada sea predominantemente manual, producidos por ar- tesanos o empresas artesanas, certificados/as por el Instituto Paraguayo de Artesanía.

h. Computadoras portátiles y sus suministros destinados a programas enmarca- dos en dotar gratuitamente a los niños, niñas y adolescentes de estas herra- mientas tecnológicas. Esta exención tributaria se extenderá, igualmente, a la entrega gratuita al beneficiario final de estos bienes.

i. Bienes donados a las fundaciones, asociaciones y demás entidades sin fines de lucro que se dediquen a la educación inicial y preescolar, escolar básica, media, técnica, terciaria y universitaria, reconocidas por el Ministerio de Educación y Cultura o por ley, como asimismo, a las entidades sin fines de lucro que se dediquen a las actividades deportivas. 
En caso que la donación sea en dinero para la adquisición de manera exclusi- va por parte de la entidad de determinados bienes, dicha situación deberá ser acreditada por medio de una Escritura Pública.

j. Combustibles derivados del petróleo, incluidos los biocombustibles.

k. Los billetes, boletas y demás documentos relativos a juegos y apuestas.
La entidad que adquiera o importe los bienes previstos en los incisos h) e i) del presente numeral, deberá contar previamente con una Certificación del Ministerio de Educación y Cultura, del Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología o de la Secretaría Nacional de Deportes, sobre el destino proyectado para dichos bienes. La Certificación deberá presentarse ante la unidad res- ponsable de registrar las franquicias fiscales dependiente del Ministerio de Hacienda.

2. Las siguientes prestaciones de servicios:

a. Intereses de valores públicos y privados.

b. Depósitos en las entidades bancarias y financieras regidas por la Ley Nº 861/96 “General de Bancos, Financieras y otras Entidades de Crédito”, así como en las Cooperativas, entidades del Sistema de Ahorro y Préstamo para la Vivienda y las entidades financieras públicas.

c. Los prestados por funcionarios permanentes o contratados por Embajadas, Consulados, y Organismos Internacionales, acreditados ante el gobierno na- cional, conforme con las leyes vigentes.

d. Los servicios gratuitos u onerosos prestados por las empresas unipersonales, las sociedades con o sin personería jurídica, y demás entidades privadas de cualquier naturaleza, con o sin fines de lucro, relativos a la enseñanza inicial y preescolar, escolar básica, media, técnica, terciaria y universitaria, recono- cidas por el Ministerio de Educación y Cultura o por Ley. Incluidos los servi- cios, que por extensión o práctica universitaria, deban realizarse con terceros.

e. Los servicios que realizan las entidades deportivas y culturales que no persi- gan fines de lucro y que no distribuyan sus utilidades o excedentes directa o indirectamente entre sus asociados o miembros, incluida la percepción de las cuotas sociales y de los ingresos por la venta de entradas a los espectáculos culturales y deportivos organizados exclusivamente por las citadas entidades, en los términos y condiciones que establezca el Poder Ejecutivo.

3. Las importaciones de: 

a. Los bienes considerados equipajes, introducidos en el país por los viajeros, concordante con el Código Aduanero.

b. Los bienes introducidos en el país por miembros del Cuerpo Diplomático, Consular y de Organismos Internacionales, acreditados ante el gobierno na- cional conforme con las Leyes vigentes.

c. Los bienes de capital de aplicación directa en el ciclo productivo industrial o agropecuario, realizados por los inversionistas que se encuentren amparados por la Ley Nº 60/90 “Que aprueba, con modificaciones, el Decreto – Ley  Nº 27, de fecha 31 de marzo de 1990, “Por el cual se modifica y amplía el Decreto – Ley Nº 19, de fecha 28 de abril de 1989 “Que establece el régimen de incentivos fiscales para la inversión de capital de origen nacional y extran- jero”.

d. Los bienes cuya enajenación se exoneran en el presente Artículo.

1. Las enajenaciones de bienes y los servicios prestados por las asociaciones, fede- raciones, fundaciones, mutuales y demás entidades con personería jurídica que se dediquen a la asistencia médica, social, caridad, beneficencia, literaria, artística, gremial, deportiva, científica, religiosa, educativa, reconocidas por el Ministerio de Educación y Cultura o por Ley y los partidos políticos reconocidos legalmen- te, siempre que no persigan fines de lucro y que las utilidades o excedentes no sean distribuidos directa o indirectamente entre sus asociados o integrantes, los que deben tener como único destino los fines para los que fueron creadas.
La exoneración prevista en el presente numeral no se aplicará en los casos de enajenaciones de bienes o de prestación de servicios relativos a la realización de las actividades económicas mencionadas en los incisos a), d), e) y f) del Artículo 2º de la Ley Nº 125/91 del 9 de enero de 1992 “Que establece el Nuevo Régimen Tributario” y sus modificaciones, así como tampoco en las actividades reguladas por la Ley Nº 1034/83 “Del Comerciante”, salvo que la enajenación de bienes o la prestación de servicios se realicen de manera gratuita.
La reglamentación establecerá los términos y condiciones aplicables al presente numeral.

2. Las enajenaciones e importaciones realizadas a favor de entidades educativas de enseñanza inicial y preescolar, escolar básica, media, técnica, terciaria y univer- sitaria, reconocidas por el Ministerio de Educación y Cultura o por ley, consistentes en:

Equipos e insumos para laboratorios.

Útiles, muebles y equipamientos para aulas, bibliotecas o salones auditorios.

a. Equipos de informática, fotocopiadoras y de telecomunicaciones.??????

Para acceder a este beneficio, las entidades educativas deberán presentar al Ministe-  rio de Hacienda un informe pormenorizado de los bienes a ser adquiridos y la unidad responsable expedirá la correspondiente resolución de liberación del Impuesto al Valor Agregado, para su presentación a la Dirección Nacional de Aduanas o al enajenante del bien. El cumplimiento de estos requisitos será de exclusiva responsabilidad de la entidad educativa y su inobservancia no dará lugar al beneficio impositivo previsto.
El servicio de docencia prestado a estas entidades estará exonerado del Impuesto al Valor Agregado.
Los contribuyentes, que enajenen bienes o presten servicios a las entidades educativas beneficiadas con esta exoneración, deberán proceder conforme a lo dispuesto en el pri- mer párrafo del Artículo 87º de la presente ley. (Texto de la Ley Nº 5061/13).

Ver Ley Nº 5183/14 que modifica la Ley Nº 4601/12 “Incentivos a la importación de vehículos eléctricos y exonera del IVA a la importación para el mercado nacional de vehículos eléctricos y vehículos híbridos nuevos”.

Artículo 84º.- Exportaciones. Las exportaciones están exoneradas del tributo. Estas comprenden a los bienes y al servicio de flete internacional para el transporte de los mis- mos al exterior del país. A estos efectos se debe conservar la copia de la documentación correspondiente debidamente contabilizada. La Administración establecerá las condi- ciones y formalidades que deberá reunir la mencionada documentación, sin perjuicio de exigir otros instrumentos que demuestren el arribo de la mercadería al destino previsto en el extranjero.
Ante la falta de la referida documentación se presumirá de derecho que los bienes fueron enajenados y los servicios prestados en el mercado interno, debiéndose abonar el im- puesto correspondiente.
 

Ver Artículo 4º de la Ley Nº 5061/13 relacionado al ajuste de precios en operaciones de exportación (denominado APE a los efectos didácticos).

Artículo 85º.- Documentaciones. Los contribuyentes están obligados a extender y entre- gar comprobantes de venta por cada enajenación y prestación de servicios que realicen, debiendo conservar copias de las mismas hasta cumplirse la prescripción del impuesto.

Todo comprobante de venta, así como los demás documentos que establezca la regla- mentación deberá ser timbrado por la Administración antes de ser utilizado por el con- tribuyente o responsable. Deberá contener necesariamente el Registro Único de Contri- buyente del adquiriente o el número de documento de identidad sea o no consumidores finales.

En todas las facturas, se consignarán los precios discriminando el Impuesto al Valor Agregado (IVA), salvo para los casos en que el Poder Ejecutivo, disponga expresamente su incorporación al precio.

La Administración establecerá las demás formalidades y condiciones que deberán reunir los comprobantes de ventas y demás documentos de ingresos o egresos, para admitirse la deducción del crédito fiscal, la participación en la lotería fiscal, o para permitir un mejor control del impuesto.

Cuando el giro o naturaleza de las actividades haga dificultosa, a juicio de la Adminis- tración, la emisión de la documentación pormenorizada, esta podrá a pedido de parte    o de oficio, aceptar o establecer formas especiales de facturación. (Texto de la Ley Nº 5061/13).

Artículo 86º.- Liquidación del impuesto. El impuesto se liquidará mensualmente y se determinará por la diferencia entre el “débito fiscal” y el “crédito fiscal”. El débito fiscal lo constituye la suma de los impuestos devengados en las operaciones gravadas del mes. Del mismo se deducirán: el impuesto correspondiente a devoluciones, bonificaciones   y descuentos, así como el impuesto correspondiente a los actos gravados considerados incobrables. El Poder Ejecutivo establecerá las condiciones que determinan la incobra- bilidad.

El crédito fiscal estará integrado por:

a. La suma del impuesto incluido en los comprobantes de compras en plaza realiza- das en el mes, que cumplan con lo previsto en el Artículo 85º.

b. El impuesto pagado en el mes al importar bienes.

c. Las retenciones de impuesto efectuadas a los beneficiarios radicados en el exte- rior por la realización de operaciones gravadas en territorio paraguayo.

No dará derecho al crédito fiscal el impuesto incluido en los comprobantes que no cum- plan con los requisitos legales o reglamentarios y/o aquellos documentos visiblemente adulterados o falsos.

La deducción del crédito fiscal está condicionada a que el mismo provenga de bienes o servicios, que están afectados directa o indirectamente a las operaciones gravadas por el impuesto.

Cuando en forma simultánea se realicen operaciones gravadas y no gravadas, la de- ducción del crédito fiscal afectado indistintamente a las mismas, se realizará en la pro- porción en que se encuentren las operaciones gravadas con respecto a las totales en el período que establezca el Poder Ejecutivo.

Quienes presten servicios personales podrán deducir el crédito fiscal correspondiente   a la adquisición de un autovehículo, hasta un valor de G. 100.000.000 (cien millones de guaraníes) cada cinco años. La venta posterior de dicho bien quedará igualmente gravada al precio real de la transferencia. Los restantes activos fijos afectados a dicha actividad estarán igualmente gravados en la oportunidad que se enajenen, siempre que por los mismos se haya deducido el crédito fiscal correspondiente.

Cuando el crédito fiscal sea superior al débito fiscal, dicho excedente podrá ser utilizado como tal en las liquidaciones siguientes, pero sin que ello genere devolución, salvo los casos de cese de actividades, clausura o cierre definitivo de negocios, y aquéllos expre- samente previstos en la presente Ley. (Texto de la Ley Nº 2421/04).

Artículo 87º.- Excedente del crédito fiscal. El excedente del crédito fiscal del Impuesto al Valor Agregado existente al final del ejercicio para el Impuesto a la Renta, por par-  te de aquellos contribuyentes que enajenen bienes o presten servicios exonerados o no gravados por el Impuesto al Valor Agregado, no podrá ser utilizado en las liquidaciones posteriores, ni tampoco podrá ser solicitada su devolución, constituyéndose en un costo para el contribuyente, en tanto se mantenga la exoneración.
En ningún caso, corresponderá la devolución por clausura o terminación de la actividad del contribuyente.
Los sujetos o las entidades que no puedan trasladar el tributo proveniente de sus compras, tendrán el tratamiento de consumidores finales. (Texto de la Ley Nº 5061/13).

Artículo 88º.- Crédito fiscal del exportador. La Administración Tributaria devolverá el crédito fiscal correspondiente a los bienes o servicios que están afectados directa o indirectamente a las operaciones de exportación. El crédito del exportador será imputado en primer término contra el débito fiscal, para el caso que el mismo realice operaciones gravadas en el mercado interno y consignadas en la declaración jurada mensual, y de existir excedente, el mismo será destinado al pago de otros tributos vencidos o a vencer dentro del ejercicio fiscal, a petición de parte, conforme lo establezca la reglamentación.

En las operaciones de exportación de productos agropecuarios en estado natural, y en las operaciones de exportación de productos agropecuarios en estado natural y sus derivados, que han sido sometidos a procesos básicos, primarios o incipientes de industriali- zación, la devolución del crédito fiscal será del 50% (cincuenta por ciento) del impuesto consignado en las facturas de compra de los bienes y servicios que estén afectados directa o indirectamente a dichas operaciones. Se faculta al Poder Ejecutivo a reglamentar y determinar cuáles son los procesos de industrialización, así como los productos y subpro- ductos contemplados en este párrafo.

El Poder Ejecutivo establecerá el plazo para la devolución y los requerimientos para la presentación de la solicitud, cuya aceptación estará condicionada a que la misma, esté acompañada de las facturas justificativas del crédito solicitado, la declaración jurada y la certificación del auditor independiente. La falsa declaración del contribuyente y de su auditor será tipificada como defraudación fiscal y delito de evasión fiscal.

La solicitud de devolución será procedente a partir del día siguiente al vencimiento para la presentación de la declaración jurada correspondiente al período fiscal en que se confi- gura la exportación, y podrá ser realizada dentro del plazo previsto en el Artículo 221º de la Ley N° 125/91 del 9 de enero de 1992 “Que establece el Nuevo Régimen Tributario” y sus modificaciones.

Los exportadores podrán solicitar la devolución acelerada del crédito presentando una garantía bancaria, financiera o póliza de seguros, conforme al texto redactado por la Administración Tributaria con el asesoramiento del Banco Central del Paraguay. En este sistema, los plazos serán fijados por reglamentación.

Si la Administración cuestiona todo o parte del crédito solicitado por el contribuyente por irregularidad en la documentación, deberá devolver la parte no objetada, debiendo a pedido de parte iniciar el sumario administrativo respecto a la parte cuestionada, siempre y cuando sea solicitado este procedimiento por el contribuyente, dentro de un plazo perentorio de diez días hábiles computados a partir del día siguiente de la comunicación del cuestionamiento efectuado, caso contrario, se procederá al archivo definitivo del expediente.

La Administración Tributaria establecerá criterios o canales de selectividad que permitan disponer la devolución fluida de los créditos fiscales. En el caso que el solicitante cumpla con los requisitos previstos para acceder a los beneficios de los canales de selectividad, el plazo para devolver el monto que corresponda se establecerá por reglamentación, sin perjuicio que dentro del período de prescripción, se realicen los controles o verificacio- nes.

La mora en la devolución dará lugar a la percepción de un recargo o interés mensual a calcularse día por día, que será coincidente con el fijado por el Poder Ejecutivo conforme a lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 171 de la Ley N° 125/91 y sus modifi- caciones, vigente a la fecha de la acreditación o pago del capital devuelto. El recargo o interés se calculará a partir del día siguiente de cumplido el plazo que establezca el Poder Ejecutivo.

Transcurrido el plazo previsto en el párrafo anterior, el contribuyente podrá denunciar el hecho al Ministro de Hacienda, debiendo disponerse, dentro de los 10 (diez) días de pre- sentada la misma, la instrucción de sumario administrativo a los funcionarios actuantes para la investigación y determinación de sus responsabilidades, si las hubiere.

La denuncia infundada será sancionada con una multa equivalente a 10 (diez) salarios mínimos mensuales vigentes para actividades diversas no especificadas en la capital de la República, pagadera dentro de los 5 (cinco) días de haberse dictado la Resolución correspondiente.

Los bienes ingresados al país bajo el régimen de admisión temporaria con el objeto de ser transformados, elaborados, perfeccionados y posteriormente re-exportados tendrán el mismo tratamiento fiscal de los exportadores. De igual forma, serán considerados aque- llos bienes extranjeros destinados a ser reparados o acabados en el país, que ingresen por el mencionado régimen.

Los fabricantes de bienes de capital tendrán el mismo trato previsto en este Artículo para los exportadores por las ventas realizadas en el mercado interno durante el ejercicio fis- cal y por los saldos no recuperados del crédito fiscal afectado a la fabricación de dichos bienes, cuando los mismos sean vendidos en los términos de la exoneración contemplada en el Artículo 83 numeral 1), inciso d) de la presente Ley. (Texto de la Ley Nº 5061/13).

Ver Artículos 5º al 9º de la Ley Nº 5061/13 relacionados a la devolución de IVA, regímenes especiales y exoneraciones.

Artículo 89º.- Importaciones. La introducción definitiva de bienes gravados al país se deberá liquidar y pagar en las Aduanas en forma previa al retiro de los mismos.
El importe pagado por los contribuyentes comprendidos en el inciso e) del Artículo 79º de esta Ley, tendrá carácter de pago definitivo. Lo abonado por los demás contribuyentes del mencionado artículo constituirá un crédito fiscal que será utilizado de acuerdo con los principios generales del impuesto.

Artículo 90º.- Regímenes especiales. Derogado por el Artículo 35º, numeral 1) inciso

a. de la Ley 2421/04, pero incluido en el Art. 40º de la Ley Nº 2421/04 la posibilidad de establecer regímenes de simplificación en la recaudación, equivalente a esta disposición.

Artículo 91º.- Tasas. La tasa del impuesto será del:

a. 5% (cinco por ciento) para el arrendamiento y enajenación de bienes inmuebles.

b. 5% (cinco por ciento) para la enajenación de productos agrícolas, frutícolas, hortícolas en estado natural y animales vivos, de los bienes provenientes de la caza y de la pesca, vivos o no, aceite vegetal virgen o crudo desgomado y de  los siguientes Artículos de la canasta familiar: arroz, fideos, aceites comestibles, yerba mate, leche, huevos, carnes no cocinadas, harina y sal yodada.

c. 10% (diez por ciento) para los intereses, comisiones y recargos de los préstamos otorgados por las entidades de intermediación financiera reguladas por la Ley N° 861/96 “General de Bancos, Financieras y otras Entidades de Crédito”. (Modifi- cado del Art. 1º del Decreto Nº 1440/14. Ver último párrafo de este artículo).
 

(5%) para intereses, comisiones y recargos por financiaciones otorgadas por entidades de intermediación financieras con fondos provenientes de la AFD destinado a la adquisición y construcción de la primera vivienda.

a. 5% (cinco por ciento) para la enajenación de productos farmacéuticos.

b. 10% (diez por ciento) para todos los demás casos.

El Poder Ejecutivo, queda autorizado a incrementar, así como a fijar, tasas diferenciales, entre el 5% (cinco por ciento) y el 10% (diez por ciento) para los productos, bienes y servicios indicados en los incisos a), b), c) y d). (Texto del Art 3º de la Ley Nº 5061/13).

Artículo 92º.- Declaración jurada y pago. La Administración establecerá la forma y oportunidad en que los contribuyentes y responsables deberán presentar la de- claración jurada, así como el plazo para realizar el pago.

Artículo 93º.- Registro contable. La Administración podrá exigir a los contribuyentes la utilización de libros o registros especiales o formas de contabilización apropiadas a este impuesto, conforme a la categoría de contribuyentes.

Artículo 94º.- Iniciación de actividades. El Poder Ejecutivo establecerá para quienes inicien actividades, los criterios y el momento a partir del cual comenzarán a tributar el impuesto.

Artículo 95º.- Responsabilidad solidaria. Los titulares de la explotación de salas tea- trales, canales de televisión, ondas de radio difusión y espectáculos deportivos, serán solidariamente responsables del pago del impuesto que corresponda al contribuyente, que actúe en los referidos medios de difusión y espectáculos deportivos. El responsable solidario podrá retener o percibir del contribuyente el impuesto correspondiente. Facul- tase al poder ejecutivo a fijar procedimientos de base presunta para la determinación del monto imponible, en aquellos servicios prestados por personas del exterior que actúan en forma accidental en el país y que por sus características hacen dificultosa su determi- nación.

Artículo 96º.- Transporte de mercaderías. Facúltase al Poder Ejecutivo para establecer la obligación de que todas las mercaderías que circulen en el territorio nacional, lo hagan acompañada de su correspondiente factura o equivalente.

Cuando se establezca la citada obligación, las mercaderías que circulen sin la referida do- cumentación se considerarán en infracción, en cuyo caso serán retenidas, conjuntamente con el vehículo que las transporta, hasta tanto se presente la documentación, ni exista propietario responsable de las mercaderías transportadas, el transportista será solidaria- mente responsable del pago de los impuestos y multas que correspondan a las mismas, independientemente de su responsabilidad personal por la multa que le corresponda, por haber transportado la mercadería sin la documentación correspondiente.

En cualesquiera de los casos, el transportista podrá retirar su vehículo mediante el otor- gamiento de una garantía personal, real o de un tercero, a satisfacción de la Administra- ción. En ningún caso, el transportista será responsable del real contenido de los bultos, paquetes o cajas que transporta, cuando difiere de lo expresado en la nota de remisión o documento equivalente.

Artículo 97º.- Permuta. Los bienes o servicios recibidos por operaciones de permuta se valuarán de acuerdo con lo que establece la reglamentación.

Artículo 98º.- Pago provisorio. En el caso de no presentación de la declaración jurada en el plazo establecido, la Administración podrá exigir un pago provisorio por un impor- te igual al que resulte de aplicar la tasa del impuesto sobre el monto total de las opera- ciones gravadas de cualquiera de las últimas doce declaraciones juradas presentadas, a opción de la Administración.

TÍTULO II - IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO

Artículo 99º.- Hecho generador. Créase un impuesto que se denominará Impuesto Se- lectivo al Consumo, que gravará la importación de los bienes que se consignan en el Artículo 106º y la primera enajenación a cualquier título cuando sean de producción nacional.

Artículo 100º.- Definiciones. Se considerará enajenación a los efectos de esta ley, toda operación a título oneroso o gratuito que tenga por objeto la entrega de bienes con trans- ferencia del derecho de propiedad o que otorguen a quienes lo reciben, la facultad de disponer de ellos como si fuera su propietario. Será irrelevante la designación de que las partes confieran a la operación, así como la forma de pago.
Quedan comprendidas en el concepto precedente de enajenación, la afectación al uso o consumo personal por parte del dueño, socios y directores de la empresa, de los bienes de ésta, así como los bienes entregados en consignación.
Por importación se entenderá la introducción definitiva de bienes al territorio nacional.

Artículo 101º.- Contribuyentes. Serán contribuyentes:

a. Los fabricantes por las enajenaciones que realicen en el territorio nacional.

b. Los importadores por los bienes que introduzcan en el país.

Los mismos podrán ser una empresa unipersonal o sociedades con o sin personería jurí- dica, entidades privadas de cualquier naturaleza, así como las empresas públicas, entes autárquicos y sociedades de economía mixta.

Artículo 102º.- Nacimiento de la obligación tributaria. La obligación tributaria se configura con la entrega de los bienes, los que deberán estar acompañados en todos los casos del comprobante correspondiente.
La entrega se presumirá realizada en la fecha del referido comprobante, sin perjuicio de que la Administración pueda fijar la misma, cuando existiere omisión, anticipación o retardo en la emisión del documento.
En la importación, la configuración del hecho imponible se concreta en el momento de la apertura del registro de entrada de los bienes en la aduana.

Artículo 103º.- Territorialidad. Estarán gravadas las enajenaciones realizadas en el territorio nacional, con independencia del lugar en donde se haya celebrado el contrato, del domicilio, residencia o nacionalidad de quienes intervengan en las operaciones, así como del lugar de donde provenga el pago.

Artículo 104º.- Exportaciones. Las exportaciones no están gravadas con este impuesto. El exportador deberá contar con la documentación aduanera correspondiente, la que deberá estar debidamente registrada en los libros de contabilidad de la empresa. La Administración establecerá las condiciones y formalidades que deberá reunir la mencionada documentación, sin perjuicio de exigir otros instrumentos que demuestren el arribo de la mercadería al destino previsto en el extranjero.
Ante la falta de ésta, se presumirá de pleno derecho que los bienes fueron enajenados en el mercado interno, debiéndose abonar el impuesto correspondiente.

Artículo 105º.- Base imponible. La base imponible la constituye el precio de venta en fábrica excluido el propio impuesto y el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
El referido precio será fijado y comunicado por el fabricante a la Administración para cada marca y clase de producto, discriminado por capacidad de envase que se enajena. En la venta a granel, el precio se fijará por unidad de medida.
Las modificaciones que se produzcan en los precios deberán ser informadas previamente a la Administración dentro de los plazos que establezca la reglamentación. Se presumirá que existe defraudación cuando se transgrede esta disposición.
En las importaciones el monto imponible lo constituye el valor aduanero expresado en moneda extranjera, determinado por el servicio de valoración aduanera de conformidad con las leyes en vigor, al que se adicionarán los tributos aduaneros aún cuando estos tengan aplicación suspendidas, así como otros tributos que incidan en la operación con anterioridad al retiro de las mercaderías, excluido el propio impuesto y el Impuesto al Valor Agregado.
En lo relativo a los combustibles derivados del petróleo, la base imponible la constituye el precio de venta al público que establezca el Poder Ejecutivo, excepto para aquellos productos cuya importación y precio de comercialización son libres, a los que se les aplicarán las disposiciones previstas en los párrafos anteriores.
El Poder Ejecutivo queda facultado para fijar valores imponibles presuntos que sustitu- yan los mencionados en esta disposición, los cuales no podrán superar el precio de venta en el mercado interno a nivel del consumidor final.

Artículo 106º.- Tasas impositivas. Los bienes que se establecen en la siguiente tabla de tributación quedarán gravados de acuerdo con la tasa impositiva que sigue:

Sección I - (Texto de la Ley N° 6.097/18)	Mínima	Máxima
1)      Cigarrillos perfumados o elaborados con tabaco rubio egipcio o turco, virginia y similares.	18%	22%
2)      Cigarrillos en general no comprendidos en el numeral an- terior.	18%	22%
3)      Cigarrillos de cualquier clase.	18%	22%
4)      Tabaco negro o rubio, picado o en otra forma, excepto el tabaco en hojas	18%	22%
5)      Tabaco elaborado, picado, en hebra, en polvo (rapé), o en cualquier otra forma.	18%	22%
6) Esencias u otros productos del tabaco para ser vapeados, inhalados o aspirados por cigarrillos electrónicos, vapori- zados o similares.	18%	22%

 

Sección II - (Texto de la Ley N° 5.538/15)	Máxima
1)      Bebidas gaseosas sin alcohol, dulces o no y en general bebidas no especificadas sin alcohol o con un máximo de 2% de alcohol.	5%
2)      Jugo de frutas con un máximo de 2% de alcohol.	5%
3)      Cervezas en general.	9%
4)      Coñac artificial y destilado, ginebra, ron cocktail, caña y agua ardien- te no especificados.	11%
5)      Producto de licorería, anís, bitter, amargo, fernet y sus similares: ver- mouths, ponches, licores en general.	11%
6)      Sidras y vinos de frutas en general, espumantes o no: vinos espuman- tes, vinos o mostos alcoholizados o concentrados y místeles.	11%
7)      Vino natural de jugos de uvas (tinto, rosado o blanco, exceptuando los endulzados).	11%
8)      Vino dulce (inclusive vino natural endulzado), vinos de postres, vinos de frutas no espumantes y demás vinos artificiales en general.	11%
9)      Champagne, y equivalente.	13%
10) Whisky.	11%
Sección III (Texto de la Ley Nº 2421/04)	Máxima
1)      Alcohol desnaturalizado	10%
2)      Alcoholes rectificados.	10%
3)      Líquidos alcohólicos no especificados.	10%

 

Sección IV	Máxima
1)      Combustibles derivados del petróleo.	50%
Sección V (Texto de la Ley Nº 2421/04)	Máxima
1)      Perfumes, aguas de tocador y preparaciones de belleza de maquillaje.	5%
2) Perlas naturales (finas) o cultivadas, piedras preciosas o semiprecio- sas, metales preciosos, chapados de metal precioso (plaqué) y manu- facturas de estas materias; bisutería; marfil, hueso, concha (capara- zón) de tortuga, cuerno, asta, coral, nácar y demás materias animales para tallar, trabajadas, y manufacturas de estas materias (incluso las obtenidas por moldeo).	5%
3) Máquinas y aparatos para acondicionamiento de aire que comprendan un ventilador con motor y los dispositivos adecuados para modificar la temperatura y la humedad, aunque no regulen separadamente el grado higrométrico.	1%
4) Máquinas para lavar vajilla; máquinas para lavar ropa, incluso con dispositivo de secado, máquinas automáticas para tratamiento o pro- cesamiento de datos y sus unidades; lectores magnéticos u ópticos, las máquinas copiadoras, hectográficas, mimeógrafos, máquinas de imprimir direcciones, máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos re- ceptores de televisión, incluso con aparato receptor de radiodifusión o de grabación o reproducción de sonido o imagen incorporados; vi- deomonitores y videoproyectores. Aparatos de telefonía celular, ter- minales portátiles.	1%
5) Relojes de pulsera, bolsillo y similares (incluidos los contadores de tiempo de los mismos tipos), con caja de metal precioso o chapado de metal precioso (plaqué).	5%
6)      Instrumentos musicales; sus partes y accesorios.	1%
7)      Armas, municiones, y sus partes y accesorios.	5%
8)      Juguetes, juegos y Artículos para recreo; sus partes y accesorios.	1%

El Poder Ejecutivo queda facultado a fijar tasas diferenciales para los distintos tipos de productos, dentro de cada numeral.

Artículo 107º.- Permuta. Los bienes o servicios recibidos por operaciones de permuta, se valuarán de acuerdo con lo que establezca la reglamentación.

Artículo 108º.- Liquidación y pago. El impuesto es de liquidación mensual, con ex- cepción de los combustibles que se realizará por períodos semanales que abarcará de domingos a sábados.

La Administración establecerá la oportunidad de la presentación de la declaración jurada y del pago, así como la exigibilidad de libros y registros especiales o formas apropiadas de contabilización. En las importaciones, la liquidación se efectuará previamente al reti- ro de los bienes de la Aduana.

En los casos de bienes importados o de producción nacional y que se hallen gravados por el Impuesto Selectivo al Consumo, cuando éstos constituyan materia prima de bie- nes fabricados en el país, el Impuesto abonado en la etapa anterior, será considerado como anticipo del Impuesto selectivo al Consumo que corresponda abonar por la primera enajenación del bien final que se produce en el país. En el caso de que el bien final fue exportado dará derecho a reembolso o retorno. (Texto de la Ley Nº 2421/04)

Artículo 109º.- Bienes importados. Las Aduanas no permitirán el retiro de las merca- derías gravadas con el Impuesto Selectivo al Consumo sin el previo pago del gravamen adeudado.

No se hallan eximidos de tal requisito las importaciones por pacotilla.

Artículo 110º.- Envases. Los envases que contengan mercaderías sujetas al impuesto deben llevar impresas en la etiqueta o en otros lugares de fácil identificación la designa- ción del producto, a más del nombre del fabricante o importador en su caso y su número de Inscripción en el Registro Único de Contribuyentes (RUC).
Es obligatorio consignar en forma destacada en los envases, la cantidad neta del producto gravado. El Poder Ejecutivo queda facultado para establecer otros requisitos.

Artículo 111º.- Instrumentos de control. El Poder Ejecutivo queda facultado para exigir la utilización de instrumentos de control que serán emitidos por la Administración, la que establecerá las características que deberán reunir los mismos y las formalidades de su utilización.

Normas relacionadas a instrumentos de control:

Ley Nº 4045/10 Art. 3º.- El Poder Ejecutivo deberá fortalecer los procedimientos de control de los valores fiscales, a través de estampillas tipo fuson, placas y precintados en materiales de seguridad que proveerá la Administración Tributaria a su valor de costo. El Poder Ejecutivo tendrá la facultad de modificar estos procedimientos de control en función de la incorporación de nuevas tecnologías que mejoren la eficiencia de sistema.

Art. 4º.- Autorízase al Poder Ejecutivo a reglamentar la presente Ley, adoptando to- das las medidas administrativas que permitan su efectiva aplicación, administración, percepción y fiscalización del tributo.

Artículo 112º.- Contralor. En todos los despachos de importación de bebidas en gene- ral, los datos respecto a la marca, cantidad, clase, envase y otro más que la individualicen deberán coincidir con los obrantes en los originales de los despachos aduaneros, salvo mermas, roturas, averías y fallas, debidamente consignadas en los mismos por funcionarios autorizados.

Artículo 113º.- Documentación. Los contribuyentes están obligados a extender y en- tregar comprobantes de ventas en cada una de las enajenaciones que realicen, debiendo conservar copia de los mismos hasta cumplirse la prescripción del tributo.
Determinado el impuesto, éste se incorporará al precio del producto.
La Administración queda facultada para establecer las formalidades y requísitos que de- ban contener la referida documentación.

Artículo 114º.- Capacidad de producción. La Administración podrá exigir a los contri- buyentes que comuniquen la capacidad de producción del establecimiento, sin perjuicio de que se ordene de oficio las verificaciones necesarias con el objeto de establecer dicha capacidad.
A estos efectos, podrá exigir la información necesaria.

Artículo 115º.- Modificaciones en fábrica. Los contribuyentes deberán comunicar a la Administración dentro del plazo y en los términos que la misma establezca, las modifi- caciones que se produzcan en los equipos e instalaciones de la fábrica que signifiquen una alteración potencial en la capacidad de producción de la misma.

Artículo 116º.- Transportes de mercaderías. Facúltase al poder Ejecutivo establecer la obligación de que todas las mercaderías que circulan por el territorio nacional, lo hagan acompañada de su correspondiente factura o documento equivalente.
Cuando se establezca la citada obligación, las mercaderías que circulen sin la referida documentación se considerarán en infracción, en cuyo caso serán retenidos conjunta- mente con el vehículo que las transporta, hasta tanto se presente la documentación co- rrespondiente y se haya pagado el impuesto y/o multa pertinente, conforme al régimen de infracciones y sanciones previstas en el Capítulo III del Libro V de esta Ley.
En el caso que no se presente la documentación, ni exista propietario de las mercaderías transportadas, el transportista será solidariamente responsable del pago de los impues- tos y multas que correspondan a las mismas, independientemente de su responsabilidad personal por la multa que le corresponda por haber transportado la mercadería sin la documentación correspondiente.
En cualquiera de los casos, el transportista podrá retirar su vehículo mediante el otor- gamiento de una garantía personal, real o de un tercero a satisfacción de la Administra- ción. En ningún caso, el transportista será responsable del real contenido de los bultos, paquetes o cajas que transporta cuando difiere de lo expresado en la nota de remisión o documento equivalente.

Artículo 117º.- Regímenes especiales. Cuando razones de orden práctico, características de la comercialización o dificultades de control, hagan recomendable la aplicación de sistemas simplificados de liquidación, el Poder Ejecutivo con el asesoramiento de la Administración, podrá establecer los criterios necesarios a tales efectos.

Artículo 118º.- Transitorio. Sin vigencia.