Ley Nº 125/91

“Que establece el Nuevo Régimen Tributario”

con modificaciones introducidas por las leyes posteriores.

LIBRO I - IMPUESTO A LOS INGRESOS

TÍTULO 1 - IMPUESTO A LA RENTA

Artículo 1º.- Naturaleza del Impuesto. Créase un impuesto que gravará las rentas de fuente paraguaya provenientes de las actividades comerciales, industriales, de servicios y agropecuarias, que se denominará “Impuesto a la Renta”.

CAPÍTULO I - RENTA DE ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS (IRACIS).

Artículo 2º.- Hecho generador. Estarán gravadas las rentas de fuente paraguaya que provengan de la realización de actividades comerciales, industriales o de servicios que no sean de carácter personal. Se consideran comprendidas:

a. Las rentas provenientes de la compraventa de inmuebles cuando la actividad se realice en forma habitual, de acuerdo con lo que se establezca en la reglamentación.

b. Las rentas generadas por los bienes del activo, excluidas las que generan los bienes afectados a las actividades contempladas en los Capítulos de las Rentas de las Actividades Agropecuarias, Rentas del Pequeño Contribuyente y Rentas del Servicio de Carácter Personal.

c. Todas las rentas que obtengan las personas o sociedades, con o sin personería jurídica, así como las entidades constituidas en el exterior o sus sucursales, agencias o establecimientos en el país. Quedan excluidas las rentas provenientes de las actividades comprendidas en el Impuesto a las Rentas de las Actividades Agropecuarias, Rentas del Pequeño Contribuyente y Rentas del Servicio de Ca- rácter Personal.

Las rentas provenientes de las siguientes actividades: extractivas, cunicultura, avicultura, apicultura, sericultura, suinicultura, floricultura y explotación fores- tal.

Obs: Modificado en forma indirecta por el IRAGRO. Ver Art. 27º de la Ley Nº 125/91 “Actividad Agropecuaria” con la redacción dada por la Ley Nº 5061/13.

a. Las rentas que obtengan los consignatarios de mercaderías.

b. Las rentas provenientes de las siguientes actividades:

• Reparación de bienes en general.
• Carpintería.
• Transporte de bienes o de personas.
• Seguros y reaseguros.
• Intermediación Financiera.
• Estacionamiento de autovehículos.
• Vigilancia y similares.
• Alquiler y exhibición de películas.
• Locación de bienes y derechos.
• Discotecas.
• Hoteles, moteles y similares.
• Cesión del uso de bienes incorporales, tales como marcas, patentes y privile- gios.
• Arrendamiento de bienes inmuebles, siempre que el arrendador sea propie- tario de más de un inmueble. A los efectos de esta disposición las unidades o departamentos integrantes de las propiedades legisladas en el Código Civil y en la Ley Nº 677 del 21 de septiembre de 1960 “Sobre Propiedad por pisos y por departamentos”, serán consideradas como inmuebles independientes.
• Agencias de viajes.
• Pompas fúnebres y actividades conexas.
• Lavado, limpieza y teñido de prendas en general.
• Publicidad.
• Construcción, refacción y demolición.

1. Los dividendos y las utilidades que se obtengan en carácter de accionistas o de socios de entidades que realicen actividades comprendidas en el Impuesto a las Rentas de Actividades Comerciales, Industriales y de Servicios y Rentas de las Actividades Agropecuarias. (Texto de la Ley Nº 2421/04).

Ver Artículo 4º de la Ley Nº 5061/13. Por el cual se establece indirectamente un nuevo impuesto denominado a los efectos didácticos como APE (Ajustes de precio de exportación).

Artículo 3º.- Contribuyentes. Serán contribuyentes:

a. Las empresas unipersonales, las sociedades con o sin personería jurídica, las asociaciones, las corporaciones y las demás entidades privadas de cualquier na- turaleza.

b. Las empresas públicas, entes autárquicos, entidades descentralizadas y socieda- des de economía mixta.

c. Las personas domiciliadas o entidades constituidas en el exterior y sus sucursales, agencias o establecimientos que realicen actividades gravadas en el país. La casa matriz deberá tributar por las rentas netas que aquellas le paguen o acrediten.
La casa matriz del exterior tributará por las rentas gravadas que obtenga en forma independiente.

d. Las Cooperativas, con los alcances establecidos en la Ley Nº 438/94 “De Coope- rativas”. (Texto de la Ley Nº 2421/04).

Ver Ley Nº 5501/15, modificada por la Ley Nº 6.178/18, que modifica la Ley de Cooperativas, en aspectos contables y la exoneración del IVA, con sus diferentes períodos.

Artículo 4º.- Empresas Unipersonales. Se considerará empresa unipersonal toda uni- dad productiva perteneciente a una persona física, en la que se utilice en forma conjunta el capital y el trabajo, en cualquier proporción, con el objeto de obtener un resultado eco- nómico, con excepción de los servicios de carácter personal. A estos efectos, el capital y trabajo pueden ser propios o ajenos.

Las personas físicas domiciliadas en el país que realicen las actividades comprendidas en los incisos a), d), e) y f) del Artículo 2º, serán consideradas empresas unipersonales.

Artículo 5º.- Fuente Paraguaya. Sin perjuicio de las disposiciones especiales que se establecen, se considerarán de fuente paraguaya las rentas que provienen de actividades desarrolladas, de bienes situados o de derechos utilizados económicamente en la Repú- blica, con independencia de la nacionalidad, domicilio o residencia de quienes interven- gan en las operaciones y del lugar de celebración de los contratos.

Los intereses de títulos y valores mobiliarios se considerarán íntegramente de fuente paraguaya, cuando la entidad emisora esté constituída o radicada en la República.

Los intereses, comisiones, rendimientos o ganancias de capitales colocados en el exte- rior, así como las diferencias de cambio se considerarán de fuente paraguaya, cuando la entidad inversora o beneficiaria esté constituida o radicada en el país.

La asistencia técnica y los servicios no gravados en el Impuesto a la Renta del Servicio de Carácter Personal se considerarán realizadas en el territorio nacional cuando la misma es utilizada o aprovechada en el país.

La cesión del uso de bienes y derechos será de fuente paraguaya cuando los mismos sean utilizados en la República aún en forma parcial en el período pactado.

Los fletes internacionales serán en un 50% (cincuenta por ciento) de fuente paraguaya cuando los mismos sean utilizados entre el Paraguay y la Argentina, Bolivia, Brasil y Uruguay, y en un 30% (treinta por ciento) cuando se realicen entre el Paraguay y cual- quier otro país no mencionado. (Texto de la Ley Nº 2421/04).

Artículo 8º.- Renta Neta. La renta neta se determinará deduciendo de la renta bruta gravada los gastos que sean necesarios para obtenerla y mantener la fuente productora, siempre que representen una erogación real, estén debidamente documentados y sean a precios de mercado, cuando el gasto no constituya un ingreso gravado para el beneficia- rio.

Asimismo se admitirá deducir:

a. Los tributos y cargas sociales que recaen sobre la actividad, bienes y derechos afectados a la producción de rentas, con excepción del Impuesto a la Renta.

b. Los gastos generales del negocio tales como: alumbrado, fuerza motriz, fletes, telégrafos, teléfonos, publicidad, prima de seguros contra riesgos inherentes al negocio, útiles de escritorio y mantenimiento de equipos.

c. Todas las remuneraciones personales tales como: salarios, comisiones, bonificaciones y gratificaciones por concepto de prestación de servicios que se encuentren gravados por el Impuesto del Servicio de Carácter Personal. En caso contra- rio, las remuneraciones personales serán deducibles cuando fueren prestadas en relación de dependencia y hayan aportado a un seguro social creado o admitido por Ley o Decreto-Ley. En este último caso, si no correspondiere efectuar aportes al seguro social, la deducción se realizará de conformidad con los límites y condiciones que establezca la reglamentación. Quedan comprendidas en esta dis- posición las remuneraciones del dueño y su cónyuge, socio, directores, gerentes y personal superior.
Las deducciones serán admitidas siempre que tales retribuciones sean corrientes en el mercado nacional, atendiendo al volumen de negocios de la empresa así como la capacidad profesional, la antigüedad, las responsabilidades y el tiempo de trabajo dedicado por dichas personas a la empresa. Si la Administración con- sidera excesiva alguna de las remuneraciones, podrá solicitar un informe funda- do a tres empresas de auditoría registradas.
El aguinaldo y las remuneraciones por vacaciones serán deducibles en su totali- dad, de acuerdo a lo establecido en el Código Laboral.

d. Los gastos de organización, constitución, o preparativos en los términos y condiciones que establezca la reglamentación.

e. Las erogaciones por concepto de intereses, alquileres o cesión del uso de bienes y derechos.
Las mismas serán admitidas siempre que para el acreedor constituyan ingresos gravados por el presente impuesto. Esta condición no se aplicará a las entidades financieras comprendidas en la Ley Nº 861/96 “General de Bancos, Financieras y otras entidades de crédito”, en lo que respecta a los intereses.
Cuando los alquileres no constituyan ingresos gravados para el locador, dicha erogación podrá ser deducible en los términos y condiciones que establezca la reglamentación.

f. Las pérdidas extraordinarias sufridas en los bienes del negocio o explotación por casos fortuitos o de fuerza mayor, como incendio u otros accidentes o siniestros, en cuanto no estuvieren cubiertas por seguros o indemnizaciones.

g. Las previsiones y los castigos sobre malos créditos.

h. Las pérdidas originadas por delitos cometidos por terceros contra los bienes aplicados a la obtención de rentas gravadas, en cuanto no fueren cubiertos por indemnizaciones o seguros.

i. Las depreciaciones por desgaste, obsolescencia y agotamiento, en los términos y condiciones que establezca la reglamentación.

j. Las amortizaciones de bienes incorporales tales como las marcas, patentes y privilegios, siempre que importen una inversión real y en el caso de adquisiciones, se identifique al enajenante. La reglamentación establecerá la forma y condiciones.

k. Los gastos y erogaciones en el exterior en cuanto sean necesarios para la obten- ción de las rentas gravadas, provenientes de las operaciones de exportación e importación de acuerdo con los términos y condiciones que establezca la reglamentación. En las actividades de transporte de bienes o personas, los gastos del vehículo se admitirán de acuerdo con los principios del impuesto.

l. Los gastos de movilidad, viáticos y otras compensaciones análogas, siempre que las rendiciones de cuentas se hallen debidamente respaldadas con la documentación legal desde el punto de vista impositivo. En caso que constituya gasto  sin cargo a rendir cuenta, se considera parte del salario o remuneración y le es aplicable el inciso c) del presente artículo.

m. Las donaciones al Estado, a las municipalidades, a la Iglesia Católica y demás entidades religiosas reconocidas por las autoridades competentes, así como las entidades con personería jurídica de asistencia social, educativa, cultural, caridad o beneficencia, que previamente fueran reconocidas como entidad de beneficio público por la Administración. El Poder Ejecutivo podrá establecer limitaciones a los montos deducibles de las mencionadas donaciones, que no sean inferiores al 1% (uno por ciento) del ingreso bruto.

n. Las remuneraciones porcentuales pagadas de las utilidades líquidas por servicios de carácter personal, en las mismas condiciones establecidas en el inciso c) del presente artículo.

o. Los honorarios profesionales y otras remuneraciones por concepto de servicios personales gravados por el Impuesto a la Renta del Servicio de Carácter Personal, sin ninguna limitación. Los demás honorarios profesionales y remuneraciones serán deducibles dentro de los límites y condiciones que establezca la reglamentación.

p. Los gastos y contribuciones realizados a favor del personal por asistencia sanitaria, escolar o cultural, siempre que para la entidad prestadora del servicio dichos gastos constituyan ingresos gravados por el Impuesto establecido en este Título o el personal impute como ingreso propio gravado por el impuesto a la Renta del Servicio de Carácter Personal.

1. Los costos y gastos directos e indirectos provenientes de la implantación y el manejo de bosques, realizados en el marco de forestaciones y reforestaciones amparadas en las Leyes Nº 422/73 “Forestal” y 536/95 “De fomento a la foresta- ción y reforestación”; excepto los que sean objeto de bonificación por el Estado en los términos de los Artículos 7º al 10º de la última de estas leyes.
Las deducciones de los costos y gastos directos e indirectos provenientes de la implantación y el manejo de bosques no estarán sujetos a limitaciones de índole temporal. La reglamentación tampoco podrá establecer limitaciones porcentua- les a esas deducciones. (Texto de la Ley Nº 3703/09).

Artículo 9º.- Conceptos no deducibles. No se podrán deducir:

Intereses por concepto de capitales, préstamos o cualquier otra inversión del dueño, socio o accionista de la empresa pagados a personas que no sean con- tribuyentes del Impuesto a la Renta de Actividades Comerciales, Industriales y de Servicios, por montos que excedan el promedio de las tasas máximas pasivas del mercado bancario y financiero aplicables a colocaciones de similares carac- terísticas para igual instrumento y plazo, de acuerdo a la reglamentación de tasas máximas, dictada por el Banco Central del Paraguay. No se encuentran compren- didos dentro de esta prohibición los intereses pagados por las entidades bancarias o financieras al dueño, socio o accionista, siempre que sean a tasas pasivas a nivel bancario y financiero.

• Están exoneradas las siguientes rentas:

a. Los dividendos y las utilidades que obtengan los contribuyentes del Impuesto   a la Renta domiciliados en el país en carácter de accionistas o de socios de en- tidades que realicen actividades comprendidas en este impuesto, cuando estén gravadas por el Impuesto a las Rentas de Actividades Comerciales, Industriales o de Servicios y las Rentas de las Actividades Agropecuarias, siempre que el total de los mismos no superen el 30% (treinta por ciento) de los ingresos brutos gravados por el presente impuesto en el ejercicio fiscal.
La exoneración no regirá a los efectos de la aplicación de las tasas previstas en los numerales 3) y 4) del Artículo 20º.

b. Las contribuciones o aportes efectuados a las Instituciones Públicas que adminis- tran los seguros médicos, de jubilaciones y pensiones por el sistema de reparto, así como los fondos privados de pensión y jubilación por el sistema de capita- lización individual y el sistema nacional de seguro de salud pública, creados o admitidos por Ley, incluyendo las rentas, utilidades o excedentes que provengan de la inversión, colocación, aprovechamiento económico del fondo o capital ob- tenido en las Entidades del Sistema Bancario y Financiero regido por la Ley Nº 861/96, incluyendo los Bonos o Debentures transados en el mercado de capitales. Quedan exceptuados de esta exoneración los actos y rentas que les generan por colocaciones, que provengan de las demás operaciones realizadas con dichos fondos en forma permanente, habitual y organizadas en forma empresarial, con- forme lo tiene definido el presente Artículo en el numeral 2) inciso b).

c. Los intereses y las utilidades provenientes del mayor valor obtenido de la venta de bonos bursátiles colocados a través de la bolsa de valores, así como los de los títulos de deuda pública emitidos por el Estado o por las municipalidades.

d. Las operaciones de fletes internacionales, destinados a la exportación de bienes.

Están exoneradas:

a. Las entidades religiosas reconocidas por las autoridades competentes, por los in- gresos provenientes del ejercicio del culto, servicios religiosos y de las donacio- nes que se destinen a dichos fines, en los límites previstos en la ley y en la regla- mentación. A este efecto se entenderá por culto y servicio religioso el conjunto de actos por los cuales se tributa homenaje siguiendo los preceptos dogmáticos que rige a cada entidad en cumplimiento de sus objetivos, tales como realización de celebraciones religiosas, bautismos, aportes de los feligreses (diezmos o donaciones).

b. Las entidades de asistencia social, caridad, beneficencia, instrucción científica,
literaria, artística, gremial, de cultura física y deportiva, y de difusión cultural y/o
Religiosa, así como las asociaciones, mutuales, federaciones, fundaciones, corporaciones, partidos políticos legalmente reconocidos y las entidades educativas de Enseñanza Escolar Básica, Media, Técnica, Terciaria y Universitaria reconocidas por el Ministerio de Educación y Cultura, siempre que sean instituciones sin fines de lucro. Se consideran instituciones sin fines de lucro aquéllas en las que sus utilidades y excedentes no se distribuyen a sus asociados, siendo aplicadas al fin para el cual han sido constituidos.
A los efectos de esta ley, las entidades sin fines de lucro, mencionadas en los incisos a) y b), que realicen alguna actividad que se encuentra afectada por los impuestos vigentes, cuando tales actos tuviesen carácter permanente, habitual y se encuentren organizados en forma empresarial en el sector productivo, comer- cial, industrial o de prestación de servicios, quedarán sujetos a los impuestos que inciden exclusivamente sobre dichas actividades, estando exentas sus restantes actividades. Se considera que la actividad desarrollada tiene carácter permanen- te, habitual y está organizada en forma empresarial cuando es realizada en forma continuada mediante la complementación de por lo menos dos factores de la producción, de acuerdo con los parámetros que determine la reglamentación. Quedan excluidas de la precedente disposición y consecuentemente exoneradas del presente impuesto, las entidades sin fines de lucro que se dediquen a la En- señanza Escolar Básica, Media, Técnica, Terciaria y Universitaria reconocidas por el Ministerio de Educación y Cultura, así como las que brindan servicio    de asistencia médica, cuando dicha prestación tiene carácter social, tomando en consideración la capacidad de pago del beneficiario o gratuitamente.
Las entidades con fines de lucro que se dediquen a la Enseñanza Escolar Básica, Media, Técnica, Terciaria y Universitaria quedarán sujetas al pago del Impuesto a la Renta, exclusivamente cuando distribuyan sus utilidades, en cuyo caso debe- rán aplicar las alícuotas establecidas en el Artículo 20º, numerales 1), 2) y 3).
Las entidades sin fines de lucro que realicen alguna actividad que se encuentre afectada por los impuestos vigentes, cuando tales actos tuviesen carácter perma- nente, habitual y estén organizadas en forma empresarial en el sector produc- tivo, comercial, industrial o de prestación de servicios, conforme lo expresado precedentemente, tendrán las obligaciones contables previstas en las normas re- guladoras del Impuesto a la Renta y de la Ley del Comerciante, debiendo estar inscriptas en el RUC y presentar balances y declaraciones juradas de impuesto a los efectos del cumplimiento de su obligación tributaria, y en los demás casos, a los fines estadísticos y de control.
Las entidades sin fines de lucro exoneradas del presente impuesto tendrán, sin embargo, responsabilidad solidaria respecto de las omisiones o evasiones de im- puestos que se perpetren, cuando adquieran bienes y servicios sin exigir la docu- mentación legal pertinente.

c. Las cooperativas conforme lo tiene establecido la Ley Nº 438/94, “De Coopera- tivas”. (Texto de la Ley Nº 2421/04).

Ver Ley Nº 5501/15, modificada por la Ley Nº 6.178/18 que modifica la Ley de Cooperativas, en aspectos contables, y lo relacionado con las exoneraciones de Impuestos en especial el Art. 8 Actos Cooperativos y el Art. 113 Exenciones Tributarias y sus diferentes períodos

Artículo 15º.- Reinversiones. Derogado por el Artículo 35º, numeral 1) inciso b) de la Ley de Adecuación Fiscal.

Artículo 16º.- Importadores y exportadores. Para los importadores se presume, salvo prueba en contrario, que el costo de los bienes introducidos al país no puede ser superior al precio a nivel mayorista vigente en el lugar de origen más los gastos de transporte y seguro hasta el Paraguay, por lo que la diferencia en más constituirá renta gravada para los mismos.
En las exportaciones que no se hubiere fijado precio o cuando el declarado sea inferior al precio de venta mayorista en el país más los gastos de transporte seguro hasta el lugar de destino, se tomará este último como base para la determinación de la renta.
A los efectos señalados se tendrá en cuenta la naturaleza de los bienes y la modalidad de la operación.

Artículo 17º.- Sucursales y agencias. Las sucursales, agencias y establecimientos de personas o entidades constituidas en el exterior determinarán la renta neta tomando como base la contabilidad separada de las mismas.
La Administración podrá realizar las rectificaciones necesarias para fijar los beneficios reales de fuente paraguaya.
A falta de contabilidad suficiente que refleje el beneficio neto, la Administración estima- rá de oficio la renta neta.
Serán gastos deducibles para las sucursales, agencias o establecimientos de personas del exterior, los intereses por concepto de capital, préstamos o cualquier otra inversión que realice la casa matriz y otras sucursales o agencias del exterior, así como lo abonado a las mismas por conceptos de regalías y asistencia técnica, siempre que dichas erogaciones constituyan rentas gravadas para el beneficio del exterior.
Artículo 18º.- Agroindustrias. Quienes realicen actividades agroindustriales y utilicen materias primas e insumos provenientes de su propio sector agropecuario, deberán com- putar como valor de costo de los mismos en el sector industrial, un importe que no podrá ser superior al costo en plaza a la fecha del ingreso de los referidos bienes.

Artículo 19º.- Transitorio. Sin vigencia.

Artículo 20º.- Tasas.

Artículo 21º.- Liquidación, Declaración Jurada, y Pago. El impuesto se liquidará por Declaración Jurada, en la forma y condiciones que establezca la Administración, la que queda facultada para establecer las oportunidades en que los contribuyentes y responsa- bles deberán presentarla y efectuar el pago del impuesto correspondiente.

Artículo 22º.- Documentación. Serán de aplicación en materia de documentación, las disposiciones legales y reglamentarias previstas para el Impuesto al Valor Agregado, sin perjuicio de las que establezca la Administración para el presente impuesto.

Artículo 23º.- Anticipos a cuenta. Facultase a la Administración a exigir anticipos o retención con carácter de anticipos en el transcurso del ejercicio en concepto de pago a cuenta del impuesto a la Renta, que corresponda tributar al finalizar el mismo, los que no podrán superar el monto total del impuesto del ejercicio anterior. 
Cuando el monto anticipado supere el impuesto liquidado se procederá a la compensa- ción o devolución, en la forma y condiciones que establezca la Administración.

Artículo 24º.- Permuta. Los bienes o servicios recibidos por operaciones de permuta se valuarán de acuerdo con lo que establezca la reglamentación.

Artículo 25º.- Regímenes especiales. Cuando razones de orden práctico, característi- cas de la comercialización, dificultades de control hagan recomendable la aplicación de sistemas simplificados de liquidación, el Poder Ejecutivo podrá establecer los criterios adecuados a tales efectos.

Ver: Art. 40º de la Ley Nº 2421/04 relativo a Régimen de Simplificación en la recaudación.

CAPÍTULO II - RENTAS DE LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (IRAGRO)

Artículo 26º.- Rentas comprendidas. Las rentas provenientes de la actividad agrope- cuaria realizada en el territorio nacional, estarán gravadas de acuerdo con los criterios que se establecen en este Capítulo. (Texto de la Ley Nº 2421/04).

Artículo 27º.- Actividad Agropecuaria. Se entiende por actividad agropecuaria la que realizan los productores, con el objeto de obtener productos primarios, vegetales o ani- males, mediante la utilización del factor tierra, capital y trabajo, tales como:

a. Cría o engorde de ganado vacuno, ovino, caprino, bubalino y equino.

b. Producción de lanas, cueros, cerdas, semen y embriones.

c. Producción agrícola, frutícola, hortícola e ictícola.

d. Producción de leche.

e. Las rentas generadas por los bienes del activo afectados a la actividad agropecuaria.

Se consideran igualmente alcanzadas por el Impuesto a las Rentas de las Actividades Agropecuarias, las rentas provenientes de las actividades de suinicultura, cunicultura, floricultura, sericultura, avicultura, apicultura y explotación forestal, cuando las mismas sean realizadas por el productor y el ingreso proveniente de estas actividades no superen el 30% (treinta por ciento) de los ingresos totales del establecimiento. En caso de superar el margen o porcentaje establecido, el productor agropecuario deberá liquidar el Impuesto a las Rentas de Actividades Comerciales, Industriales o de Servicios, o el Impuesto a la Renta del Pequeño Contribuyente, por el total de dichas rentas.

Ver Art. 2º, Inc. d) relacionado a Hechos Generadores del IRACIS.

No están comprendidas las actividades que consisten en la manipulación, los procesos o tratamientos, excepto cuando sean realizados por el propio productor para la conserva- ción de los referidos bienes.
Según corresponda en cada caso conforme a la Ley, las demás actividades y rentas no señaladas expresamente en el presente Artículo estarán gravadas por el Impuesto a la Renta de Actividades Comerciales, Industriales o de Servicios o el Impuesto a la Renta del Pequeño Contribuyente o por el Impuesto a la Renta del Servicio de Carácter Perso- nal. (Texto de la Ley Nº 5061/13)..

Artículo 28º.- Contribuyentes. Serán contribuyentes:

a. Las empresas unipersonales, conforme a la definición contenida en el primer párrafo del Artículo 4° de la presente Ley.

b. Las sociedades con o sin personería jurídica.

c. Las asociaciones, corporaciones y demás entidades privadas de cualquier naturaleza.

d. Las empresas públicas, entes autárquicos, entidades descentralizadas y sociedades de economía mixta.

e. Las personas o entidades domiciliadas o constituidas en el exterior y sus sucursales, agencias o establecimientos en el país.

La casa matriz del exterior tributará por las rentas gravadas que obtenga en forma independiente. (Texto de la Ley Nº 5061/13).

Artículo 29º.- Nacimiento de la obligación tributaria, ejercicio fiscal y liquidación del impuesto. El hecho imponible se configura al cierre del ejercicio fiscal.
El método de imputación de las rentas y de los gastos será el de lo devengado en el ejercicio fiscal.
El ejercicio fiscal coincidirá con el año civil. La Administración Tributaria queda fa- cultada para admitir o establecer que el ejercicio fiscal coincida con el ciclo productivo agropecuario.
El impuesto se liquidará anualmente por declaración jurada en la forma y condiciones que establezca la Administración Tributaria. (Texto de la Ley Nº 5061/13).

Artículo 30º.- Regímenes de liquidación. Los contribuyentes del Impuesto a la Renta de las Actividades Agropecuarias, según corresponda, liquidarán el impuesto sobre la base de los siguientes regímenes de liquidación:

a. Régimen de liquidación del Contribuyente Rural.

b. Régimen de liquidación del Pequeño Contribuyente Rural.

c. Régimen de liquidación por Resultado Contable. (Texto de la Ley Nº 5061/13).

Artículo 31º.- Regímenes de liquidación del Contribuyente rural y del Pequeño Contribuyente Rural.

  1.Régimen de liquidación del Contribuyente Rural.

Las empresas unipersonales, siempre que sus ingresos devengados en el año civil an- terior sean iguales o superiores a G. 500.000.000 (Guaraníes quinientos millones) y no superen G. 1.000.000.000 (Guaraníes un mil millones) podrán liquidar bajo el presente régimen el Impuesto a las Rentas de las Actividades Agropecuarias, anualmente, por declaración jurada, en la forma y condiciones que establezca la Administración.

La renta neta será la diferencia positiva entre ingresos y egresos totales, incluida la adquisición de bienes muebles del activo fijo del contribuyente, debidamente documentados.

También serán deducibles la capitalización en las sociedades cooperativas, así como los fondos destinados conforme al Artículo 45 de la Ley N° 438/94 “De Cooperativas” y los egresos en que incurra el contribuyente rural en apoyo de personas físicas que exploten, en calidad de propietarios de fincas colindantes o cercanas, hasta el 20% (veinte por ciento) de la renta neta. Estos egresos serán deducibles, siempre que la erogación esté respaldada con documentación emitida legalmente de conformidad con las disposiciones tributarias vigentes.

  2. Régimen de liquidación del Pequeño Contribuyente Rural.

Las empresas unipersonales, siempre que sus ingresos devengados en el año civil an- terior sean inferiores a G. 500.000.000 (Guaraníes quinientos millones), podrán liquidar bajo el presente régimen el Impuesto a las Rentas de las Actividades Agropecuarias anualmente, por declaración jurada, en la forma y condiciones que establezca la Admi- nistración.
La renta neta se determinará en todos los casos sobre base real o presunta y se utilizará la que resulte menor. Se considera que la renta neta real es la diferencia positiva entre ingresos y egresos totales debidamente documentados y la renta neta presunta es el 30% (treinta por ciento) de la facturación bruta anual.

3. A los efectos de la aplicación del presente artículo, se tendrá en cuenta lo siguiente:}

a. Los montos citados precedentemente deberán actualizarse por parte de la Admi- nistración, en función del porcentaje de variación del índice de precios al consu- mo que se produzca en el período de doce meses anteriores al 1 de noviembre de cada año civil que transcurre, de acuerdo con la información que en tal sentido comunique el Banco Central del Paraguay o el organismo competente.

El procedimiento de actualización se hará cuando se registre una variación del índice de precio al consumo superior al 10% (diez por ciento) acumulado desde la última actualización.

b. Los contribuyentes rurales, que liquiden el tributo por cualquiera de los re- gímenes previstos en el presente Artículo, podrán trasladarse al régimen de liquidación por resultado contable, siempre que comuniquen dicha determinación dentro de los plazos que establezca la Administración. Una vez optado por este Régimen no podrá volverse al sistema previsto por un período de 3 (tres) años.

c. No se consideran ingresos gravados, los ingresos producidos por los cambios biológicos, los que serán considerados ingresos gravados únicamente en el mo- mento de la enajenación del bien.

d. La venta o enajenación ocasional o habitual de inmuebles rurales por parte de propietarios de empresas unipersonales que liquiden el impuesto por el régimen previsto en el presente artículo, estará gravada por el Impuesto a la Renta del Servicio de Carácter Personal o el Impuesto a las Rentas de Actividades Co- merciales, Industriales o de Servicios, según corresponda. (Texto de la Ley Nº 5061/13).

Artículo 32º.- Régimen de liquidación por Resultado Contable. Los contribuyentes del Impuesto a las Rentas de las Actividades Agropecuarias, que no estén categorizados dentro de lo establecido en el artículo anterior, determinarán el impuesto por el régimen de liquidación por resultado contable. A ese efecto, deberán tener en cuenta lo siguiente:

1.- Renta Bruta. Constituirá renta bruta el ingreso total proveniente de las activida- des agropecuarias menos el costo de las mismas.

2.- Renta Neta. Para establecer la renta neta, se deducirán de la renta bruta todas las erogaciones relacionadas con el giro de la actividad, provenientes de gastos que guarden relación con la obtención de las rentas gravadas y la manutención de la fuente productora, siempre que sean reales y estén debidamente documentadas, incluida la depreciación de los bienes del activo.

La reglamentación establecerá las condiciones y requisitos en materia de la deducibilidad de los gastos, la que no podrá establecer criterios más gravosos ni más beneficiosos en materia de deducibilidad que las previstas para los contribu- yentes del Impuesto a las Rentas de Actividades Comerciales, Industriales o de Servicios.

En el caso de las ganancias por transferencia de inmuebles rurales afectados directamente a la actividad agropecuaria, se presume de derecho que la renta neta constituye el 30% (treinta por ciento) del valor de venta o la diferencia entre el precio de compra del bien y el valor de costo o valor revaluado del bien, la que resulte menor.

3.- Gastos no deducibles. No se podrán deducir:

a. Intereses por concepto de capitales, préstamos o cualquier otra inversión del dueño, socio o accionista de la empresa pagados a personas que no sean contribuyentes del Impuesto a las Rentas de Actividades Comerciales, Industriales o de Servicios, por montos que excedan el promedio de las tasas máximas pasivas del mercado bancario y financiero aplicables a colocaciones de similares características para igual instrumento y plazo, de acuerdo con la reglamentación de tasa máxima dictada por el Banco Central del Paraguay.

b. El presente Impuesto y las sanciones por infracciones fiscales.

c. La reserva legal, las reservas facultativas o cualquier otra reserva.

d. Amortización del valor llave.

e. Gastos personales del dueño, socio o accionista, así como sumas retiradas a cuenta de utilidades.

f. Gastos directos correspondientes a la obtención de rentas no gravadas y exentas o exoneradas por el presente impuesto. Los gastos indirectos serán deducibles proporcionalmente, en la forma y condiciones que establezca la reglamentación. Se incluye dentro del concepto de rentas no gravadas las no alcanzadas, las exentas y las exoneradas.
Realizadas las deducciones admitidas, si la renta neta fuera negativa, dicha pérdida fiscal se podrá compensar con las rentas netas de los próximos ejer- cicios hasta un máximo de cinco, a partir del cierre del ejercicio en que se produjo la misma. Las pérdidas de ejercicios anteriores no podrán deducirse en un monto superior al 20% (veinte por ciento) de la renta neta de futuros ejercicios fiscales.

4.- Otras deducciones admisibles. Serán deducibles tambien: 

a. En el caso de la actividad ganadera, para los criadores se considerarán como gastos deducibles en concepto de depreciación el 8% (ocho por ciento) del valor del ganado vacuno de las hembras en existencia destinadas a cría, de- clarado anualmente.

b. Las pérdidas de inventario provenientes de mortandad, en ganado vacuno hasta un máximo del 3% (tres por ciento), de acuerdo con el índice nacio- nal sin necesidad de comprobación ante la autoridad sanitaria nacional; y en consecuencia, no presumirá la comercialización o venta de este faltante de inventario hasta el porcentaje precedentemente mencionado. De registrarse una mortandad mayor, la misma deberá comprobarse ante dicha autoridad. En los casos de pérdida por robo, el contribuyente deberá acreditar mediante la denuncia ante la autoridad policial y al Ministerio Público.

c. Hasta el 1% (uno por ciento) sobre el valor de la hacienda vacuna, des- contando los valores resultantes de la aplicación de los incisos anteriores, proveniente de su utilización o aprovechamiento para el consumo del establecimiento.
Para la determinación de los porcentajes de las deducciones previstas en los incisos a), b) y c), se tomará el saldo promedio mensual de existencias en el ejercicio fiscal.

d. Las donaciones a instituciones del Estado, a las Municipalidades, a la Iglesia Católica y demás entidades religiosas reconocidas por las autoridades com- petentes, así como las entidades con personería jurídica de asistencia social, educativa, cultural, caridad o beneficencia, que previamente fueran recono- cidas como entidad de beneficio público por la Administración. El Poder Ejecutivo podrá establecer limitaciones a los montos deducibles de las mencionadas donaciones, las que no serán inferiores al 1% (uno por ciento) del ingreso bruto.

e. Las erogaciones en que incurra el contribuyente en apoyo de las personas fí- sicas que exploten en calidad de propietarios de fincas colindantes o cercanas, hasta el 20% (veinte por ciento) de la renta bruta. Estas erogaciones serán deducidas a precios de mercado y deberán ser certificadas conforme a reglamentación que dicte la Administración Tributaria. Las personas físicas a que se refiere este inciso son aquellas sujetas al Impuesto a la Renta del Pequeño Contribuyente o exoneradas del Impuesto a las Rentas de las Actividades Agropecuarias, según lo establecido en esta Ley.

f. Si de la aplicación de las deducciones enunciadas en el numeral 4) se generasen rentas netas negativas, las mismas no podrán ser trasladadas a los ejercicios posteriores.

5.- Activo Fijo:
Constituyen activo fijo agropecuario los bienes de uso, tanto los aplicados a la actividad agropecuaria como los locados a terceros, salvo los destinados a la venta.Será obligatoria a los efectos del presente impuesto, la revaluación anual de los valores del activo fijo y su depreciación.

El valor revaluado será el que resulte de la aplicación del porcentaje de variación del índice de precios al consumo producido entre los meses de cierre del ejerci- cio anterior y el que se liquida, de acuerdo con lo que establezca en tal sentido el Banco Central del Paraguay o el organismo oficial competente.

6.- Valuación de Inventario: Sin perjuicio de las disposiciones particulares que afectan a los activos agropecuarios previstas en la presente ley, los métodos de valuación podrán ser:

a. Costos de adquisición: Comprenderán el precio de compra, los aranceles de importación y otros impuestos (que no constituyan créditos fiscales), los transportes, el almacenamiento y otros costos directamente atribuibles a la adquisición de productos agrícolas, ganaderos u otros. Los descuentos co- merciales, las rebajas y otras partidas similares se deducirán para determinar el costo de adquisición.

b. Costos de transformación: Comprenderán aquellos costos directamente relacionados con los bienes producidos, tales como materiales e insumos necesarios para su producción, mano de obra directa y servicios. También comprenderán una parte, calculada de forma sistemática, de los costos indirectos, variables o fijos, en los que se haya incurrido para la obtención de los bienes terminados, en las formas y condiciones que establezca la reglamentación.

Los productos en proceso se valuarán de acuerdo con su grado de avance de elaboración a la fecha de cierre.

c. Otros costos: El contribuyente podrá aplicar otro método de valuación prescripto en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFs), previa autorización de la Administración Tributaria. No se admitirá el método de valuación conocido como último entrado, primero en salir (LIFO).

7.- Recategorización de la Hacienda: 
La valuación de los semovientes se realizará en forma anual, al cierre del ejercicio, a los efectos de incorporarlos en el inven- tario del contribuyente.

La valuación proveniente del procreo y pase de categoría por la transformación biológica del activo, no será objeto de imposición sino hasta el momento de su efectiva comercialización por el precio real de la operación. (Texto de la Ley Nº 5061/13).

Artículo 33º.- Tasa. La tasa general del Impuesto será del 10% (diez por ciento), sobre la renta neta determinada. (Texto de la Ley Nº 5061/13).

Artículo 34º.- Exoneraciones. Están exoneradas del Impuesto a las Rentas de las Acti- vidades Agropecuarias:

Las personas físicas que exploten en calidad de propietarios, arrendatarios, tenedores, poseedores o usufructuarios, en los términos de esta Ley, uno o más inmuebles siempre que los ingresos devengados provenientes de su actividad agropecuaria no excedan el equivalente a tres salarios mínimos mensuales ni, anualmente equivalente a 36 (treinta y seis) salarios mínimos mensuales; en ambos casos, estos límites se refieren a salarios mínimos mensuales para actividades diversas no especificadas para la capital de la Repú- blica, vigente al inicio del ejercicio fiscal que se liquida. (Texto de la Ley Nº 5061/13).

Artículo. 35º.- Actividad agroindustrial. En concordancia con el Artículo 18 de la pre- sente Ley, en el caso de la realización de actividades agroindustriales se deberá deter- minar o liquidar el Impuesto a las Rentas de Actividades Comerciales, Industriales o de Servicios sobre las utilidades resultantes de los estados financieros del contribuyente al cierre del ejercicio fiscal.

En cambio, si la actividad agropecuaria - definida como tal por el Artículo 27 de esta Ley - diere lugar al pago del Impuesto a la Renta de las Actividades Agropecuarias, los estados financieros del contribuyente deberán presentar, en forma separada, los rubros patrimoniales y los de resultado, afectados a cada uno de los sectores de la actividad (agropecuaria o industrial), a los efectos de la liquidación de cada tributo. En este caso, los rubros que afectan indistintamente a ambos sectores deberán imputarse en la misma proporción que se encuentren los ingresos correspondientes a cada uno de ellos. (Texto de la Ley Nº 5061/13).

Artículo 36º.- Agentes de Retención. Siempre que los bienes o servicios contratados sean aprovechados dentro del establecimiento ganadero o agrícola, los contribuyentes del Impuesto a la Renta de las Actividades Agropecuarias deberán practicar la retención del Impuesto a la Renta de las Actividades Comerciales, Industriales o de Servicios cuando adquieran bienes proveídos por pequeños acopiadores y cuando contraten los servicios en el rubro de la construcción, prestados por personas físicas, incluidos los servicios de conservación, mantenimiento o reparación del establecimiento agropecuario.
La tasa de la retención será del 3% (tres por ciento) que se aplicará sobre la suma de lo efectivamente percibido por el beneficiario más la retención.
El pago así realizado constituirá un pago único y definitivo para el proveedor del bien o prestador de servicios. (Texto de la Ley Nº 5061/13).

Artículo 37º.- Anticipos a Cuenta. Los contribuyentes de este impuesto ingresarán sus anticipos en los tiempos que coincidan con los ciclos productivos agropecuarios de con- formidad con lo que establezca la reglamentación, la que determinará los porcentajes, el sistema y la forma. En ningún caso, el anticipo podrá exceder del impuesto pagado en el ejercicio anterior.

No serán pasibles del pago de los anticipos del impuesto, los contribuyentes que en el ejercicio fiscal anterior hayan liquidado el impuesto en base al régimen del pequeño contribuyente rural. (Texto de la Ley Nº 5061/13).

Artículo 38º.- Documentación. Los contribuyentes de este impuesto quedan obligados a documentar las operaciones de venta de sus productos así como las compras de sus insumos, materia prima y demás gastos a ser deducidos. La Administración Tributaria queda facultada a exigir otras documentaciones de acuerdo al giro de su actividad.

Artículo 39º.- Transferencias. El Ministerio de Hacienda transferirá el 10% (diez por ciento) de los importes que perciba en concepto de este impuesto a las Municipalidades. Su distribución se hará en proporción a la extensión de inmuebles rurales con que cuen- tan los municipios.
Estas transferencias solo podrán ser utilizadas por las Municipalidades para obras de infraestructuras.
Además, el Ministerio de Hacienda transferirá el 10% (diez por ciento) de los importes que perciba en concepto de este impuesto al Ministerio de Agricultura y Ganadería, para el fomento del Programa de Producción de Alimentos y pequeños productores. (Texto de la Ley Nº 5061/13).

Artículo 40º y 41º.- Derogados por el Artículo 35°, numeral 1) inciso b) de la Ley de Adecuación Fiscal.

TÍTULO II - CAPÍTULO ÚNICO - RENTA DEL PEQUEÑO CONTRIBUYENTE

Artículo 42º.- Hecho Generador y Contribuyentes. El Impuesto a la Renta del Pequeño Contribuyente gravará los ingresos provenientes de la realización de actividades comerciales, industriales o de servicio que no sean de carácter personal.

Serán contribuyentes las empresas unipersonales domiciliadas en el país, siempre que sus ingresos devengados en el año civil anterior no superen el monto de G. 500.000.000 (Guaraníes quinientos millones), parámetro que deberá actualizarse por parte de la Administración, en función del porcentaje de variación del índice de precios al consumo que se produzca en el período de doce meses anteriores al 1 de noviembre de cada año civil que transcurre, de acuerdo con la información que en tal sentido comunique el Ban- co Central del Paraguay o el organismo competente.

El procedimiento de actualización se hará cuando se registre una variación del índice de precio al consumo superior al 10% (diez por ciento) acumulado desde la última actuali- zación.

Las empresas unipersonales son aquellas consideradas como tales por el Artículo 4° de la Ley N° 125 del 9 de enero de 1992, “Que Establece el Nuevo Régimen Tributario”.

Quedan excluidos de este capítulo quienes realicen actividades de importación y expor- tación. (Texto de la Ley Nº 5061/13).

Artículo 43º.- Tasa Impositiva, ejercicio fiscal, liquidación y anticipo. La tasa impo- sitiva será del 10% (diez por ciento) sobre la renta neta determinada.

El ejercicio fiscal coincidirá con el año civil. El impuesto se liquidará anualmente por declaración jurada en la forma y condiciones que establezca la Administración.

Mensualmente, el contribuyente junto con la declaración jurada del Impuesto al Valor Agregado deberá ingresar el 50% (cincuenta por ciento) del importe que resulte de aplicar la tasa correspondiente a la renta neta determinada, calculado sobre la base decla- rada para el pago de IVA, en concepto de anticipo a cuenta del Impuesto a la Renta del Pequeño Contribuyente, que corresponda tributar al finalizar el ejercicio.

La renta neta se determinará en todos los casos sobre base real o presunta y se utilizará la que resulte menor. Se considera que la renta neta real es la diferencia positiva entre ingresos y egresos totales debidamente documentados y la renta neta presunta es el 30% (treinta por ciento) de la facturación bruta anual. (Texto de la Ley Nº 2421/04).

Artículo 44º.- Registro. Los contribuyentes del Impuesto a la Renta del Pequeño Con- tribuyente deberán llevar un libro de venta y de compras que servirá de base para la li- quidación de dicho impuesto así como del Impuesto al Valor Agregado. La misma deberá contener los datos y requisitos que establezca la reglamentación. (Texto de la Ley Nº 2421/04).

Artículo 45º.- Traslado de sistema. Los Pequeños Contribuyentes, podrán trasladarse al sistema de liquidación y pago del Impuesto a la Renta en cualquier ejercicio en base al balance general y cuadro de resultado, siempre que comuniquen dicha determinación con una anticipación de por lo menos dos meses anteriores a la iniciación del nuevo ejercicio. Una vez optado por este régimen no podrá volverse al sistema previsto para el pequeño contribuyente. (Texto de la Ley Nº 2421/04).

Artículo 46º.- Disposición suspensiva. Incorporase al régimen del Impuesto a la Renta del Pequeño Contribuyente a todos los contribuyentes del Tributo Único, quienes abona- rán el impuesto conforme al régimen presente, a partir de la fecha que disponga el Poder Ejecutivo. (Texto de la Ley Nº 2421/04).

Obs: Los Artículos 47º, 48º, 49º, 50º, 51º, 52º y 53º de la Ley N° 125/91 fueron derogados por el Artículo 35°, numeral 1) inciso b) de la Ley de Adecuación Fiscal.

LIBRO II - IMPUESTO AL CAPITAL

TÍTULO ÚNICO - IMPUESTO INMOBILIARIO (VIGENTE).

TÍTULO ÚNICO - IMPUESTO INMOBILIARIO (VIGENTE).

Artículo 55º.- Contribuyentes. Serán contribuyentes las personas físicas, las personas jurídicas y las entidades en general.Artículo 54º.- Hecho imponible. Créase un impuesto anual denominado Impuesto In- mobiliario que incidirá sobre los bienes inmuebles ubicados en el territorio nacional.
Cuando exista desmenbramiento del dominio del inmueble, el usufructuario será el obligado al pago del tributo.
En el caso de sucesiones, condominios y sociedades conyugales, el pago del impuesto podrá exigirse a cualquiera de los herederos, condóminos o cónyuges, sin perjuicio del derecho de repetición entre los integrantes.
La circunstancia de hallarse en litigio un inmueble no exime de la obligación del pago de los tributos en las épocas señaladas para el efecto, por parte del poseedor del mismo.

Artículo 56º.- Nacimiento de la obligación tributaria. La configuración del hecho imponible se verificará el primer día del año civil.

Artículo 57º.- Exenciones: Estarán exentos del pago del impuesto inmobiliario y de sus adicionales:

a. Los inmuebles del Estado y de las Municipalidades, y los inmuebles que les hayan sido cedidos en usufructo gratuito. La exoneración no rige para los entes descentralizados que realicen actividades comerciales, industriales, agropecua- rias, financieras o de servicios.

b. Las propiedades inmuebles de las entidades religiosas reconocidas por las autori- dades competentes, afectadas de un modo permanente a un servicio público tales como templos, oratorios públicos, curias eclesiásticas, seminarios, casas parroquiales y las respectivas dependencias, así como los bienes raíces destinados a las instituciones de beneficencia y enseñanza gratuita o retribuida.

c. Los inmuebles declarados monumentos históricos nacionales.

d. Los inmuebles de las asociaciones reconocidas de utilidad pública afectados a hospitales, hospicios, orfelinatos, casas de salud y correccionales, así como los respectivas dependencias y en general los establecimientos destinados a propor- cionar auxilio o habitación gratuita a los indigentes y desvalidos.

e. Los inmuebles pertenecientes a gobiernos extranjeros cuando son destinados a sedes de sus respectivas representaciones diplomáticas o consulares.

f. Los inmuebles utilizados como sedes sociales pertenecientes a partidos políticos, instituciones educacionales, culturales, sociales, deportivas, sindicales o de socorros mutuos o beneficiencia, incluídos los campos de deportes o instalaciones inherentes a los fines sociales.

g. Los inmuebles del dominio privado cedidos en usufructo gratuito a las entidades comprendidas en el inciso b), así como las escuelas y bibliotecas o asientos de asociaciones comprendidas en el inciso e).

h. Los inmuebles de propiedad del veterano, del mutilado y lisiado de la Guerra del Chaco y de su esposa viuda, cuando sean habitados por ellos y cumplan con las condiciones determinadas por las leyes especiales que le otorgan tales beneficios.

i. Los inmuebles de propiedad del Instituto de Bienestar Rural (IBR) y los efectivamente entregados al mismo, a los efectos de su colonización mientras no se realice la transferencia por parte del propietario cedente de los mismos.

j. Los parques nacionales y las reservas de preservación ecológicas declaradas como tales por ley, así como los inmuebles destinados por al autoridad compe- tente como asiento de las parcialidades indígenas.

Cualquier cambio de destino de los inmuebles afectados en las exenciones previstas en esta Ley, que los haga susceptibles de tributación deberá ser comunicado a la Adminis- tración en los plazos y condiciones que ésta lo establezca.

Artículo 58º.- Exenciones parciales. Cuando se produzcan calamidades de carácter na- tural que afecten a los inmuebles, el Impuesto Inmobiliario podrá reducirse hasta en un 50% (cincuenta por ciento). El Poder Ejecutivo queda facultado para establecer esta rebaja siempre que se verifiquen los referidos extremos. La mencionada reducción se deberá fijar para cada año.

Artículo 59º.- Exenciones temporales. Estarán exonerados del pago del Impuesto In- mobiliario y sus adicionales por el término de cinco años, los inmuebles pertenecientes a los adjudicatarios de lotes o fracciones de tierra colonizados por el Instituto de Bienestar Rural (IBR) desde el momento en que se le adjudique la propiedad correspondiente.
La Administración establecerá las formalidades y requisitos que deberán cumplir quie- nes soliciten ampararse a la presente franquicia.

Articulo 60º.- Base Imponible. La base imponible constituirá la valuación fiscal de los inmuebles establecida por el Servicio Nacional de Catastro, la cual estará dividida en inmuebles urbanos y rurales.

El Poder Ejecutivo aprobará por Decreto anualmente el sistema de valoración fiscal de los inmuebles urbanos y rurales, determinado por el Servicio Nacional de Catastro.

Se considerarán inmuebles urbanos aquellos que están comprendidos dentro de la zona urbana de los municipios; e inmuebles rurales aquellos que se encuentren fuera de dicha zona, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 3.966/10 “Orgánica Municipal”.

Con relación a los inmuebles urbanos, que fuesen incorporados como tales al Registro Catastral, el Servicio Nacional de Catastro deberá determinar por separado el valor de la tierra y de las construcciones. La suma de ambos valores constituirá el valor fiscal de los inmuebles. En el régimen de propiedad horizontal, barrios cerrados u otros sistemas de propiedad que tengan áreas propias y comunes, el valor inmobiliario se determinará de la manera precedente, estableciendo el valor de la tierra y de las mejoras y adjudicando a cada uni- dad inmobiliaria el valor del área propia y la parte proporcional del área común, según el Reglamento de Copropiedad inscripto en la Dirección General de los Registros Públicos.

La unidad mínima de cálculo para los inmuebles urbanos será el metro cuadrado, te- niendo en cuenta su ubicación y la zonificación geoeconómica definida por los munici- pios. El valor de las construcciones se determinará por metro cuadrado y se establecerán categorías de conformidad con su antigüedad y las características particulares de las construcciones.

El valor de la tierra en los inmuebles rurales se determinará teniendo en cuenta su ubi- cación en zonas que serán definidas, de acuerdo con la aptitud agrológica natural de los suelos y/o su costo de oportunidad. La unidad mínima de cálculo para determinar el valor de los inmuebles rurales será la hectárea. Los inmuebles rurales no podrán estar afecta- dos por ninguna otra forma de tributo o tasa municipal.

A pedido del propietario, siempre que lo acrediten debida y legalmente, las áreas rurales boscosas, protegidas o afectadas por otras restricciones legales de uso o explotación o con áreas poco productivas por diferir significativamente la calidad del suelo respecto a lo normal, que estén exentas del pago del impuesto inmobiliario o gocen de franquicias especiales, serán tenidas en cuenta para la determinación de su Base Imponible por el Servicio Nacional de Catastro.

La valuación fiscal de los inmuebles será ajustada anualmente según la variación que sufra el índice de Precios al Consumidor (IPC) en el período de los doce meses anteriores al primero de noviembre de cada año civil que transcurre de acuerdo con lo establecido por el Banco Central del Paraguay. El Poder Ejecutivo podrá revisar cada cinco años los índices de actualización que resulten del comportamiento de la variación del valor de los inmuebles y reajustarlos por Decreto.

Los municipios proporcionarán al Servicio Nacional de Catastro toda la información requerida respecto a los inmuebles de sus respectivas jurisdicciones, tanto urbanos como rurales, en referencia a mejoras y obras de infraestructura. (Texto de la Ley N° 5.513/15). Art. 4º. Ley Nº 5513/15. Base Imponible en el area rural.

Artículo 4°.- La base imponible en el área rural será de hasta cuatro veces el valor fiscal actual, para el primer año de vigencia de la presente ley. Para los siguientes años, se aplicará lo establecido en el Artículo 60 de la Ley N° 125/91, promulgado el 9 de enero de 1992 “Que establece el Nuevo Régimen Tributario”, modificada en el Artículo 1° de la presente ley.

Artículo 61º.- Tasa impositiva. La tasa impositiva del impuesto será del 1% (uno por ciento). Para los inmuebles rurales, menores de 5 hectáreas la tasa impositiva será de 0,50 % (cero punto cincuenta por ciento), siempre que sea única propiedad a la actividad agropecuaria.

Artículo 62º.- Liquidación y pago. El Servicio Nacional de Catastro liquidará el Im- puesto Inmobiliario a nombre de la municipalidad en la que se encuentre el inmueble, conforme a la información y valores registrados. La impresión de las facturas y su recau- dación será realizada por cada municipio de conformidad al Artículo 169 de la Consti- tución Nacional.
Los inmuebles situados dentro de la jurisdicción de más de un municipio, pagarán el Impuesto Inmobiliario a la municipalidad que corresponda a prorrata por la superficie que el inmueble ocupe en su jurisdicción.
El Servicio Nacional de Catastro percibirá por este servicio, el 1% (uno por ciento) del 70% (setenta por ciento), propiedad de la municipalidad, en concepto de aranceles. (Texto de la Ley N° 5.513/15).

Artículo 63º.- Padrón inmobiliario. El instrumento para la determinación de la obli- gación tributaria lo constituye el padrón inmobiliario, el que deberá contener los datos obrantes en la ficha catastral o en la inscripción inmobiliaria si se tratase de zonas aún no incorporadas al Régimen de Catastro.

Artículo 64º.- Contralor. Los Escribanos Públicos y quienes ejerzan tales funciones no podrán extender escrituras relativas a transmisión, modificación o ceración de derechos reales sobre inmuebles sin la obtención del certificado de no adeudar este impuesto y sus adicionales. Los datos del citado certificado deberán insertarse en la respectiva escritura. 
En los casos de transferencia de inmuebles, el acuerdo entre las partes es irrelevante a los efectos del pago del impuesto, debiéndose abonar previamente la totalidad del mismo.

El incumplimiento de este requisito determinará que el Escribano interviniente sea soli- dariamente responsable de tributo.

La presente disposición regirá también respecto de la obtención del certificado catastral de inmuebles, como así también para el otorgamiento de título de dominio sobre inmue- bles vendidos por el Estado, sus entes autárquicos y corporaciones mixtas.

Artículo 65º.- Dirección General de Registros Públicos. El registro de inmuebles no inscribirá ninguna escritura que verse sobre los bienes raíces sin comprobar el cumpli- miento de los requisitos a que se refiere el artículo anterior.

La misma obligación rige para la inscripción de declaratoria de herederos con referencia a bienes inmuebles.

La Dirección General de Registros Públicos, facilitará la actuación permanente de los funcionarios debidamente autorizados, para extractar de todas las escrituras inscritas los datos necesarios para el empadronamiento y catastro.

En los casos de medidas judiciales, de las cuales por cualquier motivo deban practicarse anotaciones, notas marginales de aclaración que contengan errores de cualquier naturale- za y que se relacione con el dominio de bienes raíces, la Dirección General de Registros Públicos hará conocer el hecho al Servicio Nacional de Catastro mediante una comuni- cación oficial, con la transcripción del texto de la anotación de la aclaración respectiva.

Artículo 66º.- Gestiones Judiciales, Administrativas u Obtención de Certificado de Cumplimiento Tributario. No podrá tener curso ninguna diligencia o gestión judicial o administrativa relativa a inmuebles, así como tampoco la acción pertinente a la adquisi- ción de bienes raíces por vía de la prescripción, si no se acompaña el certificado previsto en el Artículo 64. (Texto de la Ley N° 5.513/15).

Artículo 67º.- Contravenciones. Las contravenciones a las precedentes disposiciones por parte de los Jueces o Magistrados, Escribanos Públicos y funcionarios de los Regis- tros Públicos, deberán ser puestas en conocimiento de la Corte Suprema de Justicia, a los efectos pertinentes.

IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDÍOS (VIGENTE).

Artículo 68º.- Hecho generador. Grávase con un adicional al Impuesto Inmobiliario, la propiedad o la posesión cuando corresponda, de los bienes inmuebles considerados baldíos ubicados en la Capital y en las áreas urbanas de los restantes Municipios del país.

Artículo 69º.- Definiciones. Se consideran baldíos todos los inmuebles que carecen de edificaciones y mejoras o en los cuales el valor de las mismas representa menos del 10% (diez por ciento) del valor de la tierra.
El Poder Ejecutivo podrá establecer zonas de la periferia de la capital y de las ciudades del interior, las cuales se excluirán del presente adicional. A estos efectos contará con el asesoramiento del Servicio Nacional de Catastro.

Artículo 70º.- Tasas Impositivas. Los porcentajes adicionales establecidos para lotes baldíos se calcularán sobre los valores fiscales de la tierra para los inmuebles urbanos ubicados en la Capital o en los municipios del interior del país, en siguiente forma:

(Texto de la Ley N° 5.513/15).

IMPUESTO ADICIONAL AL INMUEBLE DE GRAN EXTENSIÓN Y A LOS LATIFUNDIOS (VIGENTE)

Artículo 71º.- Hecho generador. Grávase la propiedad o posesión de los inmuebles rurales con un adicional al Impuesto Inmobiliario, que se aplicará conforme a la escala establecida en el artículo 74º de esta Ley.

Artículo 72º.- Inmuebles afectados. A los efectos del presente adicional se considera- rán afectados no solo los inmuebles que se encuentren identificados en un determinado padrón inmobiliario, sino también aquéllos que teniendo diferentes empadronamientos son adyacentes y pertenecen a un mismo propietario o poseedor. Se considerará además como de un solo dueño los inmuebles pertenecientes a cónyuges, a la sociedad conyugal y a los hijos que se hallan bajo la patria potestad.
Respecto de los inmuebles comprendidos en tales circunstancias, el propietario o poseedor deberá hacer la declaración jurada del año antes del pago del impuesto inmobiliario, a los efectos de la aplicación del adicional que según la escala le corresponda.
Para aplicar la escala impositiva, se deberán sumar las respectivas superficies a los efectos de considerarlas como un solo inmueble.

Artículo 73º.- Base imponible. La base imponible la constituye la avaluación fiscal del inmueble.

Artículo 74º.- Tasas impositivas. Los inmuebles rurales abonarán una tasa adicional en porcentaje (alícuota) al impuesto liquidado sobre los valores fiscales del inmueble rural, que se calcularán a cada propietario rural, sea persona física o jurídica, sumando el total de inmuebles en cada región, que posea él y su cónyuge, la sociedad conyugal que conforma y los hijos que se hallen bajo patria potestad, si lo tuviere, de la siguiente manera:

(Obs.: Texto modificado por la Ley N° 5.513/15 y ampliado por el Art. 4º de dicha ley con relación a la base imponible en el área rural).

Artículo 75º.- Participación en la recaudación. A cada Municipalidad le corresponderá el 50% (cincuenta por ciento) de la recaudación que perciba el Estado en concepto de Im- puesto Inmobiliario y el impuesto adicional a los baldíos referentes a las zonas urbanas sobre la totalidad de lo recaudado por el Municipio.

Artículo 76º.- Remisión. En todo aquello no establecido expresamente en las disposiciones de los impuestos adicionales precedentes, se aplicarán las normas previstas en el Impuesto Inmobiliario creado por esta Ley.

Otros artículos de la Ley Nº 5513/15, relacionados con el Impuesto Inmobiliario.

Artículo 2°.- Modifícanse los artículos 155 y 179 de la Ley N° 3966/10 “Orgánica Municipal”, que quedan redactados de la siguiente manera:

“Art. 155.- Revalúos Especiales. Las avaluaciones vigentes serán modificadas por el Servicio Nacio- nal de Catastro, de oficio o a pedido de parte, siempre que se produzcan modificaciones catastrales por desmembración, división o reunión de parcelas, por accesión, aluvión, avulsión, demolición, cons- trucción, ampliación de obras y reconstrucción de edificios u otras mejoras, modificación del área (superficie) o la categoría de urbano o rural del inmueble, así como la característica agrológica.

Las modificaciones de los avalúos según el presente artículo entrarán a regir a partir del año siguiente a aquel en que el inmueble ha sido transformado o modificado; pero si el revalúo se operó con retraso podrán contraliquidarse los impuestos percibidos indebidamente sobre la base anterior. La contrali- quidación no podrá abarcar un período mayor de cinco años.

Cada vez que se verifiquen errores de anotación en el Registro Catastral, se establecerá el nuevo avalúo fiscal del inmueble.”

“Art. 179. Servicios Personales y destino de la recaudación del Impuesto Inmobiliario. Los recursos provenientes del Impuesto Inmobiliario serán destinados conforme al siguiente detalle:

Gastos corrientes: el 40% (cuarenta por ciento). Gastos de Capital: el 60% (sesenta por ciento).

Artículo 3°.- El Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) deberá transferir al Servicio Nacional de Catastro, dentro de los sesenta días de la promulgación de la presente ley, todos los registros catastrales que posea, en los que se individualicen las tierras inscriptas en la Dirección General de los Registros Públicos a nombre del Instituto de la Reforma Agraria (IRA), Instituto de Bienestar Rural (IBR) y del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), concilia- dos y depurados, a fin de ser incorporados al Registro Catastral Nacional, en su caso. De igual modo los datos catastrales de los inmuebles expropiados por Leyes de la Nación para su cotejo y registro en la Cartografía Catastral.

Artículo 4°.- La base imponible en el área rural será de hasta cuatro veces el valor fiscal actual, para el primer año de vigencia de la presente ley. Para los siguientes años, se aplicará lo establecido en el artículo 60 de la Ley N° 125/91, promulgado el 9 de enero de 1992 “que establece el nuevo régimen tributario”, modificada en el artículo 1° de la presente ley.

Artículo 5°.- Deróganse los artículos 154 y 156 de la Ley N° 3.966/10 “Orgánica Municipal”.

LIBRO III - IMPUESTO AL CONSUMO

TÍTULO 1 - IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA).

Artículo 77º.- Hecho Generador. Créase un impuesto que se denominará Impuesto al Valor Agregado. El mismo gravará los siguientes actos:

a. La enajenación de bienes.

b. La prestación de servicios, excluidos los de carácter personal que se presten en relación de dependencia.

c. La importación de bienes.

Artículo 78º.- Definiciones.

1- Se considerará enajenación a los efectos de este impuesto toda operación a título oneroso o gratuito, que tenga por objeto la entrega de bienes con transferencia del derecho de propiedad o que otorgue a quienes los reciben, la facultad de disponer de ellos como si fuera su propietario.
Será irrelevante la designación que las partes confieran a la operación así como las formas de pago.
Quedan comprendidos en el concepto de enajenación operaciones tales como:

a. La afectación al uso o consumo personal por parte del dueño, socios, directores y empleados de la empresa de los bienes de ésta.

b. Las locaciones con opción de compra o que de algún modo prevean la transferencia del bien objeto de la locación.

c. Las transferencias de empresas; cesión de cuotas parte y de acciones de sociedades con o sin personería jurídica si no se comunica a la Administración Tributaria; adjudicaciones al dueño, socios y accionistas, que se realicen por clausura, disolución total o parcial, liquidaciones definitivas.

d. Contratos de compromiso con transferencia de la posesión.

e. Los bienes entregados en consignación.

2- Por servicio se entenderá toda prestación a título oneroso o gratuito que sin configurar enajenación, proporcione a la otra parte una ventaja o provecho tales como:

a. Los préstamos y financiaciones.

b. Los servicios de obras sin o con entrega de materiales.

c. Los seguros.

d. Las intermediaciones en general.

e. La cesión del uso de bienes tales como muebles, inmuebles o intangibles.

f. El ejercicio de profesiones, artes u oficios.

g. El transporte de bienes y personas.

h. La utilización personal por parte del dueño, socios y directores de la empresa,

i. de los servicios prestados por ésta.
Párrafo Único: Se consideran servicios personales desarrollados en relación de dependencia aquéllos que quien los realiza, debe contribuir al régimen de jubilaciones y pensiones o al sistema de seguridad social creado o admitido por Ley. En el caso de los docentes cuando contribuyan al Seguro Médico establecido por Ley Nº 1725/2001 “Que Establece el Estatuto del Educador.

3- Por importación se entenderá la introducción definitiva de bienes al territorio nacional. (Texto de la Ley N° 2421/04).

Artículo 79º.- Contribuyentes. Serán Contribuyentes:

a. Las personas físicas por el ejercicio efectivo de profesiones universitarias, inde- pendientemente de sus ingresos, y las demás personas físicas por la prestación de servicios personales en forma independiente cuando los ingresos brutos de estas últimas en el año civil anterior sean superiores a un salario mínimo mensual en promedio o cuando se emita una factura superior a los mismos. La Administración Tributaria reglamentará el procedimiento correspondiente. Transcurridos dos años de vigencia de la presente Ley, el Poder Ejecutivo podrá modificar el monto base establecido en este Artículo.
En el caso de liberalización de los salarios, los montos quedarán fijados en los valores vigentes a ese momento.
A partir de entonces, la Administración Tributaria deberá actualizar dichos valores, al cierre de cada ejercicio fiscal, en función de la variación que se produzca en el índice general de precios de consumo. La mencionada variación se determinará en el período de doce meses anteriores al 1 de noviembre de cada año civil que transcurre, de acuerdo con la información que en tal sentido comunique el Banco Central del Paraguay o el organismo oficial competente.

b. Las Cooperativas, con los alcances establecidos en la Ley Nº 438/94 De Cooperativas.

c. Las empresas unipersonales domiciliadas en el país, cuando realicen actividades comerciales, industriales, de servicios o agropecuarias. Las empresas uniperso- nales son aquellas consideradas como tales en los Artículos 4°, 28º, inciso a) y 42º de la Ley N° 125/91 y sus modificaciones.

d. Las sociedades con o sin personería jurídica, las entidades privadas en general, así como las personas domiciliadas o entidades constituidas en el exterior o sus sucursales, agencias o establecimientos cuando realicen las actividades mencio- nadas en el inciso c). Quedan comprendidos en este inciso quienes realicen acti- vidades de importación y exportación.

e. Las entidades de asistencia social, caridad, beneficencia, e instrucción científica, literaria, artística, gremial, de cultura física y deportiva, así como las asociaciones, mutuales, federaciones, fundaciones, corporaciones y demás entidades con o sin personería jurídica respecto de las actividades no exoneradas del presente impuesto.

f. Los entes autárquicos, empresas públicas, entidades descentralizadas, y socieda- des de economía mixta, que desarrollen actividades comerciales, industriales o de servicios.

g. Quienes introduzcan definitivamente bienes al país y no se encuentren compren- didas en los incisos anteriores. (Texto modificado por Ley Nº 5143/13)

Artículo 80º.- Nacimiento de la obligación tributaria. La configuración del hecho imponible se produce con la entrega del bien, emisión de la factura o acto equivalente, el que fuera anterior. Para el caso de Servicios Públicos la configuración del nacimiento de la obligación tributaria será cuando se produzca el vencimiento del plazo para el pago del precio fijado.
La afectación al uso o consumo personal, se perfecciona en el momento del retiro de los bienes.
En los servicios, el nacimiento de la obligación se concreta con el primero que ocurra de cualquiera de los siguientes actos:

a. Emisión de factura correspondiente.

b. Percepción del importe total o de pago parcial del servicio a prestar.

c. Al vencimiento del plazo previsto para el pago.

d. Con la finalización del servicio prestado.

En los casos de importaciones, el nacimiento de la obligación tributaria se produce en el momento de la numeración de la declaración aduanera de los bienes en la Aduana. (Texto de la Ley N° 2421/04).

Artículo 81º.- Territorialidad. Sin perjuicio de las disposiciones especiales que se es- tablecen en este Artículo, estarán gravadas las enajenaciones y prestaciones de servicios realizados en el territorio nacional, con independencia de lugar en donde se haya cele- brado el contrato, del domicilio, residencia o nacionalidad de quienes intervengan en las operaciones, así como quien los reciba y del lugar donde provenga el pago.

La asistencia técnica y demás servicios se considerarán realizadas en el territorio nacio- nal, cuando la misma sea utilizada o aprovechada en el país.

La cesión del uso de bienes y derecho será de fuente paraguaya, cuando los mismos sean utilizados en la República, aún en forma parcial, en el período pactado.

Los servicios de seguros se considerarán prestados en el territorio nacional, cuando se

verifiquen alguna de las siguientes situaciones:

a. Cubran riesgos en la República en forma exclusiva o no, y

b. Los bienes o las personas se encuentren ubicados o residan, respectivamente   en el país en el momento de la celebración del contrato. (Texto de la Ley N° 2421/04).

Artículo 82º.- Base imponible. En las operaciones a título oneroso, la base imponible la constituye el precio neto devengado correspondiente a la entrega de los bienes o la prestación de servicio. Dicho precio se integrará con todos los importes cargados al com- prador ya sea que se facturen concomitantemente o en forma separada.
En las financiaciones la base imponible la constituye el monto devengado mensualmente de los intereses, recargos, comisiones y cualquier otro concepto distinto de la amortiza- ción del capital pagadero por el prestatario.
En los contratos de alquiler de inmuebles, la base imponible lo constituye el monto del precio devengado mensualmente.
En las transferencias o enajenación de bienes inmuebles se presume de derecho que el valor agregado mínimo, es el 30% (treinta por ciento) del precio de venta del inmue- ble transferido. En la transferencia de inmuebles a plazos mayores de dos años, la base imponible lo constituye el 30% (treinta por ciento) del monto del precio devengado mensualmente.

En la actividad de compraventa de bienes usados, cuando la adquisición se realice a quienes no son contribuyentes del impuesto, la Administración podrá fijar porcentajes estimativos del valor agregado correspondiente.

En la cesión de acciones de sociedades por acciones y cuota parte de sociedades de responsabilidad limitada, la base imponible la constituye la porción del precio superior al valor nominal de las mismas.

Para determinar el precio neto se deducirá, en su caso, el valor correspondiente a los bienes devueltos, bonificaciones o descuentos corrientes en el mercado interno, que consten en la factura o en otros documentos que establezca la Administración, de acuerdo con las condiciones que la misma indique.

En la afectación al uso o consumo personal, adjudicaciones, operaciones a título gratui- to o sin precio determinado, el monto imponible lo constituirá el precio corriente de la venta en el mercado interno. Cuando no sea posible determinar el mencionado precio, el mismo se obtendrá de sumar a los valores de costo el bien colocado en la empresa en condiciones de ser vendido, un importe correspondiente al 30% (treinta por ciento) de los mencionados valores en concepto de utilidad bruta.

Para aquellos servicios en que se aplican aranceles, se considerarán a éstos como precio mínimo a los efectos del impuesto, salvo que pueda acreditarse documentalmente el valor real de la operación, mediante la facturación a un contribuyente del Impuesto a las Rentas de Actividades Comerciales, Industriales y de Servicios.

Facúltase al Poder Ejecutivo a fijar procedimientos para la determinación de la base Im- ponible de aquellos servicios que se presten parcialmente dentro del territorio nacional, y que por sus características no sea posible establecerla con precisión. La base imponible así determinada admitirá prueba en contrario.

En todos los casos la base imponible incluirá el monto de otros tributos que afecten la operación, con exclusión del propio impuesto.

Cuando se introduzcan en forma definitiva bienes al país, el monto imponible será el valor aduanero expresado en moneda extranjera determinado de conformidad con las leyes en vigor, al que se adicionarán los tributos aduaneros, aún cuando éstos tengan aplicación suspendida, así como otros tributos que incidan en la operación con anterioridad al retiro de la mercadería, más los tributos internos que graven dicho acto, excluido el Impuesto al Valor Agregado.

Cuando los bienes sean introducidos al territorio nacional por quienes se encuentren comprendidos en el inciso g) del Artículo 79º de esta Ley, la base imponible mencionada precedentemente se incrementara en un 30% (treinta por ciento). (Texto de la Ley N° 2421/04).

Artículo 83º.- Exoneraciones. Se exoneran:

1. Las enajenaciones de:

a. Moneda extranjera y valores públicos y privados, incluida la enajenación de acciones o cuota partes de sociedades.

b. Acervo hereditario a favor de los herederos a título universal o singular, excluidos los cesionarios.

c. Cesión de créditos.

d. Bienes de capital producidos por fabricantes nacionales, de aplicación directa en el ciclo productivo industrial o agropecuario, realizados por los inversio- nistas que se encuentren amparados por la Ley Nº 60/90 “Que aprueba, con modificaciones, el Decreto Ley Nº 27, de fecha 31 de marzo de 1990, “Por el cual se modifica y amplía el Decreto – Ley Nº 19, de fecha 28 de abril de 1989 “Que establece el régimen de incentivos fiscales para la inversión de capital de origen nacional y extranjero”.

e. Libros y periódicos, publicados en papel o por medios electrónicos.

f. Revistas catalogadas de interés educativo, cultural o científico.

g. Bienes de valor artístico o popular elaborados mediante procesos en los que la actividad desarrollada sea predominantemente manual, producidos por ar- tesanos o empresas artesanas, certificados/as por el Instituto Paraguayo de Artesanía.

h. Computadoras portátiles y sus suministros destinados a programas enmarca- dos en dotar gratuitamente a los niños, niñas y adolescentes de estas herra- mientas tecnológicas. Esta exención tributaria se extenderá, igualmente, a la entrega gratuita al beneficiario final de estos bienes.

i. Bienes donados a las fundaciones, asociaciones y demás entidades sin fines de lucro que se dediquen a la educación inicial y preescolar, escolar básica, media, técnica, terciaria y universitaria, reconocidas por el Ministerio de Educación y Cultura o por ley, como asimismo, a las entidades sin fines de lucro que se dediquen a las actividades deportivas. 
En caso que la donación sea en dinero para la adquisición de manera exclusi- va por parte de la entidad de determinados bienes, dicha situación deberá ser acreditada por medio de una Escritura Pública.

j. Combustibles derivados del petróleo, incluidos los biocombustibles.

k. Los billetes, boletas y demás documentos relativos a juegos y apuestas.
La entidad que adquiera o importe los bienes previstos en los incisos h) e i) del presente numeral, deberá contar previamente con una Certificación del Ministerio de Educación y Cultura, del Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología o de la Secretaría Nacional de Deportes, sobre el destino proyectado para dichos bienes. La Certificación deberá presentarse ante la unidad res- ponsable de registrar las franquicias fiscales dependiente del Ministerio de Hacienda.

2. Las siguientes prestaciones de servicios:

a. Intereses de valores públicos y privados.

b. Depósitos en las entidades bancarias y financieras regidas por la Ley Nº 861/96 “General de Bancos, Financieras y otras Entidades de Crédito”, así como en las Cooperativas, entidades del Sistema de Ahorro y Préstamo para la Vivienda y las entidades financieras públicas.

c. Los prestados por funcionarios permanentes o contratados por Embajadas, Consulados, y Organismos Internacionales, acreditados ante el gobierno na- cional, conforme con las leyes vigentes.

d. Los servicios gratuitos u onerosos prestados por las empresas unipersonales, las sociedades con o sin personería jurídica, y demás entidades privadas de cualquier naturaleza, con o sin fines de lucro, relativos a la enseñanza inicial y preescolar, escolar básica, media, técnica, terciaria y universitaria, recono- cidas por el Ministerio de Educación y Cultura o por Ley. Incluidos los servi- cios, que por extensión o práctica universitaria, deban realizarse con terceros.

e. Los servicios que realizan las entidades deportivas y culturales que no persi- gan fines de lucro y que no distribuyan sus utilidades o excedentes directa o indirectamente entre sus asociados o miembros, incluida la percepción de las cuotas sociales y de los ingresos por la venta de entradas a los espectáculos culturales y deportivos organizados exclusivamente por las citadas entidades, en los términos y condiciones que establezca el Poder Ejecutivo.

3. Las importaciones de: 

a. Los bienes considerados equipajes, introducidos en el país por los viajeros, concordante con el Código Aduanero.

b. Los bienes introducidos en el país por miembros del Cuerpo Diplomático, Consular y de Organismos Internacionales, acreditados ante el gobierno na- cional conforme con las Leyes vigentes.

c. Los bienes de capital de aplicación directa en el ciclo productivo industrial o agropecuario, realizados por los inversionistas que se encuentren amparados por la Ley Nº 60/90 “Que aprueba, con modificaciones, el Decreto – Ley  Nº 27, de fecha 31 de marzo de 1990, “Por el cual se modifica y amplía el Decreto – Ley Nº 19, de fecha 28 de abril de 1989 “Que establece el régimen de incentivos fiscales para la inversión de capital de origen nacional y extran- jero”.

d. Los bienes cuya enajenación se exoneran en el presente Artículo.

1. Las enajenaciones de bienes y los servicios prestados por las asociaciones, fede- raciones, fundaciones, mutuales y demás entidades con personería jurídica que se dediquen a la asistencia médica, social, caridad, beneficencia, literaria, artística, gremial, deportiva, científica, religiosa, educativa, reconocidas por el Ministerio de Educación y Cultura o por Ley y los partidos políticos reconocidos legalmen- te, siempre que no persigan fines de lucro y que las utilidades o excedentes no sean distribuidos directa o indirectamente entre sus asociados o integrantes, los que deben tener como único destino los fines para los que fueron creadas.
La exoneración prevista en el presente numeral no se aplicará en los casos de enajenaciones de bienes o de prestación de servicios relativos a la realización de las actividades económicas mencionadas en los incisos a), d), e) y f) del Artículo 2º de la Ley Nº 125/91 del 9 de enero de 1992 “Que establece el Nuevo Régimen Tributario” y sus modificaciones, así como tampoco en las actividades reguladas por la Ley Nº 1034/83 “Del Comerciante”, salvo que la enajenación de bienes o la prestación de servicios se realicen de manera gratuita.
La reglamentación establecerá los términos y condiciones aplicables al presente numeral.

2. Las enajenaciones e importaciones realizadas a favor de entidades educativas de enseñanza inicial y preescolar, escolar básica, media, técnica, terciaria y univer- sitaria, reconocidas por el Ministerio de Educación y Cultura o por ley, consistentes en:

Equipos e insumos para laboratorios.

Útiles, muebles y equipamientos para aulas, bibliotecas o salones auditorios.

a. Equipos de informática, fotocopiadoras y de telecomunicaciones.??????

Para acceder a este beneficio, las entidades educativas deberán presentar al Ministe-  rio de Hacienda un informe pormenorizado de los bienes a ser adquiridos y la unidad responsable expedirá la correspondiente resolución de liberación del Impuesto al Valor Agregado, para su presentación a la Dirección Nacional de Aduanas o al enajenante del bien. El cumplimiento de estos requisitos será de exclusiva responsabilidad de la entidad educativa y su inobservancia no dará lugar al beneficio impositivo previsto.
El servicio de docencia prestado a estas entidades estará exonerado del Impuesto al Valor Agregado.
Los contribuyentes, que enajenen bienes o presten servicios a las entidades educativas beneficiadas con esta exoneración, deberán proceder conforme a lo dispuesto en el pri- mer párrafo del Artículo 87º de la presente ley. (Texto de la Ley Nº 5061/13).

Ver Ley Nº 5183/14 que modifica la Ley Nº 4601/12 “Incentivos a la importación de vehículos eléctricos y exonera del IVA a la importación para el mercado nacional de vehículos eléctricos y vehículos híbridos nuevos”.

Artículo 84º.- Exportaciones. Las exportaciones están exoneradas del tributo. Estas comprenden a los bienes y al servicio de flete internacional para el transporte de los mis- mos al exterior del país. A estos efectos se debe conservar la copia de la documentación correspondiente debidamente contabilizada. La Administración establecerá las condi- ciones y formalidades que deberá reunir la mencionada documentación, sin perjuicio de exigir otros instrumentos que demuestren el arribo de la mercadería al destino previsto en el extranjero.
Ante la falta de la referida documentación se presumirá de derecho que los bienes fueron enajenados y los servicios prestados en el mercado interno, debiéndose abonar el im- puesto correspondiente.
 

Ver Artículo 4º de la Ley Nº 5061/13 relacionado al ajuste de precios en operaciones de exportación (denominado APE a los efectos didácticos).

Artículo 85º.- Documentaciones. Los contribuyentes están obligados a extender y entre- gar comprobantes de venta por cada enajenación y prestación de servicios que realicen, debiendo conservar copias de las mismas hasta cumplirse la prescripción del impuesto.

Todo comprobante de venta, así como los demás documentos que establezca la regla- mentación deberá ser timbrado por la Administración antes de ser utilizado por el con- tribuyente o responsable. Deberá contener necesariamente el Registro Único de Contri- buyente del adquiriente o el número de documento de identidad sea o no consumidores finales.

En todas las facturas, se consignarán los precios discriminando el Impuesto al Valor Agregado (IVA), salvo para los casos en que el Poder Ejecutivo, disponga expresamente su incorporación al precio.

La Administración establecerá las demás formalidades y condiciones que deberán reunir los comprobantes de ventas y demás documentos de ingresos o egresos, para admitirse la deducción del crédito fiscal, la participación en la lotería fiscal, o para permitir un mejor control del impuesto.

Cuando el giro o naturaleza de las actividades haga dificultosa, a juicio de la Adminis- tración, la emisión de la documentación pormenorizada, esta podrá a pedido de parte    o de oficio, aceptar o establecer formas especiales de facturación. (Texto de la Ley Nº 5061/13).

Artículo 86º.- Liquidación del impuesto. El impuesto se liquidará mensualmente y se determinará por la diferencia entre el “débito fiscal” y el “crédito fiscal”. El débito fiscal lo constituye la suma de los impuestos devengados en las operaciones gravadas del mes. Del mismo se deducirán: el impuesto correspondiente a devoluciones, bonificaciones   y descuentos, así como el impuesto correspondiente a los actos gravados considerados incobrables. El Poder Ejecutivo establecerá las condiciones que determinan la incobra- bilidad.

El crédito fiscal estará integrado por:

a. La suma del impuesto incluido en los comprobantes de compras en plaza realiza- das en el mes, que cumplan con lo previsto en el Artículo 85º.

b. El impuesto pagado en el mes al importar bienes.

c. Las retenciones de impuesto efectuadas a los beneficiarios radicados en el exte- rior por la realización de operaciones gravadas en territorio paraguayo.

No dará derecho al crédito fiscal el impuesto incluido en los comprobantes que no cum- plan con los requisitos legales o reglamentarios y/o aquellos documentos visiblemente adulterados o falsos.

La deducción del crédito fiscal está condicionada a que el mismo provenga de bienes o servicios, que están afectados directa o indirectamente a las operaciones gravadas por el impuesto.

Cuando en forma simultánea se realicen operaciones gravadas y no gravadas, la de- ducción del crédito fiscal afectado indistintamente a las mismas, se realizará en la pro- porción en que se encuentren las operaciones gravadas con respecto a las totales en el período que establezca el Poder Ejecutivo.

Quienes presten servicios personales podrán deducir el crédito fiscal correspondiente   a la adquisición de un autovehículo, hasta un valor de G. 100.000.000 (cien millones de guaraníes) cada cinco años. La venta posterior de dicho bien quedará igualmente gravada al precio real de la transferencia. Los restantes activos fijos afectados a dicha actividad estarán igualmente gravados en la oportunidad que se enajenen, siempre que por los mismos se haya deducido el crédito fiscal correspondiente.

Cuando el crédito fiscal sea superior al débito fiscal, dicho excedente podrá ser utilizado como tal en las liquidaciones siguientes, pero sin que ello genere devolución, salvo los casos de cese de actividades, clausura o cierre definitivo de negocios, y aquéllos expre- samente previstos en la presente Ley. (Texto de la Ley Nº 2421/04).

Artículo 87º.- Excedente del crédito fiscal. El excedente del crédito fiscal del Impuesto al Valor Agregado existente al final del ejercicio para el Impuesto a la Renta, por par-  te de aquellos contribuyentes que enajenen bienes o presten servicios exonerados o no gravados por el Impuesto al Valor Agregado, no podrá ser utilizado en las liquidaciones posteriores, ni tampoco podrá ser solicitada su devolución, constituyéndose en un costo para el contribuyente, en tanto se mantenga la exoneración.
En ningún caso, corresponderá la devolución por clausura o terminación de la actividad del contribuyente.
Los sujetos o las entidades que no puedan trasladar el tributo proveniente de sus compras, tendrán el tratamiento de consumidores finales. (Texto de la Ley Nº 5061/13).

Artículo 88º.- Crédito fiscal del exportador. La Administración Tributaria devolverá el crédito fiscal correspondiente a los bienes o servicios que están afectados directa o indirectamente a las operaciones de exportación. El crédito del exportador será imputado en primer término contra el débito fiscal, para el caso que el mismo realice operaciones gravadas en el mercado interno y consignadas en la declaración jurada mensual, y de existir excedente, el mismo será destinado al pago de otros tributos vencidos o a vencer dentro del ejercicio fiscal, a petición de parte, conforme lo establezca la reglamentación.

En las operaciones de exportación de productos agropecuarios en estado natural, y en las operaciones de exportación de productos agropecuarios en estado natural y sus derivados, que han sido sometidos a procesos básicos, primarios o incipientes de industriali- zación, la devolución del crédito fiscal será del 50% (cincuenta por ciento) del impuesto consignado en las facturas de compra de los bienes y servicios que estén afectados directa o indirectamente a dichas operaciones. Se faculta al Poder Ejecutivo a reglamentar y determinar cuáles son los procesos de industrialización, así como los productos y subpro- ductos contemplados en este párrafo.

El Poder Ejecutivo establecerá el plazo para la devolución y los requerimientos para la presentación de la solicitud, cuya aceptación estará condicionada a que la misma, esté acompañada de las facturas justificativas del crédito solicitado, la declaración jurada y la certificación del auditor independiente. La falsa declaración del contribuyente y de su auditor será tipificada como defraudación fiscal y delito de evasión fiscal.

La solicitud de devolución será procedente a partir del día siguiente al vencimiento para la presentación de la declaración jurada correspondiente al período fiscal en que se confi- gura la exportación, y podrá ser realizada dentro del plazo previsto en el Artículo 221º de la Ley N° 125/91 del 9 de enero de 1992 “Que establece el Nuevo Régimen Tributario” y sus modificaciones.

Los exportadores podrán solicitar la devolución acelerada del crédito presentando una garantía bancaria, financiera o póliza de seguros, conforme al texto redactado por la Administración Tributaria con el asesoramiento del Banco Central del Paraguay. En este sistema, los plazos serán fijados por reglamentación.

Si la Administración cuestiona todo o parte del crédito solicitado por el contribuyente por irregularidad en la documentación, deberá devolver la parte no objetada, debiendo a pedido de parte iniciar el sumario administrativo respecto a la parte cuestionada, siempre y cuando sea solicitado este procedimiento por el contribuyente, dentro de un plazo perentorio de diez días hábiles computados a partir del día siguiente de la comunicación del cuestionamiento efectuado, caso contrario, se procederá al archivo definitivo del expediente.

La Administración Tributaria establecerá criterios o canales de selectividad que permitan disponer la devolución fluida de los créditos fiscales. En el caso que el solicitante cumpla con los requisitos previstos para acceder a los beneficios de los canales de selectividad, el plazo para devolver el monto que corresponda se establecerá por reglamentación, sin perjuicio que dentro del período de prescripción, se realicen los controles o verificacio- nes.

La mora en la devolución dará lugar a la percepción de un recargo o interés mensual a calcularse día por día, que será coincidente con el fijado por el Poder Ejecutivo conforme a lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 171 de la Ley N° 125/91 y sus modifi- caciones, vigente a la fecha de la acreditación o pago del capital devuelto. El recargo o interés se calculará a partir del día siguiente de cumplido el plazo que establezca el Poder Ejecutivo.

Transcurrido el plazo previsto en el párrafo anterior, el contribuyente podrá denunciar el hecho al Ministro de Hacienda, debiendo disponerse, dentro de los 10 (diez) días de pre- sentada la misma, la instrucción de sumario administrativo a los funcionarios actuantes para la investigación y determinación de sus responsabilidades, si las hubiere.

La denuncia infundada será sancionada con una multa equivalente a 10 (diez) salarios mínimos mensuales vigentes para actividades diversas no especificadas en la capital de la República, pagadera dentro de los 5 (cinco) días de haberse dictado la Resolución correspondiente.

Los bienes ingresados al país bajo el régimen de admisión temporaria con el objeto de ser transformados, elaborados, perfeccionados y posteriormente re-exportados tendrán el mismo tratamiento fiscal de los exportadores. De igual forma, serán considerados aque- llos bienes extranjeros destinados a ser reparados o acabados en el país, que ingresen por el mencionado régimen.

Los fabricantes de bienes de capital tendrán el mismo trato previsto en este Artículo para los exportadores por las ventas realizadas en el mercado interno durante el ejercicio fis- cal y por los saldos no recuperados del crédito fiscal afectado a la fabricación de dichos bienes, cuando los mismos sean vendidos en los términos de la exoneración contemplada en el Artículo 83 numeral 1), inciso d) de la presente Ley. (Texto de la Ley Nº 5061/13).

Ver Artículos 5º al 9º de la Ley Nº 5061/13 relacionados a la devolución de IVA, regímenes especiales y exoneraciones.

Artículo 89º.- Importaciones. La introducción definitiva de bienes gravados al país se deberá liquidar y pagar en las Aduanas en forma previa al retiro de los mismos.
El importe pagado por los contribuyentes comprendidos en el inciso e) del Artículo 79º de esta Ley, tendrá carácter de pago definitivo. Lo abonado por los demás contribuyentes del mencionado artículo constituirá un crédito fiscal que será utilizado de acuerdo con los principios generales del impuesto.

Artículo 90º.- Regímenes especiales. Derogado por el Artículo 35º, numeral 1) inciso

a. de la Ley 2421/04, pero incluido en el Art. 40º de la Ley Nº 2421/04 la posibilidad de establecer regímenes de simplificación en la recaudación, equivalente a esta disposición.

Artículo 91º.- Tasas. La tasa del impuesto será del:

a. 5% (cinco por ciento) para el arrendamiento y enajenación de bienes inmuebles.

b. 5% (cinco por ciento) para la enajenación de productos agrícolas, frutícolas, hortícolas en estado natural y animales vivos, de los bienes provenientes de la caza y de la pesca, vivos o no, aceite vegetal virgen o crudo desgomado y de  los siguientes Artículos de la canasta familiar: arroz, fideos, aceites comestibles, yerba mate, leche, huevos, carnes no cocinadas, harina y sal yodada.

c. 10% (diez por ciento) para los intereses, comisiones y recargos de los préstamos otorgados por las entidades de intermediación financiera reguladas por la Ley N° 861/96 “General de Bancos, Financieras y otras Entidades de Crédito”. (Modifi- cado del Art. 1º del Decreto Nº 1440/14. Ver último párrafo de este artículo).
 

(5%) para intereses, comisiones y recargos por financiaciones otorgadas por entidades de intermediación financieras con fondos provenientes de la AFD destinado a la adquisición y construcción de la primera vivienda.

a. 5% (cinco por ciento) para la enajenación de productos farmacéuticos.

b. 10% (diez por ciento) para todos los demás casos.

El Poder Ejecutivo, queda autorizado a incrementar, así como a fijar, tasas diferenciales, entre el 5% (cinco por ciento) y el 10% (diez por ciento) para los productos, bienes y servicios indicados en los incisos a), b), c) y d). (Texto del Art 3º de la Ley Nº 5061/13).

Artículo 92º.- Declaración jurada y pago. La Administración establecerá la forma y oportunidad en que los contribuyentes y responsables deberán presentar la de- claración jurada, así como el plazo para realizar el pago.

Artículo 93º.- Registro contable. La Administración podrá exigir a los contribuyentes la utilización de libros o registros especiales o formas de contabilización apropiadas a este impuesto, conforme a la categoría de contribuyentes.

Artículo 94º.- Iniciación de actividades. El Poder Ejecutivo establecerá para quienes inicien actividades, los criterios y el momento a partir del cual comenzarán a tributar el impuesto.

Artículo 95º.- Responsabilidad solidaria. Los titulares de la explotación de salas tea- trales, canales de televisión, ondas de radio difusión y espectáculos deportivos, serán solidariamente responsables del pago del impuesto que corresponda al contribuyente, que actúe en los referidos medios de difusión y espectáculos deportivos. El responsable solidario podrá retener o percibir del contribuyente el impuesto correspondiente. Facul- tase al poder ejecutivo a fijar procedimientos de base presunta para la determinación del monto imponible, en aquellos servicios prestados por personas del exterior que actúan en forma accidental en el país y que por sus características hacen dificultosa su determi- nación.

Artículo 96º.- Transporte de mercaderías. Facúltase al Poder Ejecutivo para establecer la obligación de que todas las mercaderías que circulen en el territorio nacional, lo hagan acompañada de su correspondiente factura o equivalente.

Cuando se establezca la citada obligación, las mercaderías que circulen sin la referida do- cumentación se considerarán en infracción, en cuyo caso serán retenidas, conjuntamente con el vehículo que las transporta, hasta tanto se presente la documentación, ni exista propietario responsable de las mercaderías transportadas, el transportista será solidaria- mente responsable del pago de los impuestos y multas que correspondan a las mismas, independientemente de su responsabilidad personal por la multa que le corresponda, por haber transportado la mercadería sin la documentación correspondiente.

En cualesquiera de los casos, el transportista podrá retirar su vehículo mediante el otor- gamiento de una garantía personal, real o de un tercero, a satisfacción de la Administra- ción. En ningún caso, el transportista será responsable del real contenido de los bultos, paquetes o cajas que transporta, cuando difiere de lo expresado en la nota de remisión o documento equivalente.

Artículo 97º.- Permuta. Los bienes o servicios recibidos por operaciones de permuta se valuarán de acuerdo con lo que establece la reglamentación.

Artículo 98º.- Pago provisorio. En el caso de no presentación de la declaración jurada en el plazo establecido, la Administración podrá exigir un pago provisorio por un impor- te igual al que resulte de aplicar la tasa del impuesto sobre el monto total de las opera- ciones gravadas de cualquiera de las últimas doce declaraciones juradas presentadas, a opción de la Administración.

TÍTULO II - IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO

Artículo 99º.- Hecho generador. Créase un impuesto que se denominará Impuesto Se- lectivo al Consumo, que gravará la importación de los bienes que se consignan en el Artículo 106º y la primera enajenación a cualquier título cuando sean de producción nacional.

Artículo 100º.- Definiciones. Se considerará enajenación a los efectos de esta ley, toda operación a título oneroso o gratuito que tenga por objeto la entrega de bienes con trans- ferencia del derecho de propiedad o que otorguen a quienes lo reciben, la facultad de disponer de ellos como si fuera su propietario. Será irrelevante la designación de que las partes confieran a la operación, así como la forma de pago.
Quedan comprendidas en el concepto precedente de enajenación, la afectación al uso o consumo personal por parte del dueño, socios y directores de la empresa, de los bienes de ésta, así como los bienes entregados en consignación.
Por importación se entenderá la introducción definitiva de bienes al territorio nacional.

Artículo 101º.- Contribuyentes. Serán contribuyentes:

a. Los fabricantes por las enajenaciones que realicen en el territorio nacional.

b. Los importadores por los bienes que introduzcan en el país.

Los mismos podrán ser una empresa unipersonal o sociedades con o sin personería jurí- dica, entidades privadas de cualquier naturaleza, así como las empresas públicas, entes autárquicos y sociedades de economía mixta.

Artículo 102º.- Nacimiento de la obligación tributaria. La obligación tributaria se configura con la entrega de los bienes, los que deberán estar acompañados en todos los casos del comprobante correspondiente.
La entrega se presumirá realizada en la fecha del referido comprobante, sin perjuicio de que la Administración pueda fijar la misma, cuando existiere omisión, anticipación o retardo en la emisión del documento.
En la importación, la configuración del hecho imponible se concreta en el momento de la apertura del registro de entrada de los bienes en la aduana.

Artículo 103º.- Territorialidad. Estarán gravadas las enajenaciones realizadas en el territorio nacional, con independencia del lugar en donde se haya celebrado el contrato, del domicilio, residencia o nacionalidad de quienes intervengan en las operaciones, así como del lugar de donde provenga el pago.

Artículo 104º.- Exportaciones. Las exportaciones no están gravadas con este impuesto. El exportador deberá contar con la documentación aduanera correspondiente, la que deberá estar debidamente registrada en los libros de contabilidad de la empresa. La Administración establecerá las condiciones y formalidades que deberá reunir la mencionada documentación, sin perjuicio de exigir otros instrumentos que demuestren el arribo de la mercadería al destino previsto en el extranjero.
Ante la falta de ésta, se presumirá de pleno derecho que los bienes fueron enajenados en el mercado interno, debiéndose abonar el impuesto correspondiente.

Artículo 105º.- Base imponible. La base imponible la constituye el precio de venta en fábrica excluido el propio impuesto y el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
El referido precio será fijado y comunicado por el fabricante a la Administración para cada marca y clase de producto, discriminado por capacidad de envase que se enajena. En la venta a granel, el precio se fijará por unidad de medida.
Las modificaciones que se produzcan en los precios deberán ser informadas previamente a la Administración dentro de los plazos que establezca la reglamentación. Se presumirá que existe defraudación cuando se transgrede esta disposición.
En las importaciones el monto imponible lo constituye el valor aduanero expresado en moneda extranjera, determinado por el servicio de valoración aduanera de conformidad con las leyes en vigor, al que se adicionarán los tributos aduaneros aún cuando estos tengan aplicación suspendidas, así como otros tributos que incidan en la operación con anterioridad al retiro de las mercaderías, excluido el propio impuesto y el Impuesto al Valor Agregado.
En lo relativo a los combustibles derivados del petróleo, la base imponible la constituye el precio de venta al público que establezca el Poder Ejecutivo, excepto para aquellos productos cuya importación y precio de comercialización son libres, a los que se les aplicarán las disposiciones previstas en los párrafos anteriores.
El Poder Ejecutivo queda facultado para fijar valores imponibles presuntos que sustitu- yan los mencionados en esta disposición, los cuales no podrán superar el precio de venta en el mercado interno a nivel del consumidor final.

Artículo 106º.- Tasas impositivas. Los bienes que se establecen en la siguiente tabla de tributación quedarán gravados de acuerdo con la tasa impositiva que sigue:

El Poder Ejecutivo queda facultado a fijar tasas diferenciales para los distintos tipos de productos, dentro de cada numeral.

Artículo 107º.- Permuta. Los bienes o servicios recibidos por operaciones de permuta, se valuarán de acuerdo con lo que establezca la reglamentación.

Artículo 108º.- Liquidación y pago. El impuesto es de liquidación mensual, con ex- cepción de los combustibles que se realizará por períodos semanales que abarcará de domingos a sábados.

La Administración establecerá la oportunidad de la presentación de la declaración jurada y del pago, así como la exigibilidad de libros y registros especiales o formas apropiadas de contabilización. En las importaciones, la liquidación se efectuará previamente al reti- ro de los bienes de la Aduana.

En los casos de bienes importados o de producción nacional y que se hallen gravados por el Impuesto Selectivo al Consumo, cuando éstos constituyan materia prima de bie- nes fabricados en el país, el Impuesto abonado en la etapa anterior, será considerado como anticipo del Impuesto selectivo al Consumo que corresponda abonar por la primera enajenación del bien final que se produce en el país. En el caso de que el bien final fue exportado dará derecho a reembolso o retorno. (Texto de la Ley Nº 2421/04)

Artículo 109º.- Bienes importados. Las Aduanas no permitirán el retiro de las merca- derías gravadas con el Impuesto Selectivo al Consumo sin el previo pago del gravamen adeudado.

No se hallan eximidos de tal requisito las importaciones por pacotilla.

Artículo 110º.- Envases. Los envases que contengan mercaderías sujetas al impuesto deben llevar impresas en la etiqueta o en otros lugares de fácil identificación la designa- ción del producto, a más del nombre del fabricante o importador en su caso y su número de Inscripción en el Registro Único de Contribuyentes (RUC).
Es obligatorio consignar en forma destacada en los envases, la cantidad neta del producto gravado. El Poder Ejecutivo queda facultado para establecer otros requisitos.

Artículo 111º.- Instrumentos de control. El Poder Ejecutivo queda facultado para exigir la utilización de instrumentos de control que serán emitidos por la Administración, la que establecerá las características que deberán reunir los mismos y las formalidades de su utilización.

Normas relacionadas a instrumentos de control:

Ley Nº 4045/10 Art. 3º.- El Poder Ejecutivo deberá fortalecer los procedimientos de control de los valores fiscales, a través de estampillas tipo fuson, placas y precintados en materiales de seguridad que proveerá la Administración Tributaria a su valor de costo. El Poder Ejecutivo tendrá la facultad de modificar estos procedimientos de control en función de la incorporación de nuevas tecnologías que mejoren la eficiencia de sistema.

Art. 4º.- Autorízase al Poder Ejecutivo a reglamentar la presente Ley, adoptando to- das las medidas administrativas que permitan su efectiva aplicación, administración, percepción y fiscalización del tributo.

Artículo 112º.- Contralor. En todos los despachos de importación de bebidas en gene- ral, los datos respecto a la marca, cantidad, clase, envase y otro más que la individualicen deberán coincidir con los obrantes en los originales de los despachos aduaneros, salvo mermas, roturas, averías y fallas, debidamente consignadas en los mismos por funcionarios autorizados.

Artículo 113º.- Documentación. Los contribuyentes están obligados a extender y en- tregar comprobantes de ventas en cada una de las enajenaciones que realicen, debiendo conservar copia de los mismos hasta cumplirse la prescripción del tributo.
Determinado el impuesto, éste se incorporará al precio del producto.
La Administración queda facultada para establecer las formalidades y requísitos que de- ban contener la referida documentación.

Artículo 114º.- Capacidad de producción. La Administración podrá exigir a los contri- buyentes que comuniquen la capacidad de producción del establecimiento, sin perjuicio de que se ordene de oficio las verificaciones necesarias con el objeto de establecer dicha capacidad.
A estos efectos, podrá exigir la información necesaria.

Artículo 115º.- Modificaciones en fábrica. Los contribuyentes deberán comunicar a la Administración dentro del plazo y en los términos que la misma establezca, las modifi- caciones que se produzcan en los equipos e instalaciones de la fábrica que signifiquen una alteración potencial en la capacidad de producción de la misma.

Artículo 116º.- Transportes de mercaderías. Facúltase al poder Ejecutivo establecer la obligación de que todas las mercaderías que circulan por el territorio nacional, lo hagan acompañada de su correspondiente factura o documento equivalente.
Cuando se establezca la citada obligación, las mercaderías que circulen sin la referida documentación se considerarán en infracción, en cuyo caso serán retenidos conjunta- mente con el vehículo que las transporta, hasta tanto se presente la documentación co- rrespondiente y se haya pagado el impuesto y/o multa pertinente, conforme al régimen de infracciones y sanciones previstas en el Capítulo III del Libro V de esta Ley.
En el caso que no se presente la documentación, ni exista propietario de las mercaderías transportadas, el transportista será solidariamente responsable del pago de los impues- tos y multas que correspondan a las mismas, independientemente de su responsabilidad personal por la multa que le corresponda por haber transportado la mercadería sin la documentación correspondiente.
En cualquiera de los casos, el transportista podrá retirar su vehículo mediante el otor- gamiento de una garantía personal, real o de un tercero a satisfacción de la Administra- ción. En ningún caso, el transportista será responsable del real contenido de los bultos, paquetes o cajas que transporta cuando difiere de lo expresado en la nota de remisión o documento equivalente.

Artículo 117º.- Regímenes especiales. Cuando razones de orden práctico, características de la comercialización o dificultades de control, hagan recomendable la aplicación de sistemas simplificados de liquidación, el Poder Ejecutivo con el asesoramiento de la Administración, podrá establecer los criterios necesarios a tales efectos.

Artículo 118º.- Transitorio. Sin vigencia.